Las llaves que los jóvenes esperan y nunca llegan

Se hace necesaria una estrategia provincial coordinada que sea capaz de equilibrar los interés económicos con los del derecho a la vivienda. El futuro del acceso a la vivienda en Tarragona dependerá de conciliar turismo, crecimiento y bien estar social. Mientras tanto una gran mayoría de nuestro jóvenes en la demarcación provincial de Tarragona, deberán esperar el que algún día se les entregue las llaves de su anhelada y merecida vivienda.

Encontrar vivienda en la provincia de Tarragona se ha convertido en una carrera de obstáculos, especialmente para los jóvenes. La presión del alquiler turístico, el aumento de los precios, la falta de vivienda asequible y el efecto reclamo del territorio, al ofrecer precios aparentemente más bajos que los del área metropolitana de Barcelona, han situado la necesidad habitacional en el centro del debate político provincial. A ello se suman otros problemas estructurales, como el caos del transporte, provocado tanto por el exceso de tráfico rodado como por el deficiente servicio ferroviario de pasajeros y mercancías, así como las incertidumbres en el ámbito energético, con el posible cierre de las centrales nucleares de Vandellós y Ascó, que podría suponer una pérdida de puestos de trabajo y un encarecimiento del consumo eléctrico, tanto industrial como doméstico.

Centrándonos en la adquisición y el alquiler de viviendas, especialmente en lo que afecta a los jóvenes, resulta imposible no percibir, con auténtica tristeza, la frustración que supone no poder independizarse ni formar una familia. La realidad es que, incluso teniendo la suerte de contar con un puesto de trabajo, los ingresos no permiten, en la mayoría de los casos, afrontar una paga y señal, que a menudo deben asumir los padres, ni garantizar el pago regular de una hipoteca, que en algunos meses depende directamente del respaldo económico de los progenitores, del mismo modo que tampoco resulta asumible el precio desorbitado del alquiler de un hogar.

Parece ser que, no habiendo escarmentado, volvemos a caer en los mismos errores. Una vez más, el boom inmobiliario acelera la construcción de viviendas, provocando precios inasequibles para los más jóvenes y una burbuja inmobiliaria, en la que se especula con los precios, situándose éstos muy por encima del valor real. No pongo en duda que se pueda generar empleo temporal, así como dinamizar la economía y, en algunos casos, mejorar la infraestructura urbana, pero también existe el peligro de que se provoque un crack inmobiliario, como el de 2008 en los Estados Unidos, que creó una crisis financiera mundial, con hipotecas impagables, bancos en quiebra y un colapso en el mercado financiero, con duras repercusiones en nuestro país.

Volviendo a la provincia de Tarragona, en los municipios costeros, como podrían ser Cambrils, Salou, Tarragona capital, Torredembarra o la propia Ametlla de Mar, los jóvenes denuncian que una gran mayoría de viviendas se destinan al alquiler temporal vacacional durante gran parte del año, lo que provoca una falta de vivienda, reduciendo drásticamente la oferta dirigida a la adquisición o alquiler estable. Asociaciones estudiantiles alertan de que incluso universitarios de la Rovira i Virgili tienen dificultades para establecerse en ciudades como Tarragona o Reus.

Los ayuntamientos son, como siempre, los primeros a los que se les exige una solución al problema habitacional, olvidándose en muchos casos de que la planificación y ejecución de planes de vivienda dependen de gobiernos como el de la Generalitat de Catalunya o el Gobierno de España. El problema de la precariedad de no contar con un parque inmobiliario que sea capaz de ofrecer viviendas dignas a jóvenes o colectivos con pocos recursos se debe a una falta de planificación o interés en solucionar el problema, cuando la propia Constitución recoge como un derecho de los ciudadanos una vivienda digna.

El debate político ha crecido en esta materia. Algunos partidos acusan a los gobiernos municipales, autonómicos y de España de actuar tarde y priorizar intereses turísticos sobre la cohesión social. Por otra parte, el sector turístico advierte de que restringir el alquiler turístico perjudicaría a la economía local y a pequeñas familias que complementan sus ingresos con los alquileres. Una de las medidas más eficaces para favorecer a los jóvenes la adquisición de una vivienda, aparte de destinar más suelo público, reducir impuestos, fomentar el alquiler, ofrecer seguridad jurídica para los propietarios y la modificación de leyes, sería la emancipación con fines fiscales o un aval del Estado para hipotecas, como ya ha anunciado el PP que aplicará cuando llegue al Gobierno de España.

Muchos jóvenes anuncian que el dilema se centra en estabilidad o precariedad. Algunos se ven obligados a compartir piso en unas condiciones, me atrevería a decir “poco saludables”, por falta de espacio, prestaciones y, cuando no, la propia convivencia; otros retrasan su emancipación y buscan opciones en localidades del interior, más asequibles, pero con menos servicios y transporte.

Se hace necesaria una estrategia provincial coordinada que sea capaz de equilibrar los intereses económicos con los del derecho a la vivienda. El futuro del acceso a la vivienda en Tarragona dependerá de conciliar turismo, crecimiento y bienestar social. Mientras tanto, una gran mayoría de nuestros jóvenes en la demarcación provincial de Tarragona deberán esperar a que algún día se les entregue las llaves de su deseada y merecida vivienda.