De la pancarta al desamparo
Durante demasiado tiempo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha volcado todos sus esfuerzos en erigirse como custodio de la igualdad y, para ello, ha urdido un relato moralizante que disfraza la propaganda de compromiso y sustituye la verdad por el eslogan. La realidad revela, no obstante, algo muy distinto: las políticas impulsadas por el Gobierno de coalición, que debían proteger a las mujeres, han acabado por desampararnos. No hay mayor desdoro para una causa legítima que permitir que quienes la invocan la conviertan en instrumento de injusticia.
La ley del «solo sí es sí» encarna con nitidez esa deriva moral y política. Nació envuelta en la retórica de la emancipación y terminó por convertirse en el mayor retroceso en la protección de las mujeres que recuerda nuestra democracia. La reforma, presentada como un triunfo del feminismo, derivó en más de mil cuatrocientas revisiones de condena —entre rebajas y excarcelaciones— confirmadas por los propios tribunales y por el Consejo General del Poder Judicial. Durante meses, el Gobierno negó la evidencia, atribuyó el desastre a los jueces y ocultó su responsabilidad tras una maniobra propagandística. El Ejecutivo que había prometido amparar a las víctimas las dejó solas frente a un sistema que debilitó su confianza y banalizó su dolor.
Tampoco el escándalo de las pulseras antimaltrato escapa a la contradicción entre el discurso y la gestión. Los dispositivos, concebidos para proteger a las víctimas de violencia machista, presentaban fallos reiterados: alarmas que se activaban sin motivo, pulseras que los agresores podían retirar y también sistemas incapaces de avisar a tiempo en situaciones de riesgo. La ministra Redondo tenía la obligación de conocer esas deficiencias, pero eligió el silencio y la inacción antes que la asunción de responsabilidades y la rendición de cuentas. Esa conducta refleja la jerarquía moral invertida que caracteriza a este Gobierno, que siempre antepone la supervivencia política al bien común y, en este caso, a la seguridad de las mujeres. Nada retrata mejor a un Ejecutivo que un modo de actuar donde el cálculo pesa más que la compasión y el relato importa más que la verdad.
Esa misma incoherencia se manifiesta también en el discurso abolicionista de la prostitución del partido del presidente Sánchez. Quien proclama defender a las mujeres y, al mismo tiempo, calla ante la explotación sexual incurre en una contradicción moral evidente. Resulta difícil sostener la pancarta del abolicionismo cuando pesan sobre su entorno familiar los beneficios obtenidos de prostíbulos o cuando se tolera que las «sobrinas» de un ministro sean colocadas en empresas públicas al amparo del poder. Tampoco contribuye a la credibilidad que una mujer sin carrera universitaria haya sido nombrada catedrática por el único mérito de ser esposa del jefe del Ejecutivo. En ese contraste se diluye toda autoridad moral: la denuncia se convierte en pose y el feminismo, como decíamos al comienzo, se transforma en retórica vacía.
La igualdad que defendemos en el Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, nace del convencimiento de que una sociedad justa y próspera no se construye desde la confrontación ni la división sino desde el trabajo y el esfuerzo compartido entre hombres y mujeres y se fortalece con una educación que cultive el respeto, la responsabilidad y la cooperación.
España, nación de ciudadanos libres e iguales, merece un Gobierno y unas políticas que reconozcan la dignidad de cada persona como un bien precioso que debe ser protegido y defendido y que se orienten al servicio del desarrollo personal y del bien común, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, de la concordia y de la libertad.