Donde comienza la vida: políticas de vivienda

Pocos ámbitos encarnan con tanta fuerza el encuentro entre la dimensión personal y la dimensión social como el hogar. La casa no es únicamente un bien material, sino el espacio donde cada persona arraiga y despliega su identidad, y donde los vínculos familiares y sociales se entretejen y adquieren densidad y significado. 

El acceso a un hogar digno condiciona las posibilidades de desarrollo vital, especialmente para los jóvenes, que con demasiada frecuencia ven alejarse la oportunidad de gozar de un lugar que sostenga y cobije su proyecto de vida. En España, la dificultad para acceder a una vivienda no obedece a una coyuntura aislada, sino a un desequilibrio persistente que reclama respuestas serias, alejadas de la retórica ideológica y centradas en la eficacia y la responsabilidad pública.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema de Estado, y sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha tratado como un campo más de confrontación ideológica, en lugar de haberle concedido la importancia que semejante desafío merece. La Ley de Vivienda, aprobada en 2023, ha retraído la oferta, ha sembrado inseguridad jurídica y ha penalizado a quienes ponen su vivienda en alquiler. En lugar de facilitar el acceso, ha multiplicado las restricciones, disuadiendo a pequeños propietarios y bloqueando la inversión.

A esta situación se suma un urbanismo paralizado. La posibilidad de anular planeamientos por defectos formales ha dejado sin base jurídica a muchos municipios. Allí donde se podía corregir el procedimiento, se optó por no hacerlo. El resultado es la ausencia de planeamiento vigente, normas transitorias que dificultan la gestión del suelo y una escasez crónica de vivienda nueva que alimenta la tensión del mercado. 

A esto se añade el fenómeno de la okupación ilegal, que genera desconfianza y retrae aún más la oferta de alquiler. Mientras tanto, el Gobierno evita afrontar el problema con decisión. La lentitud de los desalojos, la inseguridad jurídica y la desigualdad entre quien cumple la ley y quien se la salta deterioran la convivencia y empobrecen el acceso a la vivienda.

Frente a esta realidad, Alberto Núñez Feijóo y, con él, todo el Partido Popular planteamos una estrategia clara: más vivienda, más seguridad jurídica, más agilidad administrativa. La clave está en liberar suelo, aprobar planeamientos urbanísticos estables y acortar los plazos de tramitación. Construir más vivienda —libre y protegida— no es una consigna, sino una necesidad urgente. 

Ningún sistema puede responder a la demanda si los proyectos tardan una década en completarse por trabas administrativas o ausencia de planificación. Necesitamos un modelo que multiplique las oportunidades de acceso a la vivienda sin desincentivar la inversión ni penalizar a quienes cumplen las normas.

Además de construir, es esencial rehabilitar. Miles de viviendas en mal estado podrían ponerse en el mercado si existieran ayudas eficaces, incentivos fiscales y garantías jurídicas. Rehabilitar no debe ser una carga, sino una vía real de mejora y acceso. A ello se suma la necesidad de actuar sobre el sistema fiscal y financiero: reducir el IVA al 4% para la primera vivienda, establecer deducciones en el IRPF para jóvenes menores de 40 años que alquilen, reforzar los avales públicos y permitir el ahorro finalista a través de una hucha hogar joven, con incentivos fiscales hasta 40.000 euros.

España no necesita más intervención pública que paralice el mercado, sino una política decidida que favorezca la construcción de vivienda y restablezca la confianza entre instituciones, propietarios y ciudadanos. El exceso de regulación, lejos de proteger a los más vulnerables, ha reducido la oferta, encarecido los precios y disuadido la inversión. Lo que está en juego no es únicamente la disponibilidad de un bien material, sino las condiciones que permitan a cada ciudadano asentarse, crecer y mirar al futuro con confianza.