Desalojan un bloque de pisos ocupado en Amposta por problemas de salubridad y conflictividad

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Amposta han desalojado este jueves un edificio ocupado ilegalmente donde vivían una veintena de personas. En el inmueble, ubicado en la calle Sant Pere de la capital del Montsià, se concentraban problemas de salubridad y conflictividad desde hacía años, tal como han indicado a ACN fuentes del consistorio.

El desalojo, que se ha hecho por orden judicial, ha empezado a las 9:10 horas, con efectivos de seguridad ciudadana y ARRO, además de agentes del cuerpo municipal. Después de ser notificados en varias ocasiones, esta mañana se han desalojado cuatro personas que todavía permanecían en uno de los pisos. El edificio, de titularidad privada, se ha devuelto a la propiedad para que lo tapie y empiece la rehabilitación.

El operativo para desalojar el edificio situado al número 9 de la calle Sant Pere se ha iniciado al poco de las nueve de la mañana de este jueves y se ha alargado durante casi una hora. Hasta este punto se han desplazado dos unidades de ARRO y seis de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra, además de cuatro dotaciones de la Policía Local.

El edificio consta de diez pisos y un local comercial que se construyó durante el boom inmobiliario y que pasó en manos de un fondo de inversión. Si bien inicialmente se registraron ocupaciones esporádicas, con los años se instalaron unas veinte personas, entre las cuales había una familia con cuatro menores de edad. Según fuentes del consistorio, a partir de entonces se empezaron a acumular problemáticas relacionadas con la delincuencia y la salubridad. Ahora hace cuatro años, un comprador privado adquirió el inmueble, momento en que el Ayuntamiento puso en marcha el proceso correspondiente para desalojar el edificio.

En una de las entradas de los Mossos d'Esquadra, se detectó las conexiones fraudulentas al suministro eléctrico, así como las condiciones de insalubridad de los pisos que les hacían inhabitables. A partir de este informe, se aprobó un decreto de alcaldía, avalado por el tribunal contencioso de Tarragona, que ha desembocado en el desalojo del edificio este jueves. «Lo que hemos buscado es una brecha desde el Ayuntamiento para poder acabar en una situación que se tendría que haber acabado por una vía penal, pero lo hemos acabado por la vía de la seguridad y la salud para las personas», ha indicado a ACN el alcalde de Amposta, Adam Tomàs.

Durante las últimas dos semanas, se ha notificado la orden de desalojo a las personas que residían en este bloque. Este miércoles se contabilizaron nueve personas que todavía se encontraban en el interior de los pisos. Según fuentes municipales, entre todas ellas acumulaban 85 antecedentes policiales por delitos diversos. Este jueves, solo cuatro personas eran en uno de los pisos del edificio y han sido desalojados. Desde el consistorio se los ha ofrecido la posibilidad de pagarlos un billete de tren, una propuesta que todos ellos han rechazado.

Por su parte, la familia con menores de edad están bajo seguimiento del departamento de Derechos Sociales, con quienes se ha trabajado conjuntamente desde el consistorio. Por otro lado, el alcalde ha afirmado que la Policía Local continuará atenta tanto esta noche como las próximas semanas para evitar nuevos intentos de ocupaciones en otros edificios vacíos de la ciudad.

Voluntad de rehabilitar los pisos para alquilar y vender

Con todo, una vez el edificio ha quedado vacío, el propietario ha iniciado los trabajos para tapiarlo, instalar una alarma y retirar los objetos que han quedado en el interior. El objetivo a corto plazo es el de rehabilitar el inmueble, para poner a disposición de alquiler y a la venta los pisos en un futuro. «Este bloque está dentro del ámbito de actuación del Pla de Barris i Viles, por lo tanto, también es voluntad del Ayuntamiento que esto sea así y continuaremos trabajando porque esto se haga el más rápido posible, porque si algo tenemos es demanda de vivienda en la ciudad», ha subrayado Tomàs.

Ante escenarios como estos, el alcalde ampostí insiste a reclamar un cambio en la regulación que permita afrontar situaciones como la de este bloque de una forma más rápida, para evitar que este tipo de procesos se alarguen durante años.