Policial
Denuncian una empresa por intentar arrancar olivos protegidos en Santa Bàrbara
Estos árboles disfrutan de una protección especial y, entre otras medidas, no se permite la extracción del lugar donde están plantados

Imagen de uno de los olivos monumentales localizados en la finca de Santa Bàrbara.
Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Regional de Medio Ambiente de la Región Policial Terres de l'Ebre denunciaron, el pasado 5 de diciembre, a una empresa del Baix Camp con una finca agrícola situada en Santa Bàrbara (Montsià) por un presunto intento de arrancar olivos monumentales protegidos.
La investigación se inició a raíz de varias informaciones que alertaban que en una explotación agrícola de esta localidad presuntamente se estaban preparando para extraer olivos con la finalidad de comercializarlos fuera del país. El precio que recibe el campesino por etoss árboles es muy inferior al valor que alcanzan posteriormente en los mercados europeos, donde se venden por importes mucho más elevados.
Según la Ley 6/2020, de 18 de junio, de protección, conservación y puesta en valor de los olivos y los olivares monumentales, se regula la gestión de estos árboles para proteger el patrimonio ambiental, agrario y paisajístico por su interés público. Esta normativa prohíbe explícitamente la extracción y la comercialización de los olivos monumentales.
Una vez en el lugar de los hechos, los agentes constataron las irregularidades e intervinieron para impedir que los ejemplares fueran arrancados y trasladados fuera del territorio. Paralelamente, denunciaron la empresa por las infracciones detectadas.
El 16 de diciembre, el Área Básica Policial del Montsià llevó a cabo una inspección en la comarca con efectivos de la Unidad Regional de Medio Ambiente, la Unidad Regional de Policía Administrativa y la Unidad de Investigación de Amposta. El objetivo era verificar que no se produjeran infracciones administrativas de la Ley 6/2020 ni posibles falsificaciones documentales relacionadas con la trazabilidad de los olivos. El resultado de la inspección fue satisfactorio y ninguna de las empresas inspeccionadas incumplía la normativa vigente.
Estos hechos se pondrán en conocimiento del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, organismo competente en la materia.