«Satisfacción amarga» y recelos delante del anuncio de sellado de los pozos submarinos del Castor

La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia y el Ayuntamiento de Alcanar sienten una «satisfacción amarga» por el anuncio de sellado definitivo de los pozos del Castor. El consistorio ha denunciado la falta de respeto institucional porque, una vez más, no se ha informado a los municipios afectados de la actuación.

La Plataforma del Sénia, que lideró la oposición al «monstruo» gasístico, pide que se tomen medidas por el riesgo de vertidos de hidrocarburos o de nuevos terremotos que puede suponer la operación y critica la opacidad con que se hace el desmantelamiento del Castor, incluso a la hora de resarcir económicamente a los propietarios afectados. La entidad y el consistorio consideran «una broma» que el almacén de gas acabe costando 4.000 MEUR a la ciudadanía.

El alcalde de Alcanar ha recriminado que la falta de lealtad institucional del Estado hacia los ayuntamientos y la ciudadanía afectada por el proyecto Castor ha sido «una práctica sistemática habitual» en los más de doce años que ha durado el fallido proyecto. «Tenemos toda la información por la prensa y por la Plataforma del Sénia, que ha ido haciendo un trabajo de investigación y de investigación digna de ser reconocida», ha defendido Joan Roig.

A pesar de que el anuncio del sellado pueda parecer «una victoria», el alcalde ha lamentado que «el verdadero triunfo del territorio y del pueblo de Alcanar habría sido que el proyecto Castor no se hubiera implantado nunca». Que se acabara ejecutando, todo y las dudas que generaba, Roig lo ha atribuido a otras administraciones locales y supramunicipales «que cayeron en la trampa o las falsas promesas - de los poderes fácticos- del progreso económico y del desarrollo del territorio vinculados al proyecto Castor». «El Ayuntamiento de Alcanar no fue una de ellas», ha remarcado.

El alcalde y la plataforma han recordado que alertaron que el Castor era «una aberración» ambiental y económica y han acabado teniendo razón. Aparte de la crisis sísmica que se produjo cuando se inyectó gas al almacén submarino que ahora se tiene que clausurar, el proyecto gasístico ha acabado costando diez veces más de lo que se anunció inicialmente.

De los 400 millones de euros que aseguró que costaría Recaredo de Potro, presidente de la concesionaria Escal UGS (filial de ACS de Florentino Pérez) acabará costando 4.000 millones de euros a los ciudadanos. «Esta es la vergüenza y la indecencia de este proyecto Castor», ha aseverado Joan Roig.

Nuevos riesgos fiscalizados

Ayuntamiento y plataforma ya han avisado que su fiscalización al Castor continúa. El consistorio ha reclamado «información detallada de todas las posibles consecuencias que puedan haber» en el proceso de desmantelamiento y sellado. El territorio se vuelve a exponer a riesgos importantes, como son «el posible vertido de hidrocarburos», restos de crudo que no se extrajeron cuando Shell explotó la plataforma petrolera Amposta, o «nueva sismicidad» por los «movimientos estructurales» que se prevén en el sellado.

La Plataforma del Sénia insiste que hace falta transparencia en los costes, ahora declarados «confidenciales», del Castor y en cómo se revierten en la factura del gas. Como ejemplo, han mostrado que la resolución de la dirección general de Política Energética y Minas de los costes e inversión de la indemnización del Castor está publicada con las cifras ocultas.

La entidad también pide un calendario del desmantelamiento de la plataforma terrestre de operaciones, que se prevé en una próxima fase; y una petición en la Generalitat Valenciana, que en su momento declaró a la entidad como parte interesada, que «recuerde que lo son y los informe absolutamente de todos los trámites que a partir de ahora afecten la planta terrestre y también el gasoducto terrestre», puesto que los terrenos afectados son término municipal de Vinaròs (Baix Maestrat).

Resarcimiento a los propietarios

Otro aspecto que preocupa son los plazos y la transparencia con que se anuncia que se compensará a los propietarios afectados por la servidumbre forzosa del paso de la cañería de gas del Castor. Más de 130 propietarios fueron expropiados, en muchos casos de fincas de cítricos que fueron arrancadas para garantizar esta servidumbre a Escal UGS.

Cómo ha explicado Cristina Reverter, portavoz de la entidad en Defensa del Sénia, el plan de desmantelamiento dice que estos particulares afectados tendrán tres meses, desde el momento en que se autorice el cierre de la planta terrestre, para reclamar el derecho de reversión, recuperar la propiedad y reclamar la compensación por el lucro cesante. «Somos conscientes que, muy posiblemente, no nos enteraremos, porque la opacidad del Estado continúa», ha recriminado Reverter.

Evelio Monforte del Cid, por su parte, ha recriminado los costes que ha supuesto mantener el Castor cerrado durante todos este años e incluso los intereses que se han pagado por los créditos con los cuales se indemnizó la adjudicataria del Castor. «Tenían que comer todos y la banca tenía que cobrar la propina. Hemos ayudado que tengan un negocio relativamente rentable pagando todos nosotros», ha criticado el portavoz de la plataforma del Sénia.

Esta falta de transparencia, la plataforma del Sénia la llevará al síndico de agravios de Cataluña y, si hace falta, a la Ombudsman de la Unión Europea.

Dinamizar los pozos responsables de los terremotos

Monforte del Cid ha señalado que en el sellado de los pozos, se plantea dinamizar algunos, no todos, con 1.900 kilos de explosivos. La entidad ha analizado esta estrategia con expertos en geología que, según el portavoz, señalan que las cañerías que se quiere dinamizar «son por dónde se escapó el gas, que produjo los terremotos» a finales de 2013.

Monforte del Cid también ha cuestionado si han funcionado las válvulas de seguridad de la infraestructura submarina, teniendo en cuenta que se prevé que haya hidrocarburo a las cañerías marítimas; o por qué se permitió a Escal UGS inyectar gas a 8 atmósferas si el proyecto de sellado limita las presiones a 0,5-1 atmósferas.

También se critica que se descarte hacer un nuevo estudio de impacto ambiental para el sellado donante por bueno el informe del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y Harvard, que no se aceptó en el juicio del Castor porque solo se podía asignar al profesor que lo elaboró y no a las instituciones universitarias.

Finalmente, desde Defensa de las Tierras del Sénia también reclaman que se revise si funcionan los sismógrafos que se instalaron para controlar la inyección de gas del Castor porque son los que tiene que velar el Instituto Geográfico Nacional para controlar la sismicidad durante el sellado. Los trabajos se pararían si se registra un terremoto por encima de 2,5 en la escala de Richter o cinco terremotos seguidos de menor intensidad.