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Un mosso dice que los aspirantes chinos de las autoescuelas Roquetes-Temple no hablaban el idioma y hacían las pruebas rápido

El testigo explica que se colocaban los examinados en las mismas filas haciéndoles coincidir a los modelos de examen

Uno de los acusados del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa en el inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.

Uno de los acusados del caso de fraude de las autoescuelas Roquetes-Temple de Tortosa en el inicio del juicio en la Audiencia de Tarragona.ACN

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Un agente de los Mossos d'Esquadra de la unidad de Tráfico ha declarado este miércoles que los aspirantes chinos que se examinaban para obtener el permiso de conducir a través de las autoescuelas Roquetes- Temple de Tortosa no hablaban catalán, castellano ni inglés. 

El testigo, que ha declarado en el juicio que se celebra en la Audiencia de Tarragona por el caso de fraude de estos centros, ha explicado que se colocaban a los chinos en las mismas filas y que todos tenían el mismo modelo de prueba. «No atendían a las explicaciones, hacían los exámenes muy rápido», ha asegurado. En su declaración, el policía ha indicado que el 12 de julio de 2012 hubo mucha revuelo porque la jefa de la jefatura de la DGT de Tarragona cambió los exámenes.

El agente ha explicado que acudían con su compañero regularmente a las pruebas que se hacían en el centro cívico de Tortosa y que les sorprendió que la mayoría de los aspirantes que venían de la autoescuela Temple Tortosa, de origen chino, no hablaba ninguna lengua del país. «Hacía mucho tiempo que observábamos que acudían muchas personas que no sabían hablar el idioma, la mayoría eran chinos, y nos chocaba», ha afirmado. El testigo también ha detallado que los examinadores siempre los colocaban en la misma fila. A modo de ejemplo, ha dicho que los sentaban en la primera fila, dejaban una vacía en medio para aspirantes de otros centros, y en la tercera volvían a colocar a los chinos. Así, ha señalado todos tenían los mismos exámenes.

El testigo ha afirmado que los chinos hacían muy rápidamente los exámenes hasta el punto que un nativo no tenía tiempo de leer todas las cuestiones. Conjuntamente con el hecho de que los funcionarios de la DGT no les dieran ninguna explicación sobre esta anomalía, el agente ha explicado que trasladaron las sospechas del posible fraude a sus superiores. En su declaración, el mosso ha indicado que se reunieron con la jefa de jefatura de Tráfico de Tarragona y que ella también les trasladó que había alguna cosa que no funcionaba porque «el número de gente que se examinaba en Tortosa era altísimo». A la vez, les comentó que muchos venían de toda España, que habían suspendido previamente y que aprobaban cuándo hacían el examen en Tortosa.

En paralelo, el agente ha subrayado que algunas de las personas que se examinaban les pedían las respuestas a él y a su compañero -porque iban de paisano- y ha remarcado que observaron «demasiado compañerismo» entre los examinadores y los examinados. «Cuando entrábamos en la sala, la conversación se acababa abruptamente», ha añadido.

El 12 de julio de 2012

Según el testigo, el día 12 de julio de 2012, la jefa de la jefatura de la DGT de Tarragona fue al centro cívico y cambió las pruebas que los funcionarios habían repartido para corroborar los indicios de fraude. «Hizo recoger todos los exámenes y repartió otros, eso supuso mucho revuelo entre los aspirantes, protestaron», ha declarado. Además, ha explicado que los alumnos les hacían señas a él y a su compañero, señalándoles las hojas para indicar que alguna cosa no iba como tocaba. «Creo recordar que aquel día no aprobó prácticamente nadie, hubo un número de suspendidos altísimo», ha comentado.

En su intervención, el agente ha afirmado que vio cómo los examinadores corregían en los exámenes in situ. «La jefa de la DGT nos dijo que era una práctica altamente prohibida, que no se podía corregir in situ», ha dicho. A preguntas de uno de los abogados defensores, el testigo ha aseverado que no los corrigieron todos, sino unos 5 o 8 exámenes.

Penas de entre 4 y 22 años

Los once acusados se enfrentan apenas de entre 4 y 22 años de prisión por los delitos de fraude, soborno, blanqueo de capitales y grupo criminal. Entre ellos, hay los propietarios de las autoescuelas y miembros de su familia y funcionarios públicos.

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