Sociedad
Los alcaldes piden máxima celeridad en la llegada de las ayudas estatales para los incendios del Baix Ebre
Alertan de que el retraso podría acabar favoreciendo el abandono de cultivos en las zonas afectadas
Bosque quemado en el incendio de Paüls.
Los alcaldes de los municipios afectados por los incendios del Baix Ebre y la Segarra que han sido reconocidos por el gobierno español como afectados por una emergencia de protección civil reclaman la máxima celeridad posible en la llegada de las ayudas.
Una rapidez que consideran esencial para garantizar que los agricultores y ganaderos afectados puedan mantener su actividad y, así, frenar el despoblamiento rural al mismo tiempo que fomentar una mejor gestión forestal contra futuros incendios.
De entrada, los gobiernos municipales valoran positivamente la declaración del Consejo de Ministros pero recuerdan que todavía no se ha cuantificado la dotación económica y que habrá que analizar el contenido del decreto que desarrolle los requisitos para acceder a las ayudas.
"A partir de ahora se abre un camino que puede ser largo", ha declarado a ACN el alcalde de Paüls, Enric Adell, después de valorar positivamente la declaración de lo que antiguamente se conocía como zona catastrófica. Es lo que habían pedido los alcaldes desde un primer momento y, entienden, el primer paso en la línea de poder reparar los daños que causó el fuego.
Sin embargo, asume, no será fácil poder disponer de los recursos económicos. "Si cobramos en el año 2026 ya será una buena noticia", aventura Adell. Ahora, toca que las "buenas palabras" de esta declaración se transformen en hechos de la forma más rápida posible. De eso depende, asegura el alcalde, la continuidad de muchas explotaciones agrícolas de la zona que resultaron afectadas de lleno por las llamas.
"Si tardan mucho en llegar habrá gente que cambiará de trabajo porque no ingresará ni un euro y su familia no puede seguir viviendo", avisa. "Eso quiere decir que estas tierras ya no se recuperarán y se abandonarán: de aquí 10 o 15 años el bosque volverá a estar igual o peor de lo que estaba ahora", ha subrayado.
Cree que los episodios de este verano tienen que acabar suponiendo un "punto de inflexión" en las políticas de "no gestión" del territorio que se están aplicando desde hace décadas. "Si la gente no es capaz de ver que después de estas desgracias que se han llevado por el camino un montón de zonas quemadas, pero también muchas vidas, la gente no reflexiona sería una falta de respeto, de sentido común," concluye.
Por todo ello, reclama cambios "urgentes" en las administraciones supramunicipales, políticas de alcance global que reviertan el abandono de los espacios rurales y forestales con dotaciones de recursos anuales. "Por los datos que he ido escuchando, apagar el incendio costó unos 60 millones. Si se hubiera hecho otro tipo de gestión y se hubieran destinado, ya no digo 60, 30, ni 20, cinco millones de euros, por poner un dato, estoy seguro de que no habría tenido la mitad de la virulencia", ha concluido.