Municipal
El Ayuntamiento de Tortosa denuncia «irregularidades» en la adjudicación de obras en la SAMO y estudia acciones legales
El equipo de gobierno reprocha a la exalcaldesa que abriera el centro cultural un día antes de adjudicar actuaciones en la sala
Centro cultural y social de la antigua SAMO en Tortosa.
El Ayuntamiento de Tortosa denuncia "irregularidades" en la adjudicación de las obras de renovación de la cubierta y limpieza de la sala polivalente del centro cultural de la antigua SAMO. El consistorio acaba de cerrar el equipamiento de Ferreries por deficiencias de seguridad, antiincendios, accesibilidad y eficiencia energética, y ahora estudia emprender acciones legales contra la exalcaldesa por "habilitar la sala sin adjudicar las obras".
El equipo de gobierno señala que la jornada de puertas abiertas se hizo un día antes de la adjudicación de estas obras, el 31 de marzo de 2023, hecho por el que Meritxell Roigé podría haber vulnerado la ley de contratos del sector público. "Nos encontramos ante un posible delito de prevaricación", ha dicho el alcalde Jordi Jordan.
El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, y la teniente de alcaldía Mar Lleixà han explicado que la junta de gobierno local aprobó el 31 de marzo de 2023 la adjudicación de las obras de renovación de la cubierta y la limpieza de la sala polivalente del centro cultural de la SAMO a Estructures Metàl·liques Successor J. Povill por 203.246,83 euros y se formalizó el contrato seis días más tarde. La jornada de puertas abiertas para mostrar la reforma a la ciudadanía se hizo el 30 de marzo de 2023.
Jordan y Lleixà también han recordado que el proyecto básico de la actuación en la antigua fábrica SAMAR-SAMO se licitó dos veces, en junio de 2022 y en enero de 2023, y en los dos casos la licitación quedó desierta. Posteriormente, en febrero de 2023 se aprobó un procedimiento negociado sin publicidad, en la que se invitó a tres empresas y, finalmente, el 31 de marzo se adjudicaron los trabajos.
El equipo de gobierno ha pedido a los servicios jurídicos municipales que valoren "las medidas que hay que emprender" ante uno "un hecho muy grave que implica la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público" y que podría suponer "un posible delito de prevaricación, de acuerdo con el artículo 404 del Código Penal," ya que "la prevaricación no sólo se plantea por resolución injusta sino también por aquellas autoridades o funcionarios que en el ejercicio de su competencia y siendo conocedores de su ilegalidad realizan una resolución arbitraria en un asunto administrativo, sabiendo que es ilegal".