Carreteras
Ya se aplican las nuevas restricciones de velocidad para camiones y vehículos en el tramo ebrense de la AP-7
El movimiento Mai més peatges acusa el Gobierno de utilizar la medida para tapar la falta de inversiones en seguridad
Operarios del SCT recogiendo una caja radar en el tramo ebrense de la AP-7, bajo una panel que informa de la nueva limitación de velocidad.
Camiones con la velocidad máxima limitada a 80 km/h y turismos a 100 km/h. Las nuevas restricciones de velocidad anunciadas por el Gobierno en sentido sur del tramo ebrense de la autopista AP-7 -entre Calafat y Amposta- ya han entrado en vigor.
Si bien la consellera de Interior, Núria Parlon, anunció el 20 de noviembre pasado que la medida se empezaría a aplicar en un mes, durante los últimos días se han acabado de instalar las señales verticales con la nueva limitación y fuentes del Servei Català de Trànsit (SCT) han confirmado a ACN que se ha adelantado la puesta en marcha, justo antes de la operación salida del puente de la Constitución. El movimiento vecinal Mai més peatges ha criticado que la reducción pretende tapar la falta de inversiones en seguridad en la autopista.
La reducción de la velocidad transcendió públicamente pocos días después de que el accidente de un camión cuba en l'Ampolla bloqueara durante días el paso por la autopista -creando un caos circulatorio considerable en las principales vías del territorio- y del siniestro entre tres camiones en el que perdió la vida uno de los conductores.
El tramo con nuevos límites se extiende entre los puntos kilométricos 288 y 332 de la autopista, desde Calafat, al término de l'Ametlla de Mar, y Amposta. Se trata, según precisaron la misma consejera y el director del SCT, Ramon Lamiel, de una medida que se evaluará inicialmente al 31 de marzo y se aplicará, en primera instancia, a lo largo de seis meses.
De momento, solo afecta el sentido sur del tráfico, el tramo que hace bajada dificultando los frenados, sobre todo de los vehículos pesados, y donde se producen la mayoría de accidentes graves, según Trànsit.
La limitación es la principal medida puesta en marcha en el marco del plan de choque anunciado por el Gobierno para frenar la siniestralidad en este tramo de vía, con quince víctimas mortales este año -el doble que al 2024-. Parlon anunció también que se instalarían nuevos carros radar en el tramo ebrense, así como más controles e inspecciones, formación específica para camioneros extranjeros que intercambian permisos o nuevas tecnologías para detectar su fatiga.
En el momento del anuncio de la medida por parte del Gobierno, transportistas y usuarios ya cargaron de forma contundente con el argumento que se los culpabiliza de la siniestralidad de la autopista. A raíz de la suya pone en marcha efectiva, las entidades reiteran y redoblan sus críticas.
«Pasar la culpa»
«Es un fracaso de la administración, o sea, por una mala gestión y planificación», ha asegurado el portavoz de Mai més peatges, Llorenç Navarro, quien ha vuelto a lamentar que se quiera «pasar la culpa» de la siniestralidad a la ciudadanía «cuando el principal problema ha sido la negligencia política».
El movimiento vecinal ha recordado la carencia de inversión en aspectos de seguridad de la autopista, que consideran fundamentales, como la construcción del tercer carril o la carencia de mejoras a la N-340, además de la necesidad de recursos para protocolos y mantenimiento de las infraestructuras. «Las vallas están obsoletas y un tercer carril es urgente», ha insistido Navarro, quien ha señalado la coincidencia de la entrada en vigor de la medida con el inicio de la operación salida del puente de la Constitución. «Se quieren curar en salud», ha advertido.
Recuerdan la necesidad de implementar y hacer cumplir protocolos efectivos de seguridad en caso de accidente. «A nosotros nos obligarán a ponernos lucecitas y a ellos no los han obligado ni, sobre todo, han comparecido al juzgado las veces que los han denunciado», ha cerrado Navarro.