El mantenimiento del Castor ha costado más de 100 MEUR desde la renuncia de ACS al proyecto

Mantener las instalaciones del Castor ha costado más de 100 millones de euros desde finales de 2014, cuando el concesionario Escal UGS -sociedad controlado por ACS- renunció al proyecto. Las instalaciones del fallido almacén de gas submarino se han convertido desde entonces en un caso paradigmático en el mundo y, en contra de la legislación española y de las prácticas habituales del sector, siguen hibernadas en medio del mar trece años después del cierre sin ninguna utilidad ni planes concretos de un desmantelamiento total.

Enagás, la compañía a quien el gobierno español encargó el mantenimiento, ha anunciado que está a disposición de sellar definitivamente los pozos antes del verano. Invertirá más de 70 millones de euros adicionales.

El millonario mantenimiento de las instalaciones ha sido objeto también de controversia y litigios judiciales desde que en octubre de 2014 el gobierno español del PP hiciera el intento de cerrar la carpeta del proyecto Castor aceptando la renuncia de la constructora de Florentino Pérez e indemnizándola con 1.350 millones de euros. El mismo real decreto que acordó eso por la vía de urgencia incluía también el encargo en Enagás, en la cual el gobierno español, a través de la SEPI, mantiene un 5% de su accionariado atendida la condición de gestor técnico del sistema gasista de la compañía.

La anulación de parte de esta norma por parte del Tribunal Constitucional (TC) a finales de 2017, dejó el cobro establecido vía peajes y costes fijos de la factura del gas en el aire. La compañía había ingresado 33 millones entre 2014 y 2016, que incluían las operaciones de hibernación y sellado provisional de los pozos, que tuvo que devolver -cómo tuvieron que hacer también a los bancos que financiaron el pago de la indemnización. Tampoco acabó percibiendo las dos anualidades de mantenimiento correspondientes a 2017 y 2018, a razón de unos 8,73 millones de euros anuales, según constaba en las órdenes ministeriales publicadas al BOE.

A finales de 2018, Enagás interpuso ante el Tribunal Supremo una reclamación patrimonial contra el Estado por valor de 50 millones de euros. Mientras tanto, y durante los años posteriores, hasta este mismo momento, ha seguir asumiendo los costes anuales de mantenimiento de las instalaciones hibernadas por valor de unos 8,5 millones de euros anuales, una cifra auditada anualmente, según fuentes de la misma compañía.

De momento, sin embargo, el Supremo sigue sin resolver la reclamación y desde la suspensión del TC el gobierno español tampoco ha aprobado ningún mecanismo legal alternativo para financiar estas actuaciones con recursos públicos. Enagás sostiene que seguirá prestando este servicio por una cuestión de «responsabilidad», a la espera de poder cobrar los costes auditados.

Así las cosas, la factura total acumulada que ha supuesto mantener hibernado y sin ningún uso las instalaciones del proyecto Castor en el suelo y en medio del mar supera ya los 100 millones de euros desde la renuncia del concesionario. Ahora, además, se sumarán más de 70 millones de euros que Enagás prevé invertir en la operación de sellado definitivo de los pozos.

'Jack up' procedente de Dinamarca

La compañía dispone desde hace dos años de la declaración de impacto ambiental aprobada para poder sustituir los sellos provisionales que se instalaron en abril de 2016. A la espera de la autorización administrativa definitiva del gobierno español, este mes de abril está prevista la llegada desde Dinamarca de una plataforma jack up para trabajar sobre el fondo marino. La previsión, según adelantó el diario Ara y ha confirmado la misma Enagás a ACN, es que las obras se alarguen durante ocho meses.

Con una vida útil prevista inicialmente de entre dos y cuatro años, la compañía asegura que nueve años después su estado es correcto y que siguen siendo seguros desde el punto de vista operativo. El sellado definitivo, según el proyecto presentado para la evaluación ambiental, preveía la instalación de 37 tapones en los trece pozos, 22 de los cuales utilizando la perforación mecánica. En quince casos se utilizará la técnica PWC, con detonaciones en el subsuelo marino.

El documento técnico ponía sobre la mesa la necesidad de minimizar la inyección de fluidos al yacimiento en caso de que se requiriera una limpieza previa por instalar los tapones del fondo, monitorizar continuamente la presión de los pozos, dotar los pozos de equipamientos de control y establecer un protocolo de sismicidad de acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con un sistema similar al de los semáforos, que «no evita que se produzcan acontecimientos de sismicidad inducida, pero permite detectarlos de forma precoz y minimizar su impacto».

El protocolo establecido se activaría con un umbral de cambio de presión máximo de 0,5 bares, muy por debajo de los 6 bares que habrían desencadenado los seísmos durante las pruebas de inyección en el almacén el verano y otoño de 2013. El sistema cubrirá un radio de 20 kilómetros en torno a Castor e incluye una red de diez sismógrafos, operados por el IGN, el Observatorio del Ebro y el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. La monitorización se alargará hasta un año después de que acaben las tareas.

El sellado definitivo, será, sin embargo, el paso previo al futuro desmantelamiento de todas las instalaciones del Castor en el cual se comprometió también el actual gobierno español. De momento, sin embargo, y en contra de lo que prevé la Ley de Hidrocarburos en vigor -según la cual todas las instalaciones que se abandonan o se quedan sin uso tienen que ser desmanteladas inmediatamente una vez finalizada su vida útil- o las prácticas habituales del sector petrolero y del gas internacional en esta misma línea, las plantas marítima y terrestre todavía podrían continuar unos cuantos años más en el mismo lugar. Según los cálculos elaborados por la misma Enagás hace unos años, la factura del desmontaje podría situarse por encima de los 260 millones de euros.