Judicial

El Supremo anula el contrato para suministrar material de hemodiálisis al Hospital de Jesús

La sociedad municipal GESAT tendrá que repetir la licitación por haberla hecho ilegalmente de forma conjunta con la obra

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ACNAgència de notícies

Creado: 08.04.2021 | 09:00

Actualizado: 08.04.2021 | 09:00

El Tribunal Supremo ha anulado definitivamente el contrato para suministrar material de hemodiálisis al Hospital de Jesús de Tortosa, que se licitó conjuntamente con la construcción de esta unidad vulnerando la ley. Una de las empresas que quería contribuir a la licitación, Baxter, llevó el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le dio la razón hace dos años. Argumentaba que la sociedad municipal GESAT, titular del centro, había unido ilegalmente en el mismo plieguede condiciones para la obra y el suministro de fungibles durante nueve años. El contrato se adjudicóel 2016 a Fresenius por 10,79 millones de euros más IVA -7,19 de los cuales para el material fungible y los 3,6 restantes, para la obra y equipamientos.

La demandante aducía que la mayoría de empresas dedicadas a proveer material fungible de hemodiálisis difícilmente se podrían hacer cargo de la ejecución de la obra, con los requerimientos propios exigidos a empresas constructoras, tal como requería el plieguede condiciones. En este sentido, las diferentes sentencias coinciden en que no queda justificada la necesidad de unificar en un único contrato las dos prestaciones sin relación, descartando también el argumento que podría suponer un ahorro económico.

Con la confirmación de la anulación del pliegue de cláusulas, el Supremo obliga ahora a GESAT, controlada por el Ayuntamiento de Tortosa, a reiniciar el proceso de licitación del contrato de suministro. En declaraciones a medios locales, la alcaldesa, Meritxell Roigé, ha recordado que en la contratación intervino la sociedad GINSA -del grupo Sagessa-, que hasta 2018 gestionaba el centro, siguiendo modelos utilizados en otros equipamientos. En términos económicos, Roigé ha aducido que no tendrá efectos más allá de separar el pago de las obras y la provisión de fungibles a lo largo del tiempo. En cambio, según el portavoz de ERC, Xavier Faura, la contratación anulada supondrá al consistorio tener que asumir, como mínimo, el pago de 2,2 millones de euros para regularizar la situación.