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Pedirán al Senado abrir un procedimiento judicial para que ACS asuma la deuda de Castor
Compromiso, que sigue reclamando una comisión de investigación, registrará la iniciativa del grupo ciudadano Caso Castor
Pedirán al Senado abrir un procedimiento judicial para que ACS asuma la deuda de Castor
Compromís, por su parte, reclama también el desbloqueo de la comisión de investigación en el Senado y que la promotora pague los 70 millones de euros para sellar y abandonar definitivamente los pozos, así como de los 260 millones de euros que puede llegar a costar todo el proceso de desmantelamiento de las instalaciones.
Caso Castor –grupo ciudadano formado por Xnet, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y el Instituto por los Derechos Humanos- considera que en ningún caso la indemnización tiene que recaer sobre el Estado y, consecuentemente, la ciudadanía, tal como sentenciaba el Supremo, sino que la promotora tiene que ser la responsable, después de que el Tribunal Constitucional anulara a finales de 2017 el mecanismo de indemnización.
Por eso, la proposición de ley plantea crear una comisión parlamentaria que revise las partidas presupuestarias y encargue un informe técnico completo del proyecto. «Revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado, y más repartiendo dividendos», apuntan. También reclaman que el gobierno español revise los elementos técnicos y jurídicos del proyecto, determinando los mecanismos para un cierre justo. Paralelamente, y de forma simultánea, proponen que se redacte un proyecto de ley para que el coste del desmantelamiento no se traslade a la ciudadanía, de forma directa o indirecta.
Los costes que deja sobre la mesa el fallido almacén de gas submarino no dejan de subir: este martes se daba a conocer que Enagás calcula el cierre de los pozos con un coste entre los 70 y 77 millones de euros. En este sentido, el senador de Compromiso, Carles Mulet, ha recordado que la Ley de Hidrocarburos obligaba a la empresa presentar un plan de desmantelamiento y abandono de las instalaciones, dotado de garantías financieras para ejecutarlo al final de su vida útil. Pero el gobierno español, hasta estos momentos, no ha previsto exigir que este proceso se complete en estos términos.