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Caso Castor

Abren juicio oral contra los dos directivos del proyecto Castor acusados de delito ambiental

El juez reclama a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau 23.126 euros de fianza por la responsabilidad civil

Imatge d'arxiu de la plataforma marina del projecte Castor

Abren juicio oral contra los dos directivos del proyecto Castor acusados de delito ambientalACN

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El juez de Vinaròs que ha instruido la investigación de los terremotos provocados por la inyección de gas del proyecto Castor ha ordenado finalmente la apertura de juicio oral contra el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro, el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau y la misma sociedad mercantil como acusados de un delito contra el medio ambiente. El auto reclama a los acusados el pago de una fianza de 23.126,43 euros para cubrir las posibles responsabilidades civiles «determinadas hasta este momento». En el banquillo de los acusados del juicio, que se celebrará al Audiencia Provincial de Castellón, se sentarán también las aseguradores Chartis Europe, Lloyds y Zurich como responsables civiles.
El auto de juicio oral emitido para titular del juzgado número 4 de Vinaròs, que no admite posibilidad de recurso, llega cinco años y medio después del inicio de las investigaciones y se centra, únicamente, en las responsabilidades incurridas por el exconcesionario del Castor en la ola sísmica de más de un millar de terremotos que sacudió la costa del Sénia a partir del mes de septiembre el pasado 2013, a raíz delas primeras inyecciones de gas en el almacén submarino.

En el inicio del procedimiento abreviado, en octubre del mes pasado, el juez de Vinaròs consideraba que los acusados generaron «una situación de peligro potencialmente catastrófico» en el momento que a pesar de ser conscientes del riesgo sísmico que suponía –con numerosas advertencias documentadas e informes-, decidieron inyectar gas. Incluso, lo siguieron haciendo cuando ya conocían que se estaban produciendo terremotos.

Inicialmente, las diligencias llegaron a contar con una veintena de investigados por delito ambiental así como también prevaricación ambiental, entre los cuales altos cargos del gobierno del PSOE, funcionarios, responsables del Instituto Geológico y Minero así como el consejo administración en pleno del exconcesionario. Todos fueron poco a poco cayéndose de la investigación a excepción de los dos jefes visibles y la misma sociedad Escal UGS –en concurso de acreedores desde septiembre pasado-, que han sido acusados sólo de delito ambiental.

En cambio, ha quedado fuera del alcance de este juicio oral los escándalos derivados de los graves defectos en el diseño del proyecto, su tramitación o la indemnización final de 1.350 millones de euros a la sociedad controlada por Florentino Pérez y que el gobierno español del PP intentó cargar sobre las facturas de los consumidores antes de que los tribunales anularan el mecanismo de pago.

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