Diari Més

Tumban el proyecto de parque eólico de Pinell del Brai por elevado impacto ambiental

La Generalitat aduce perjuicios sobre el águila perdicera en la zona, argumento que también utiliza para reducir de dieciséis a siete aerogeneradores el parque de Riba-roja d'Ebre

El pueblo de la Terra Alta.

Un error de transcripción es el origen de la denominación 'de Brai' del municipio terraltí del PinellInternet

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El Departamento de Territorio y Sostenibilidad ha tumbado la declaración de impacto ambiental para el proyecto del parque eólico de los Brois, en Pinell de Brai (Terra Alta). La construcción y funcionamiento de esta central, promovida por Fercom Eólica, con seis aerogenardores y unos 18 MW de potencia, generaría un «impacto crítico» sobre las águilas perdiceras presentes en la zona y, por lo tanto, resulta «incompatible» con esta especie. El gobierno municipal del Pinell de Brai ha celebrado la noticia, en la línea que permite preservar el paisaje y los valores naturales de la zona, si bien durante los últimos años no se le consultó sobre la tramitación, que se alargaba desde el año 2005. Paralelamente, Territori también ha emitido una decisión más salomónica respecto del impacto ambiental del parque eólico Riba-roja d'Ebre, a caballo entre los términos de esta última población, la Fatarella y Flix. Promovido por Copcisa Eléctrica, de cerca de 50 MW de potencia total, la resolución de la Generalitat ha desestimado la evaluación de impacto ambiental para nueve de los dieciséis molinos previstos, en este caso, también principalmente por la presencia del águila perdicera, e impone varias condiciones a los siete restantes.

El parque de los Brois estaba inicialmente proyectado por Eolener –que por el camino acabó siendo absorbida por Fercom Eòlica- con un total de once aerogeneradores en una zona que estaba considerada como compatible por el Mapa Eólico y no tenía ninguna figura de protección ambiental, a pesar de encontrarse rodeada de varios PEIN –sierras de Pàndols i Cavalls, Aligars-Serra Fulletera, Cardó Boix o Illes de l'Ebre- y zonas incluidas en la Red Naturaleza 2000. El año 2010, cinco años después de solicitar la primera licencia ambiental, la Generalitat forzó a los promotores a reducir el número de aerogeneradores de once a seis –instalando molinos más potentes: de 3 MW cada uno- y también a reubicarlos para evitar impactos paisajísticos y para el espacio vital del águila perdicera. Eso obligó a la empresa a redactar un nuevo estudio de impacto ambiental que ahora ha sido desestimado definitivamente.

La resolución del Departamento de Territori i Sostenibilitat, publicada el pasado 2 de agosto, concluye que «todos los aerogeneradores» son «incompatibles» con la presencia de la mencionada águila perdicera, que tiene una zona de nidificación dos kilómetros en el sur y utiliza el espacio como lugar de caza y alimentación. En este sentido, recuerda que una actividad con un «impacto crítico» sobre esta especie no puede ser autorizada según los mismos acuerdos de gobierno que excluyen cualquier tipo de actuación que afecte a su conservación. En segundo término, hace patente también la presencia de quirópteros en la zona y el potencial riesgo de muerte que les supondría la central eólica. Considera, también, que la instalación afectaría a los matorrales donde actúan estas especies y critica que no se propongan medidas para mitigar los efectos sobre estos hábitats u otras especies de flora en peligro, especialmente, durante las obras de construcción. Critica también la resolución la falta de alternativas sobre la ubicación de los aerogeneradores y sus accesos, así como el impacto «topográfico y paisajístico importante». Según la Generalitat, de hecho, el estudio es «incompleto» en aspectos como el impacto acústico o el paisaje y el patrimonio cultural, sin que las medidas correctoras eviten afectaciones sobre núcleos urbanos o el castillo de Miravet.

En declaraciones a la ACN, la alcaldesa del Pinell de Brai, Eva Amposta –Entesa-, ha celebrado la resolución denegatoria en la medida en que «finalmente, se valora el paisaje». «Estando en un territorio rural que reivindicamos la viña, el turismo y resto, por primera vez, al menos en el Pinell de Brai, la Generalitat reivindica lo mismo con un informe desfavorable, según se puede interpretar», argumenta. Amposta ha argumentado que su posicionamiento no quiere cuestionar la energía eólica como alternativa renovable, sino el modelo empresarial y de gestión que se ha organizado detrás – grandes empresas que aprovechan los recursos de los territorios rurales para tomar su riqueza fuera: es energía que se vende a kilómetros d'aquí»-.

A pesar de eso, el alcaldesa ha criticado abiertamente que la tramitación se haya alargado durante prácticamente trece años. De hecho, puntualiza, durante los dos últimos mandatos, ninguna administración ni emprendida se había puesto en contacto con el consistorio para informar sobre el proyecto o el estado del trámite. «No lo hemos tenido nunca sobre la mesa. No nos lo hemos encontrado. No hemos tenido ocasión de participar en ningún procedimiento», reconoce. En la resolución, sólo constan las alegaciones críticas del Ayuntamiento de Miravet y la Plataforma en defensa de la Terra Alta, así como las favorables de Ecologistas en acción y cuatro particulares. «Si tenemos que esperar que cada proyecto que hay no se tiene que resolver hasta al cabo de trece años, eso si que es criticable: la administración tenemos que ser mucho más ágiles para saber qué territorio queremos. Quizás entonces no estaba claro y ahora sí», ha apuntado Amposta.

Copcisa salva siete de dieciséis molinos en Riba-roja

El mismo día que Territori i Sostenibilitat hacía pública también la resolución estimando parcialmente la declaración de impacto ambiental del parque eólico Riba-roja, un proyecto que va también inició su camino administrativo el año 2005, con el inicio de la tramitación de una licencia ambiental con un número y potencia diferentes de los aerogeneradores. Copcisa Eléctrica, de hecho, presentó un proyecto modificado el pasado 2015, que contextualizó en la evolución tecnológico y los cambios normativos vinculados a la reforma eléctrica. Localizado también en un espacio de implantación compatible, el Servicio de Fauna y Flora ha detectado que nueve aerogeneradores se sitúan dentro de una zona «incompatible» por la proximidad al nido de una pareja de águila cuabarrada y considera inviable su emplazamiento. En el caso de los siete aerogeneradores restantes, la Generalitat reclama establecer medidas compensatorias para evitar los impactos sobre esta especie con anterioridad a la puesta en marcha del parque.

El estudio no prevé efectos sobre espacios protegidos –Tossals d'Almatret y Riba-roja así como Riberes y Illes de l'Ebre-, incluyendo los de la Red Naturaleza 2000 pero impone que se adecuen los elementos de la central para evitar efectos desfavorables en la fauna. Prevé que la proximidad del parque a estos espacios, donde se ha constatado presencia de murciélagos, podría dar situaciones de riesgo y mortalidad por colisión. Por este motivo, reclama a la promotora un muestreo previo a la construcción así como la posibilidad de hacer radioseguiment GPS de la pareja de águila perdicera. La Generalitat, además, tiene constancia en un sector del parque de la presencia de flora amenazada, en este caso 'Moricandia moricandioides', subespecie 'Cavanilelesiana', que se podría ver afectada por|para el cambio del uso del suelo y la proximidad de la carretera.

Así, durante el proceso de construcción el Departamento de Territori i Sostenibilitat impone condiciones sobre la calidad del aire, los niveles sonoros y la protección el medio nocturno, limitando horarios de trabajo, ubicando el parque de maquinaria lejos de zonas habitadas así como restringiendo la iluminación exterior. También piden habilitar pendientes aptos para los terraplenes que permitan estabilizar los taludes y restaurar la vegetación, además de procurar que los camiones de acceso y elementos constructivos de los aerogeneradores afecten a las zonas de cultivo y elementos de piedra en seco. Por último, el promotor se tendrá que hacer cargo de un programa de vigilancia ambiental y sus costes, así como disponer de una dirección de obra ambiental para hacer cumplir las prescripciones del estudio de impacto.

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