SOCIEDAD
Se cumplen seis años de la explosión en IQOXE donde murieron tres personas
Se prevé que el juicio se celebre en el 2027 en la Audiencia de Tarragona
Estado en que quedó la planta de IQOXE después de la explosión.
Este miércoles 14 de enero se cumplen seis años de la explosión de IQOXE en la Canonja. Aquel día del año 2020 a las 18.37 horas el reactor de la planta explotó y provocó la muerte de tres personas: dos trabajadores de la compañía y un vecino del barrio de Torreforta, que estaba en su piso y le impactó una de las piezas que salieron disparadas de la fábrica. Después de seis años, el juicio de la pieza principal se prevé que se celebre en 2027 en la Audiencia de Tarragona.
En noviembre de 2023, el ministerio público hizo públicas sus peticiones de la pieza principal. En global, pide once años de prisión para cada uno de los tres exdirectivos de IQOXE por las consecuencias de la explosión. Los tres acusados son: José Luís Morlanes, exdirector general de IQOXE; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; y Gerard Adrio, responsable de seguridad cuando se produjo la explosión. Con respecto a la petición más elevada es seis años de prisión por un delito de homicidio imprudente, a más de tres años por un delito de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad, y dos años más por un delito contra los derechos de los trabajadores.
También solicita para la empresa, como persona jurídica, 900.000 euros de multa por estragos y condiciones inadecuadas de seguridad, y seis años de intervención judicial. El juicio está previsto que se celebre en 2027 en la Audiencia Provincial a causa de un calendario judicial saturado.
A raíz del incidente también se abrieron dos piezas judiciales separadas: una en relación a los vertidos al mar y otra para investigar si la compañía química utilizaba un reactor sin autorización, el U-350.
Los vecinos piden justicia
Desde la Federació d'Associacions de Veïns/es de Tarragona (FAVT) reclaman lo mismo que el primer día: «verdad, justicia y responsabilidades». La federación vecinal considera «inaceptable, que, de una tragedia de esta magnitud, todavía no se haya juzgado ningún responsable».
La FAVT recuerda que «no hablamos sólo de un hecho del pasado. Hablamos de familias rotas, de personas heridas y de trabajadores que todavía hoy sufren secuelas psicológicas graves». Según la federación, «el tiempo no puede servir de excusa para el olvido ni para la impunidad».
Por todo ello, desde la FAVT «exigimos que los juzgados pongan fin a esta incertidumbre y que este proceso se cierre con responsabilidades claras. La justicia que llega tarde no repara el daño causado».
Los representantes vecinales afirman que la seguridad industrial «no puede quedar subordinada a intereses económicos». Los vecinos y vecinas, añaden, «tenemos derecho a vivir con tranquilidad, sabiendo que nuestra salud y nuestra vida están protegías». Por esta razón, piden un Plan de Seguridad Industrial «serio».