Se confirma que parar el Hard Rock puede costar hasta 50 M€ al Govern

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, alertó ayer de que la falta de seguridad jurídica y la «poca seriedad» del Govern podían poner en riesgo el proyecto Hard Rock y otras inversiones futuras en el Camp de Tarragona. En una comparecencia, Sales informó de que la Mesa del Parlament había recibido un informe del Departamento de Economía que cifraba en un mínimo de 37,4 millones de euros y un máximo de 50 millones el coste de parar el proyecto.

Según Sales, «cambiar las reglas del juego en medio del partido es poco serio», y advirtió que la gestión del PSC en esta cuestión generaba incertidumbre y afectaba a la credibilidad del Govern ante posibles inversores. La portavoz también acusó al presidente Salvador Illa de utilizar el Camp de Tarragona como «moneda de cambio» en las negociaciones para su investidura y la estabilidad de la legislatura.

Viabilidad del proyecto

Esta polémica se enmarcaba en un contexto de dudas sobre la viabilidad del proyecto. Un informe del Gabinete Jurídico de la Generalitat publicado en febrero ya había cuestionado que el paro del Hard Rock comportara indemnizaciones por lucro cesante. Sin embargo, contemplaba la posibilidad de compensaciones por «daño emergente», especialmente por los gastos efectuados desde 2018, cuando se autorizó el casino. En cualquier caso, el documento no establecía una cuantía concreta.

Además, el informe ponía en duda el papel del Incasòl en la compra de los terrenos destinados al proyecto, una operación que consideraba «anómala». Esta circunstancia generó un nuevo frente político, con los Comuns y la CUP exigiendo explicaciones sobre la implicación del ente público en la operación urbanística.

Paralelamente, también en febrero se conoció que el Govern tramitaba un nuevo informe ambiental para desbloquear el proyecto, después de que un estudio elaborado durante la legislatura de Pere Aragonès estimara en más de 60 millones de euros las compensaciones ambientales que Hard Rock tendría que pagar. Este informe, sin embargo, no se firmó ni llegó a hacerse oficial. Según el documento, la fragmentación de hábitats y la conectividad ecológica serían los principales impactos ambientales negativos. El informe también advertía de la necesidad de reforzar las medidas compensatorias y elevar el presupuesto, ya que el actual plan urbanístico no garantiza la protección medioambiental prevista en el 2016.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió la gestión de su Ejecutivo afirmando que «mi Gobierno no miente, defiende el interés general y la prosperidad compartida».

Este giro en los acontecimientos también encendió a las críticas de la plataforma Aturem Hard Rock, que consideró que la estrategia del Govern era «retorcer la ley al máximo» para sacar adelante el proyecto. Eloi Redon, portavoz de la plataforma, advirtió hace un mes y medio que si el nuevo informe ambiental resultaba favorable, se abriría la puerta en posibles acciones jurídicas, incluso alegando prevaricación. «Este informe nos da alas para recurrir la licencia del casino», añadió.

En este escenario de incertidumbre, Junts insistía que el proyecto Hard Rock era una oportunidad económica por el Camp de Tarragona y pedía estabilidad para garantizar la viabilidad. «Sin seguridad jurídica, estamos enviando un mensaje muy negativo a los inversores», concluyó Sales.