Un año después del asesinato de la cocinera de Mas d'Enric: trabajadores piden más seguridad

Un año después del asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric, en el Catllar, el impacto de aquel crimen cometido por un interno en los trabajadores penitenciarios todavía se nota. Después de años de quejas por agresiones de presos a funcionarios, aquel crimen hizo estallar la indignación y provocó movilizaciones y una ruptura total de relaciones entre los trabajadores y la cúpula del Departament de Justícia.

Semanas después algunos sindicatos firmaron un acuerdo laboral y retributivo con algunas medidas de seguridad. UGT, que lo firmó, dice a ACN que se ha ido cumpliendo, pero exige que se implanten todas las medidas acordadas. CSIF, que no lo firmó, y Marea Blava, reclaman todavía más medidas de seguridad no acordadas.

Justícia, que este jueves al mediodía hará en la prisión de Mas d'Enric un acto de homenaje a Núria, la cocinera asesinada por un interno, muestra su compromiso con la seguridad de los trabajadores garantizando los derechos de los internos. Las organizaciones que han hablado con ACN admiten el cambio de talante de la Consejería más favorable a sus intereses, pero le piden todavía más valentía y celeridad.

Entre las principales medidas acordadas en abril del año pasado, estaba la ampliación de la plantilla, que suponía una mejora laboral, pero también de seguridad, dice Montse Balaguer, de UGT. En total se crearán unas 800 plazas en varias especialidades, cosa que ya ha redundado en mayor presencia de funcionarios en muchos ámbitos de las prisiones. De hecho, una de las reivindicaciones históricas era que se pudiera actuar siempre en binomios, cosa que no siempre pasaba, y que los trabajadores de régimen interno mayores de 55 años no tuvieran que actuar en caso de incidentes violentos, cosa que era casi imposible antes por la falta de efectivos y por la media de edad de la plantilla, que supera los 45 años. Unos 400 trabajadores lo han pedido, y se ha denegado sólo a 20 por varios motivos.

Balaguer considera que la ampliación de plantilla es «la mejor medida de seguridad», porque da «confianza» a la plantilla y es «disuasiva» para los reclusos violentos.

El anterior equipo directivo de Justícia anunció que revisaría los protocolos de seguridad en puestos de riesgo de las prisiones como las cocinas o los talleres con objetos cortantes. No obstante, el nuevo equipo directivo, comandado por el conseller, Ramon Espadaler, fue más allá y dictó en septiembre una instrucción que iba más allá y prácticamente vetaba que ningún preso con delitos violentos pudiera trabajar en estos sitios. La Síndica de Agravios y varias entidades han criticado esta medida, pero los trabajadores lo aplauden.

La medida ha afectado a 359 internos, según los sindicatos: 249 han sido recolocados en otros servicios de los centros, 46 están pendientes de nueva ubicación, 41 renunciaron y 19 se han dado de baja. También se acordó sacar de las cafeterías de los centros donde van trabajadores y visitantes a determinados presos, cosa que todavía no se ha hecho del todo.

Otra medida que se acordó era sujetar todos los instrumentos peligrosos, como cuchillos, sierras y otros, en las mesas de trabajo. Eso de momento sólo se ha aplicado totalmente en la prisión de Mas d'Enric, y se prevé hacer pronto en otras prisiones. También se ha reducido la cantidad de comida o de otros productos que se tienen que cortar en la prisión, y llegan ya cortados.

Por todo eso, Balaguer está «medianamente» satisfecha por el cumplimiento del acuerdo. Recuerda que hacía mucho tiempo que reclamaban algunas de estas medidas y ahora ven que se están cumpliendo, aunque querrían más celeridad. También celebra que haya reuniones a menudo para comprobar el cumplimiento del acuerdo.

Medidas no acordadas

No obstante, reclama que se apruebe el uso de esprays para disuadir presos violentos. Es una medida contemplada en el reglamento penitenciario. Hace un tiempo se decidió estudiar la medida, pero finalmente se desestimó. Los sindicatos aseguran que lo han probado en sus propios cuerpos y que es una medida efectiva. Recuerdan que ya se ha aprobado para los vigilantes de seguridad privada del transporte público y dicen que con un buen protocolo serían muy útiles en las prisiones. Según Balaguer, se reducirían el uso de la fuerza física y lesiones tanto a los presos como a los funcionarios. No haría falta que llevaran a todos los trabajadores, sino sólo los responsables de cada área que estuvieran formados, y siempre con autorización, supervisión y revisión de los superiores y de los servicios médicos.

Otra medida de seguridad que se reclama son los pulsadores individuales de emergencias con localizador. De momento se han incorporado 300 nuevos radiotransmisores y pronto empezará una prueba piloto en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres, con los nuevos pulsadores. También reclaman que se implanten medidas efectivas contra los drones, que pueden llegar a introducir drogas, armas y teléfonos móviles en los centros, y que se probarán en dos centros, así como inhibidores de teléfonos móviles e implantación de escáneres corporales para todos los visitantes.

También apuestan por el cambio en la dispensación de la medicación a determinados internos. Algunos de ellos que se tienen que tomar pastillas, acaban traficando. Eso se evitaría con medicación líquida o pastillas sublinguales, que se deshacen en pocos segundos en la boca. De esta manera, se evitaría la sobremedicación o drogadicción de algunos internos y la submedicación otros que sí que lo necesitan, y al mismo tiempo se dificultaría el tráfico de drogas en los centros, que genera deudas y disputas, dicen todos los preguntados por ACN.

Alberto Gómez, de CSIF, comparte la mayoría de estas reivindicaciones. Las medidas acordadas al pacto entre Justícia y cuatro sindicatos ya tendrían que estar cumpliéndose a todos los centros, opina, mientras que las que no se acordaron, tendrían que serlo pronto. Según él, sólo hace falta «voluntad política» del departamento para aplicarlas. Algunas podrían ser impopulares, admite, como la separación de todos los presos violentos en módulos especiales, pero cree que serían efectivas rápidamente.

Gómez reclama también que sean considerados agentes de la autoridad, histórica reivindicación del sector, cosa que este miércoles el conseller de Justícia ha anunciado en el Parlament que acepta y promoverá.

Admite que la relación con la anterior consellera, Gemma Ubasart, y su máximo responsable de prisiones, Amand Calderó, era insostenible, pero critica que Espadaler no haya ido más allá, y cree que simplemente se ha aprovechado de un tiempo de cierta calma a los centros.

Por su parte, Francesc, de la plataforma Marea Azul, que también se opuso al acuerdo, es escéptico sobre el cumplimiento del pacto y cree que todavía no se ha llegado a una situación «garantista» para los derechos de los trabajadores.