Judicial
El Ayuntamiento de Salou tiene que pagar 161.000 euros a un policía herido en acto de servicio
El agente fue atropellado por una bicicleta cuando intentaba atrapar a los ladrones de un patinete
Imagen de archivo de la Policía Local de Salou.
El Ayuntamiento de Salou tendrá que indemnizar con 161.334,54 euros euros un exagente de la Policía Local que resultó herido de gravedad al ser atropellado por una bicicleta cuando intentaba atrapar a un ladrón en un acto de servicio, según una sentencia del juzgado contencioso administrativo de Tarragona.
La jueza ha dado la razón a la expolicía después de más de dos años de litigios y establece que el consistorio tiene que hacer frente a la indemnización porque el responsable de las lesiones, un ciudadano de nacionalidad francesa, no pudo ser localizado para juzgarlo, según la sentencia avanzada por el Diari de Tarragona y confirmada por EFE.
Los hechos tuvieron lugar en agosto del 2021, durante un patrullaje de noche, cuando el agente y sus compañeros trataron de interceptar a cuatro jóvenes que iban en bicicleta y arrastraban un patinete con indicios de haber sido robado. Al intentar pararlos se dieron a la fuga y, después de una persecución, el agente bajó del coche para atrapar a uno, que lo atropelló en una bicicleta. El agresor fue detenido aquel mismo día.
El policía sufrió un esguince de grado III con rotura completa de ligamento cruzado anterior, tuvo que pasar tres veces por quirófano y necesitó 400 días de curación. Un año y medio después del suceso, la Seguridad Social dictaminó una incapacidad permanente total para ejercer de policía.
La cantidad de la indemnización responde a la valoración de los días que estuvo impedido por la agresión, las intervenciones y secuelas, el perjuicio moral y patrimonial por lucro cesante y los gastos médicos que asumió (23.500 euros).
El Ayuntamiento de Salou reconoce en EFE que la jurisprudencia es clara en este punto, «cuando un agente de la autoridad sufre una agresión en el ejercicio de sus funciones y el agresor resulta insolvente o no se puede localizar, la administración pública tiene que responder por la indemnización correspondiente».