Montblanc
El TSJC ratifica la sentencia que anula el nombramiento de la concejala «tránsfuga» de Junts
Núria Besora, que tendrá que devolver el sueldo que recibió, reafirma la decisión de integrarse a Montblanc Progressa: «con retribución o sin, lo volvería a hacer»

Núria Besora, la segunda empezando por la izquierda, al lado del exalcalde Josep Andreu.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Ayuntamiento de Montblanc, en el último mandato de Josep Andreu, contra la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo número de 2 de Tarragona. Esta resolución anulaba el decreto de Alcaldia - del 8 de octubre de 2021- con el que se nombraba la concejala no adscrita, Núria Besora, como tercera teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno.
El tribunal ratifica que tendrá que volver lo sois percibidos mientras formó parte del gobierno. Besora concurrió las elecciones de 2019 con Junts per Montblanc. «Me mantengo firme con mi decisión de unirme a Montblanc Progressa; y con retribución económica o sin, lo volvería a hacer», ha dicho.
El anterior gobierno municipal, con Josep Andreu al frente, recurrió la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona, el 11 de mayo de 2023. El exalcalde Andreu nombró, con un decreto de alcaldía, a Núria Besora, como miembro de la Junta de Gobierno Local y tercera teniente de alcalde, siendo la edil no adscrita después de que abandonara la formación de Junts. Este partido presentó un recurso de reposición el 21 de enero de 2022 contra este decreto.
El TSJC ratifica la sentencia
Según la resolución del TSJC que ha tenido acceso ACN, en el recurso interpuesto por Besora, esta alegaba que no se produjo transfuguismo porque su nombramiento no alteró las mayorías del gobierno municipal. En este sentido, defendía que «no se falseó la representación política», ya que su voto no era necesario para el gobierno en mayoría de la corporación municipal.
En la sentencia del TSJC, la Sala argumenta su decisión de desestimar el recurso con el artículo 73.3 de la LBRL, el cual dice, «no exige que la limitación de derechos se aplique cuando la no adscripción del concejal se produzca alterando las mayorías de gobierno, sino que se limita a contemplar restricciones a los concejales no adscritos, de manera que sus derechos económicos y políticos no podrán ser superiores a los que le hubieran correspondido de permanecer en el grupo de procedencia».
Así, los magistrados consideran que «no se hayan alterado las mayorías del gobierno municipal no impide aplicar la limitación prevista en el art. 73.3 de la LBRL». Desde el tribunal subrayan que «sin que haya otros motivos de oposición y quedando acreditada la situación de concejala no adscrita» es procedente desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.
«No me sabe mal devolver el dinero»
La actual concejala de Montblanc Progressa, Núria Besora, ha afirmado que acata lo que considera una sentencia «administrativa». Recuerda que dejó el grupo de Junts per Montblanc porque en «aquel momento ya no representaba por lo que nos presentamos». «El partido se presentó bajo el paraguas del presidente Puigdemont y Marc Vinya decidió que ya no quería formar parte de este abanico. Yo, junto con más miembros del grupo, dimos un paso al lado», ha explicado.
Besora ha asegurado que se dejó aconsejar por los técnicos del consistorio cuándo dio el paso de concejala no adscrita a miembro del gobierno municipal. «Los técnicos me dicen que me dan de alta en aquel momento en el Ayuntamiento con las retribuciones que tocan», ha remarcado.
Además, defiende que el cambio de formación no es transfuguismo. «Sigo representando lo mismo que presentábamos en 2019. La ley interpreta que paso a tener unas retribuciones superiores a cuándo estaba en la oposición, en ningún caso se me informó de esta manera», ha resumido.
La edil ha afirmado que se mantiene «firme» en su decisión y ha dicho que no le sabe «mal» devolver el dinero cobrado porque trabajaba por su pueblo: «con retribución económica o sin, lo volvería a hacer. Por lo tanto, acato la sentencia administrativa». Durante la última campaña electoral, ya devolvió en torno a unos 16.000 euros y, ahora, está a la espera de que el Ayuntamiento calcule lo que queda para abonar de las retribuciones percibidas.
Junts renuncia a las costas procesales
El portavoz de Junts per Montblanc, Marc Vinya, celebra la sentencia del TSJC y afirma que les han dado la razón por segunda vez. «Desde un primer momento, dijimos que se trataba de un caso claro de transfuguismo porque la ley es clara, si una persona está en la oposición y se mueve hacia una mayor responsabilidad política y unos ingresos para esta actividad más altos, está en fraude de ley», ha remarcado. «Nos ha dado la razón, primero, el contencioso de Tarragona en 2023 y, ahora el Tribunal Superior de Justicia», ha insistido.
Vinya, actualmente vicealcalde y segundo teniente alcalde del equipo de gobierno, ha subrayado que su partido renuncia al hecho de que el consistorio pague las costas procesales, tal como establece la resolución. «Asumiremos los gastos porque no queremos perjudicar más al Ayuntamiento, la situación económica ya es bastante complicada», ha indicado. También pide que el grupo de Montblanc Progressa costee parte de estas costas: «La concejala tendrá que devolver este dinero que recibió de forma incorrecta, también pediríamos que asumieran responsabilidades para que no haya costado dinero a los contribuyentes».
Recuerda que el entonces secretario, actualmente miembro de Montblanc Progressa, consideró que el decreto de alcaldía era «correcto». «El alcalde -Josep Andreu- hizo un decreto que se ha demostrado que es ilegal por parte de dos tribunales, hay una persona que ha tenido unas retribuciones y unas atribuciones políticas mayores de las que le tocaban, y el problema es que también ha habido un secretario que en su momento no acertó, y ahora los tres forman parte del pleno del Ayuntamiento de Montblanc», ha lamentado. Por su parte, el alcalde de Montblanc, Oriol Pallissó, ha afirmado que aceptan la resolución judicial, sin entrar a hacer una valoración política.