El Baix Camp reduce un 17% las ocupaciones de viviendas en un año, según los Mossos

El 80% de las denuncias a Mossos d'Esquadra y policías locales por 

ocupación son de pisos vacíos de grandes tenedores o fondo de inversión, tal como explica la subjefa ejecutiva de Mossos, Alícia Moriana, a la ACN. La número 2 del cuerpo ha admitido que cuando el propietario es de este perfil, hay «cierta dificultad» para localizarlo y para que denuncie, un paso clave para que los agentes actúen.

Según ella, las ocupaciones han bajado en torno a un 18,1% entre enero y octubre de este año con respecto al año pasado, pero los intentos frustrados crecen por «la acción policial» y porque los propietarios «cada vez son más conscientes». Girona o Sabadell son algunos de los municipios donde crecieron más las denuncias en el 2024, sobre todo, de pisos vacíos, según los consistorios.

El número de ocupaciones denunciados –sumando las viviendas vacías, como las primeras y segundas residencias– llegaron en las 6.257 el año pasado en el país, una media de 17 cada día. Se trataba de un incremento del 8% con respecto al 2023, y de la cifra más alta desde el 2020, cuando se contabilizaron 6.458.

Este año, entre enero y octubre, Mossos d'Esquadra y las policías locales del país han registrado 4.345, un millar menos que en el mismo periodo del año pasado, cosa que hace prever en el cuerpo de la Generalitat que la cifra quede sensiblemente por debajo del 2024. En cualquier caso, los datos sólo muestran los hechos reportados a la policía, y no aquellos que han decidido ir directamente al juzgado o los que no han llegado a ninguna instancia.

Con todo, según alerta Moriana, las tentativas de usurpaciones de viviendas –de ocupar pisos vacíos– y los intentos de allanamientos de morada –primeras o segundas residencias–, los dos tipos penales de que reflejan los datos para englobar el fenómeno de las ocupaciones, han ido al alza.

Después de un aumento ininterrumpido desde como mínimo el 2019, el año pasado se llegó a 2.057 intentos frustrados, casi el doble que cinco años antes. Durante los primeros diez meses del 2025 ya se han contado 1.713, seis menos que en el mismo periodo que el 2024, así que a finales de año las cifras podrían igualar o superar las del año pasado.

Encontrar al propietario e instarlo a denunciar no siempre es fácil

Moriana cree que los motivos del aumento de intentos fallidos y de la caída de ocupaciones consumados son, por una parte, la actuación policial, pero también de seguridad sin tener que esperar un largo proceso judicial. Además, ha aumentado la concienciación de los propietarios porque «ponen más medidas físicas de protección».

Por otra parte, cree que también ha ayudado la ley a 1/2023, que introduce medidas urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la convivencia vecinal. Así, ha explicado, en casos de problemas de desórdenes públicos o de actividades delictivas, si el propietario es un gran tenedor que «desatiende su obligación» de actuar, la comunidad de vecinos o el ayuntamiento pueden poner en marcha las acciones legales para conseguir el desalojo.

La legislación incluso prevé sanciones de 3.000 a 900.000 euros para los grandes tenedores que no mueven ficha ante una ocupación, y el consistorio puede llegar a adquirir el inmueble temporalmente para destinarlo a vivienda social.

De hecho, la mayoría de las ocupaciones son de pisos vacíos de grandes propietarios, cosa que añade complejidad porque primero se lo tiene que «encontrar» e instarlo a que denuncie, un paso esencial. «Nos habíamos encontrado con que hay pisos que ni siquiera el propio fondo inversor era conocedor que era el propietario», ha expresado a la ACN, añadiendo que en algunos casos desisten de iniciar un proceso legal por los costes que supone hasta que la vivienda no sea «financieramente interesante» para ellos.

Buscador de inmuebles de grandes tenedores

Así, este año los Mossos han creado un «buscador de inmuebles» de uso sólo interno de pisos de grandes tenedores, en el cual participan la Sareb y varias entidades financieras, con el fin de comprobar más rápidamente si un inmueble es de este tipo de propietarios y tener «una persona de contacto para poder activar el recurso policial y judicial» mediante denuncia.

Se trata de una de las acciones que el cuerpo está llevando a cabo en el marco de un plan destinado específicamente a las ocupaciones vinculados a delitos. Es decir, aquellas en que la vivienda se convierte «en una plantación de marihuana, un punto de venta de droga, un punto de recepción de objetos robados» o bien donde frecuentan delincuentes que acaban causando conflictos vecinales e inseguridad. Con respecto a los «ocupaciones más sociales», de personas vulnerables que han dejado de pagar el alquiler o la hipoteca, no entran en este plan y Moriana dice que «el abordaje policial es totalmente diferente» en estos casos.

En algunos ocasiones, luchan contra redes organizadas, como una que cayó a Mataró en julio del 2022, con una decena de detenidos y 56 ocupaciones, o una en el barrio de Sants de Barcelona en noviembre de aquel año, que desencadenó una operación policial con nueve detenidos que facturaban 24.000 euros en el mes a partir de dejar vivir gente en pisos ocupados a cambio de dinero.

Saber el momento de laocupación, clave

Aparte de la dificultad que presentan los pisos de grandes tenedores, también está la poca concreción con que a menudo se encuentran los agentes de calle para determinar cuándo ha empezado la usurpación o allanamiento de morada, cosa que da pie a varias interpretaciones sobre si ya se ha consumado una ocupación. Si es el caso, los Mossos ya no pueden desalojar a los intrusos de manera inmediata y se abre un proceso judicial más largo. Según fuentes judiciales, la interpretación de la norma en este sentido puede ser diferente según el partido judicial. Si no se ha podido desalojar de manera inmediata, los propietarios pueden pedir esta medida de manera cautelar mientras no se cierre el caso, y los ayuntamientos pueden también expulsar a los ocupantes de manera cautelar si hay riesgo grave o peligro inminente.

En cualquier caso, datos proporcionados por Mossos d'Esquadra en la Agencia Catalana de Noticias a través de la ley de transparencia muestran que, tanto este año como los dos anteriores, nueve de cada diez denuncias por ocupaciones consumados son usurpaciones, es decir, intrusiones en pisos vacíos, y la práctica totalidad de estas, unas 5.000 cada año en el 2023 y en el 2024, son pacíficas –sólo un centenar al año son con violencia. Aparte, medio millar en cada uno de estos dos ejercicios fueron allanamientos de morada, es decir, de primeras o segundas residencias.

Por municipios y comarcas

Les datos oficiales obtenidos, todavía sin un periodo significativo del 2025, muestran un aumento de las ocupaciones entre el 2023 y el 2024 de un 8%, pero a nivel territorial las evoluciones no son uniformes. Así, el Pla de l'Estany y el Berguedà registran el crecimiento porcentual mayor, aunque con pocos casos. En números absolutos, el Vallès Occidental registró 218 denuncias más el año pasado que el anterior, un 40%, hasta las 761. Se trata de la segunda comarca con más incidencia, después del Barcelonès, que sumaba 1.467 el año pasado (-4,2% con respecto al 2023).

En el Gironès, el aumento interanual fue del 30%, por un total de 387, mientras que también destaca el Baix Empordà, con un 39,7% más de casos y 218 en total. En el otro extremo del ranking, algunas comarcas vieron retrocesos significativos, como Anoia (-41%) o el Baix Camp (-17%). En conjunto, 25 comarcas han ido al alza y 16, a la baja, mientras que ni en la Val d'Aran ni en el Solsonès se ha denunciado ninguna ni en el 2023 ni en el 2024.

Por municipios, con datos sólo de los que tienen más de 10.000 habitantes, las ratios más elevadas en el 2024 fueron Palafrugell (38 casos para cada 10.000 habitantes) y Salt (37 casos). Canovelles, la Ràpita, Mataró y Calonge, aparte de Castelló d'Empúries, Platja d'Aro, Berga y Cunit, también tienen más de 20 casos por cada 10.000 habitantes. Con respecto a las capitales de demarcación, la tasa de Barcelona fue sensiblemente más baja (4,8), similar a la de Lleida (6,5) y Tarragona (7,1), mientras que Gerona se disparó hasta una ratio de 21,7 casos.

En comparación con el 2023, las denuncias de ocupaciones bajaron de manera significativa en Calella, Cambrils, Sant Celoni, Vilafranca del Penedès o Sant Feliu de Guíxols, mientras que los incrementos más notables fueron a Palafrugell, Blanes y Salou, así como Sabadell (de 119 a 262 casos) o Gerona (de 124 a 231), que se doblaron, los casos.

Las ocupaciones que no se denuncian y se enquistan, «principal problema» en Sabadell

En la línea de la tónica general catalana expresada por Moriana, el primer teniente de alcaldesa de Sabadell, Eloi Cortés, ha explicado en declaraciones a la ACN que «el 90%» de las denuncias son de inmuebles de grandes tenedores como fondo de inversión o entidad bancarias, que normalmente no interponen denuncias. Eso «permite que la situación se reproduzca y quede enquistada en el tiempo», dificultando la intervención para poner fin. Según él, esta circunstancia es «el principal problema» que tiene el municipio relacionado con las ocupaciones.

Ante las cifras, Cortés explica que no todas las denuncias son de hechos consolidados, ya que en algunos casos la policía municipal frustra los intentos en un número creciente los últimos años, tal como también reflejan los datos a nivel catalán. Con todo, a veces se encuentran con ocupaciones en espacios «semiabandonados» donde se hace difícil determinar la «trazabilidad» de los hechos, es decir, en qué momento han empezado, cosa que marca la posibilidad de un desalojo «en caliente». Así, el concejal recomienda a los vecinos llamar a la policía municipal cuando tiene una sospecha. Si ya es demasiado tarde, añade, la vía de actuación municipal es contactar con la propiedad, asegurarse que pongan en marcha un proceso judicial y colaborar con la fiscalía e intervenir en casos de conflictividad y convivencia.

Ocupaciones de bloques enteros en Girona

Con respecto a Gerona, la concejala de Hacienda y Convivencia y Seguridad, Sílvia Aliu, también subraya que la gran mayoría de ocupaciones son de pisos vacíos, y no de primeras o segundas residencias, e incluso de bloques enteros vacíos. «La gran mayoría son de propiedad de fondo de inversión, de bancos y de la Sareb», concreta, añadiendo que también son de grandes tenedores diversos que evitan así «generar más vivienda» en el municipio. Para intentar rebajar el número de inmuebles inhabitados, Aliu explica que el Ayuntamiento de Gerona aplica un recargo en el IBI si detecta que «un piso está en desuso».

Además, en la línea del concejal de Sabadell y la número 2 de los Mossos, Aliu dice que el consistorio «está haciendo el esfuerzo de requerir que haya actuaciones» por parte de los grandes propietarios que tienen inmuebles desocupados a fin de que los pongan a disposición del parque de vivienda.

Con respecto al aumento repentino de las cifras entre el 2023 y el 2024, la representante argumenta que eso se debe a «la ocupación de bloques enteros» que fueron al alza el año pasado. En más, también explica que cuando un juez dicta el desalojo de una vivienda, si se vuelve a ocupar en el mismo ejercicio, el nuevo hecho también se suma a la estadística.

Según ella, las ocupaciones son un problema que demuestra la «realidad social» de Gerona y se tiene que poner freno» para que quién viva pueda tener acceso a una «vivienda digna», que se tiene que conseguir por vía de más vivienda social.