El Consell del Baix Camp licita obras en Secomsa sin financiación y con la oposición del interventor

El pleno del Consell Comarcal del Baix Camp del pasado 14 de octubre quedó marcado por la polvareda levantada por la aprobación del inicio del procedimiento para la instalación de tres nuevos digestos en la planta de digestión anaeróbica de Secomsa.

Un proyecto imprescindible, tal como reconocen desde el gobierno y la oposición, pero que después de quedar desierto, ya que sólo se presentó una empresa fuera de plazo, ha quedado en duda su financiación, hecho que hizo levantar la ceja al interventor.

Este dejó claro en el informe jurídico que la actuación no contaba con la reserva presupuestaria necesaria y, si se vulneraba esta limitación, «la responsabilidad que se deriva es una responsabilidad personal de los interventores».

El proyecto salió a concurso con un coste de 4.301.890 euros, de los que tan solo estarían actualmente asegurados 3.765.533,31, ya que el resto depende de la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC). «La ARC nos garantizó que no nos teníamos que preocupar, que entendían la situación y que no teníamos que sufrir por la financiación. Por lo tanto, no nos podemos detener ahora», asegura el presidente de Secomsa, Ernest Roigé.

En esta línea también se expresa el presidente del Consell Comarcal, Joan Josep Garcia: «El gobierno tiene en cuenta las observaciones de secretaría e intervención, pero también hace su trabajo, que es iniciar el proceso administrativo de licitación, que no es rápido, y en paralelo trabajar con la ARC para que quede plasmado por escrito el compromiso».

A la vez, fuentes de la ARC consultadas por Diari Més aseguran que «se está trabajando con el fin de garantizar la cobertura de la financiación necesaria, ya que es una instalación estratégica dentro del Plan de Infraestructuras».

No obstante, la oposición no ha comprado los argumentos por parte del gobierno y ha puesto el grito en el cielo de un paso que tildan como «irresponsable» y, por este motivo, votaron todos en contra a excepción de la CUP, que se abstuvo. «Es una imprudencia administrativa. Se están llevando a cabo acciones que ponen en riesgo la viabilidad de Secomsa que da un servicio esencial», asevera el consejero de Ara, Daniel Rubio.

En esta línea también coincide el consejero del PP, David Paul Chatelain, quien considera que los hechos son muy graves: «Es una situación muy delicada y nos preocupan las responsabilidades que pueda comportar iniciar un procedimiento como este sin tener la financiación asegurada».

Por su parte, la consejera del NMC, Natàlia Pleguezuelos, advierte sobre el hecho de que se abrieron dos de los tres sobres de la empresa que se presentó fuera de plazo: «Si ahora esta empresa se vuelve a presentar y no gana podría denunciar el procedimiento alegando que ha estado en desventaja».

La consejera de la CUP, Mònica Pàmies, muestra un tono más conciliador, admitiendo que «no podíamos votar en contra de un proyecto que hace mucha falta», pero que, así y todo, «las cosas no se han hecho bien y, desde hace tiempo, el gobierno está actuando sin ningún tipo de rumbo».