Atentados Barcelona y Cambrils
Un estudio constata el predominio de los factores de riesgo en el proceso de radicalización de la célula terrorista del 17-A
Los factores potencialmente protectores, como los relacionados con su integración social, no fueron suficientes

Lugar donde se produjo el atentado en Cambrils.
Un estudio científico constata el predominio de los factores de riesgo por encima de los factores de protección que habrían podido prevenir el proceso de radicalización de la célula terrorista de los atentados del 17-A. La investigación, publicada en la revista Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, ha demostrado que los factores de riesgo estaban más conectados entre sí y mantenían un fuerte vínculo. En cambio, los factores protectores estaban más desconectados entre ellos y no tenían bastante fuerza, de manera que los primeros neutralizaron el posible efecto positivo de los segundos. Las amistades que todos mantenían con gente externa a la célula no fueron suficientes para neutralizar las acciones violentas que cometieron.
El estudio se ha hecho en el marco del proyecto Camins, liderado por la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra y las universidades de Córdoba, Granada y Burgos. Los investigadores han estudiado los factores de riesgo presentes en su radicalización y los de protección que tendrían que haber contrarrestado los primeros. El estudio ha demostrado que, aunque el proceso de radicalización violenta tiene una naturaleza multifactorial, en el caso de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017, los factores potencialmente protectores no fueron suficientes para contrarrestar la influencia de los factores de riesgo.
La célula terrorista formada por diez miembros –el imán de Ripoll y nueve hombres jóvenes- se empezó a constituir entre finales del 2014 e inicios del 2015. Entre los factores de riesgo analizados hay especialmente los psicológicos, como la conexión dentro del grupo, la búsqueda de significado, la pasión obsesiva o el autoritarismo o la percepción de amenaza. También hay las actitudes o creencias subjetivas que reflejan la perspectiva individual como las actitudes segregacionistas, antidemocráticas o radicales y el extremismo politico-religioso.
Estos factores de riesgo tuvieron una presencia significativamente más elevada entre los miembros que otros factores protectores, como los sociodemográficos (edad, nivel educativo, estado civil o ocupación laboral), o los experienciales, especialmente aquellos relacionados con su integración social, que habrían podido evitar su radicalización.
Para realizar esta investigación, se han utilizado datos de la Comisaría General de Información los cuales sirvieron para la investigación y elaboración del informe policial del caso Rambles, bajo la tutela del Juzgado Central de Instrucción nº. 4 de la Audiencia Nacional.
En total, se han analizado 200 declaraciones policiales, 50 entrevistas a familiares, amigos y personas del entorno, 123 evidencias tecnológicas, 25 pruebas físicas, 18 pruebas virtuales, y otros informes complementarios. Los resultados, señalan a los Mossos, permitirán mejorar los actuales planes de prevención de extremismos violentos y avanzar en el desarrollo de herramientas de apoyo a la evaluación para conocer los mecanismos que se encuentran en la base de la radicalización violenta.
El estudio tiene en cuenta factores sociodemográficos y psicológicos, así como también aquellos vinculados a la integración y la discriminación, las creencias subjetivas y los factores criminógenos, es decir, aquellos relacionados con la influencia de compañeros o redes radicales.
Desde el año 2015 hasta ahora, la Comisaría General de Información ha impulsado, junto con otros departamentos de la Generalitat de Catalunya, varios planes de prevención de los extremismos violentos. El objetivo es expandir la red de colaboración en el ámbito preventivo y asegurar la participación activa de los sectores de la comunidad educativa, la protección de la Infancia y la juventud, la proximidad policial, los Agents Rurals, la ejecución penal, los servicios sociales, las comunidades religiosas y asociaciones culturales y el deporte.