El enchufe de Tarragona toma forma: el objetivo es desarrollar la petroquímica

La nueva línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre las subestaciones de Escatrón (Aragón) y La Secuita empieza a ver la luz tras salir a información pública. Representa el primer paso firme del proyecto, que ahora abrirá un periodo de alegaciones por parte de los ayuntamientos, vecinos y empresas afectadas. La lista se amplía a más de 1.300 propietarios afectados con parte de su suelo declarado «de interés público», en una propuesta impulsada por Red Eléctrica Española, Redeia y la Generalitat que supondrá una inversión total de 200 millones de euros en la demarcación.

El proyecto prevé el desmantelamiento de la línea actual, de 220 kV de potencia, para construir una de doble circuito que transportará más de 600 kV. Aunque la propuesta inicial hacía referencia a una «repotenciación» de la línea existente, la realidad es que supondrá la construcción desde cero de un sistema que producirá energía en Aragón y que aportará el equivalente a tres reactores nucleares. El objetivo principal, según han confirmado fuentes de Redeia, es «permitir el desarrollo del sector petroquímico» de Tarragona. Un propósito también reivindicado por la Generalitat, centrado en la necesidad de «descarbonizar» el sector para hacerlo más sostenible y dejar de depender de la energía nuclear y fósil.

Para alcanzar este objetivo, se construirán dos nuevas subestaciones, en Els Aubals (400 kV) y La Secuita (400 kV/220 kV), para gestionar gran parte de la potencia que llegará a la demarcación. Además, se ampliará el trazado de los casi 150 kilómetros actuales hasta los 181 kilómetros, aumentando también las dimensiones de las torres eléctricas de los 20 o 25 metros a los 55 metros. De este modo, algunos de los municipios o propiedades que anteriormente se veían afectados por la MAT dejarán de estarlo al no figurar dentro del nuevo trazado.

Tras salir a información pública, el proyecto estará en constante evolución para «adaptarse» a los municipios o propietarios que justifiquen, a través de las alegaciones, impactos del proyecto sobre sus terrenos durante los próximos 30 días. Fuentes de Redeia aseguraban que la línea debe pasar «una fase de consenso» y que prevén su ejecución definitiva en «uno o dos años» más.

La propuesta imitará las últimas líneas de muy alta tensión planteadas en la demarcación en los años 2012 y 2022, ambas paralizadas en el proceso de alegaciones por su impacto medioambiental y mediante procesos administrativos. El primer proyecto fue gestionado por Red Eléctrica Española, que se «desvincula» de la propuesta de hace cuatro años impulsada por la empresa privada Forestalia. «No son proyectos comparables, esta es una línea esencial para el desarrollo del sur del territorio», subrayaban fuentes de Redeia.

Oposición

La plataforma No a la MAT lleva meses denunciando la reactivación del proyecto y asegura que «no les sorprendió» su salida a información pública. «Estamos convencidos de que no seguirá adelante», señalaba el portavoz de la entidad, Jordi Jumilla. La plataforma indicaba que el consumo energético de la demarcación de Tarragona ha disminuido y criticaba la falta de justificación de la «repotenciación». «Desde los máximos históricos de consumo eléctrico en 2008, la demanda energética estatal se ha reducido un 12%», añadía el técnico en Transición Energética y profesor de la URV, Sergi Saladié.

En Cataluña, el descenso se sitúa en un 23%, según datos del Proencat, centrando el peso del proyecto principalmente en la necesidad de descarbonización de la industria petroquímica de la provincia, «sin tener en cuenta las necesidades reales del territorio» y criticando la publicación del proyecto bajo el argumento de representar «un interés público». La energía que llegará a la demarcación prevé sustituir a la energía nuclear en las próximas décadas, aunque las quejas se centran en la falta de concreción: «No se nos ha dicho de qué cierre concreto depende la MAT, ni qué reactor, en qué año se hará, ni ningún escenario de riesgo», lamentaba el diputado de los Comuns, Lluís Mijoler.

Entidades como Unió de Pagesos, la DOP Terra Alta o la propia plataforma No a la MAT presentarán alegaciones durante el periodo habilitado y también se sumarán varios ayuntamientos con alegaciones conjuntas junto a los Consejos Comarcales del Baix Camp y del Priorat. «Tal como está planteada, solo gana el consumismo y perdemos todos», indicaba el alcalde de La Selva del Camp, Enric Roberto, uno de los municipios más afectados. El alcalde de L’Aleixar, Josep Biscoa, también aseguraba a la ACN que «supondrá un impacto negativo» para todos los municipios. Las alegaciones se centrarán en el impacto de la línea sobre terrenos agrarios y las afectaciones sobre la fauna de la demarcación, así como en la innecesariedad del proyecto o su proximidad a núcleos urbanos.