La cesión de solares al Gobierno y recargos en el IBI, principales medidas municipales en el Camp de Tarragona por la vivienda

La cesión de solares a la Generalitat y la aplicación de recargos en el IBI para los pisos vacíos, son algunas de las medidas más aplicadas por los ayuntamientos del Camp de Tarragona para intentar hacer frente la crisis de la vivienda en el ámbito municipal.

La mayoría de los ayuntamientos de las principales ciudades han empezado a tomar medidas para reducir el número de pisos vacíos y fomentar el alquiler social, con propuestas diversas y de alcance desigual, que van desde la compra de viviendas por tanteo y retracto, o ayudas para pagar alquileres.

De momento, sin embargo, sólo las grandes ciudades, como Tarragona y Reus, han planteado proyectos para construir pisos públicos. Ayuntamientos de municipios turísticos y de la costa, como Salou y Vandellòs, no prevén acciones concretas.

La medida que más éxito ha tenido para fomentar el alquiler social ha sido la de ceder solares vacíos a la Generalitat para que sea el Gobierno quien haga las inversiones. Tarragona, Reus, Cambrils, el Vendrell y Valls ya han facilitado terrenos para que el ejecutivo catalán pueda desarrollar su plan para construir 50.000 viviendas nuevas hasta el 2030.

Pero cuando se trata de que sean los mismos ayuntamientos los que impulsen la construcción, tan sólo Tarragona y Reus lo están haciendo. En el caso de la capital, se están levantando 192 viviendas que se prevé que estén acabados en junio del próximo año, con una inversión de 28,8 millones de euros, que en parte llegarán de subvenciones. En Reus, está en marcha también cerca de 200 pisos, entre los 60 del complejo Riera y los 132 de Mas Iglesias, que también se tienen que terminar a mediados del próximo año.

Ciudades más pequeñas y con menos capacidad de inversión tienen la opción más asequible de comprar pisos deshabitados por la vía de tanteo y retracto para repararlos y posteriormente ponerlos a alquiler social. Tarragona y Reus han explorado esta posibilidad, pero también lo han hecho en Vila-seca.

El alcalde, Pere Segura, afirma que son "plenamente conscientes de que la vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad". En el caso del tanteo y retracto participan "siempre que no haya una familia interesada" en el inmueble. "Si tiene un precio asequible, lo compramos y rehabilitamos para ponerlo en nuestra bolsa", destaca.

Cambios en el IBI

En Vila-seca también han apostado por la vía de los impuestos, en forma de recargo en el IBI para los propietarios que tengan pisos vacíos. Una acción enfocada principalmente a bancos y fondos buitres que están especulando. Esta medida también se aplica en otras ciudades -como Tarragona, Reus o Valls- si bien de manera diferente.

Por ejemplo, en el Vendrell en el año 2019 aprobaron un recargo del 50% del IBI para los pisos vacíos de grandes tenedores, pero ante el poco impacto de la herramienta, de cara a las ordenanzas del 2026 se ha incrementado la penalización hasta el 100% del recibo cuando el periodo de desocupación sea superior a tres años. Incluso puede llegar a ser del 150% si un mismo titular tiene dos o más viviendas vacías.

En Torredembarra, en cambio, este 2026 se aplicará una ordenanza que prevé un recargo del 50% del IBI para las viviendas desocupadas durante dos años. Si la desocupación supera los tres años la tasa uno se doblará, mientras que si una persona posee dos o más viviendas en el municipio la tasa subirá hasta el 150%.

Con respecto a esta cuestión, en Valls se han encontrado con dificultades para aplicar la ordenanza. La concejala de Vivienda de la ciudad, Natàlia Moncunill, lamenta que la ley estatal prevé "muchas" excepciones que "no ponen fácil su aplicación".

"Tienes que invertir muchos recursos tanto personales como económicos. En un piso vacío ahora mismo no basta con demostrar que no hay consumos o que no hay nadie empadronado, sino que tienes que demostrar que no está en ningún portal de anuncios ni de alquiler ni de venta, y que el propietario no es una persona que se ha trasladado temporalmente", expone.

Eso hace que, en la práctica, el número de recargos que hayan podido aplicar sea muy limitado y se centre en los grandes tenedores, pero no obstante mantienen la ordenanza porque hay "voluntad política".

Bonificaciones y nuevas fórmulas

También con respecto al IBI, en Torredembarra han decidido hacer un camino diferente, como es el de aplicar bonificaciones de hasta el 95% para las viviendas que se destinen a alquiler social y que se incluyan en la bolsa de mediación gestionada por la Oficina Local de Vivienda del Consejo Comarcal del Tarragonès.

Esta bolsa comarcal hace de mediadora entre propietarios e inquilinos y ofrece garantías de pago a los arrendadores y actualmente tiene 23 contratos vigentes en la comarca y 65 personas en lista de espera para conseguir un inmueble.

Bonificaciones del IBI también aplican en Reus y en Montblanc. En este último caso, un 50% del recibo para las personas que restauren una casa y la destinen a alquiler social a través de la bolsa del consejo comarcal. "Los ayuntamientos que no tenemos un músculo financiero bueno y no podemos dar ayudas a la población sí que podemos dar beneficios fiscales", explica el concejal de Vivienda de Montblanc, Oriol Pallissó. Allí tienen el problema añadido de la "degradación" del casco antiguo fruto de pisos que llevan años cerrados y se acaban convirtiendo en "infraviviendas".

"Lo que tenemos que hacer entre todos es encontrar mecanismos para bonificar y que esta gente pueda arreglar los pisos", indica Pallissó. En Montblanc están apostando por la "granja urbana" con la mediación del ayuntamiento. Un sistema que consiste en el hecho de que el inquilino se hace cargo de los gastos de arreglar la vivienda y a cambio puede vivir allí un determinado tiempo sin pagar alquiler. Sin embargo, el concejal reconoce que "les está costando muchísimo que los propietarios abran la puerta de su casa" y que la demanda para conseguir un piso es alta.

En Valls, el camino que han cogido ha sido otro y directamente han contactado con la Sareb a fin de que ponga a disposición de la ciudad parte de su parque inmobiliario. De todos modos, todavía no han cogido frutos. "Hemos intentado hablar con ellos, pero es muy difícil contactar. Supongo que tampoco les interesa demasiado que les vayamos detrás", comenta Moncunill. Con todo, la concejala enfatiza que "la Sareb tiene un descontrol de todo aquello que tiene", ya que a veces se han dado casos que "a ellos les consta que allí hay un bloque de pisos y en realidad es un solar vacío".

Paralelamente, en la capital del Alt Camp -y también en Vila-seca- han apostado por dar ayudas económicas para el alquiler, especialmente a la gente joven a fin de que se puedan emancipar. Así, de rebote, también quieren movilizar pisos vacíos, ya que se facilita a los propietarios alquilar una vivienda a estos jóvenes con garantías de cobro.

Desde la Oficina Local de Vivienda de Valls gestionan 130 pisos de alquiler asequible y los dueños tienen ventajas como el seguro gratuito, bonificaciones del IBI o apoyo legal de los técnicos municipales por casos de impago. Anualmente, este servicio gestiona 750.000 euros en ayudas relacionadas con la vivienda, según fuentes municipales.

Salou y l'Hospitalet de l'Infant, sin medidas

A pesar de las solicitudes de información efectuadas, los ayuntamientos no han facilitado a ACN datos sobre el impacto que estas medidas han tenido. Aducen que se trata de medidas recientes y que es complejo calibrar los efectos. De hecho, la gran mayoría de estas acciones impulsadas por los consistorios han llegado en los últimos dos años, con la vivienda convertida en la principal preocupación de los catalanes, según las últimas encuestas de opinión.

Sin embargo, todavía hay ciudades que no se han puesto manos a la obra. En el caso del Camp de Tarragona son, además, algunas de las más turísticas, donde hay un alto volumen de segundas residencias, mucha oferta de alojamientos turísticos pero prácticamente ninguna opción para el alquiler continuado a largo plazo.

El ejemplo más claro es Salou. La llamada capital de la Costa Daurada no tiene en marcha ninguna de las medidas citadas hasta ahora. Desde el consistorio aseguran que "el Ayuntamiento tiene previsto poner en funcionamiento un Servicio Municipal de Vivienda, con el objetivo de reforzar la atención ciudadana en esta materia y diseñar nuevas estrategias para mejorar la oferta de alquiler en el municipio", sin especificar ningún calendario.

Asimismo, afirman que se ha iniciado la redacción de un Plan Local de Vivienda que "ofrecerá una radiografía actualizada de la situación de la vivienda en el municipio y permitirá establecer las claves para garantizar un acceso más equitativo y sostenible".

Tampoco tienen ninguna acción concreta en funcionamiento en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, mientras que en Cambrils únicamente han puesto a disposición de la Generalitat tres solares para que construya viviendas. Hace justo un mes el Gobierno anunció que aceptaba uno, en la calle Anoia, para hacer 52 apartamentos. Hace más de 25 años que no se hace ni un piso público en la ciudad.