JUDICIAL
Tarragona incorpora 3 partidos judiciales al nuevo modelo y completa la transformación
El despliegue afecta a 5.430 funcionarios y ha implicado la creación de 150 plazas nuevas
Fotografía de archivo del exterior de los Juzgados de Reus.
El Departament de Justécia ha completado este miércoles el despliegue de la tercera fase prevista en la ley orgánica en materia de eficiencia del servicio público de justicia, con la incorporación de los últimos 14 partidos judiciales y que ha supuesto una inversión de unos 6,5 millones de euros.
El despliegue de esta fase de la nueva ley, que ha cambiado al modelo organizativo, ha afectado a unos 5.430 funcionarios y se han creado 150 plazas nuevas, según los datos facilitados por la consejería.
Con esta tercera fase se han incorporado los últimos 14 partidos judiciales previstos: Arenys de Mar, Figueres, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Sabadell, Terrassa, Mataró, Reus, Granollers, Tortosa, Lleida, Tarragona, Girona y Barcelona.
La tercera fase concentra el 71,8% de la actividad de la administración de justicia en Cataluña, cosa que representa el grueso del volumen judicial que entra en funcionamiento con el nuevo modelo a raíz de la nueva normativa.
En concreto, la ciudad de Barcelona representa el 34,9% del total de la actividad judicial de Cataluña.
Para el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, este último paso tendrá que permitir que el sistema afronte «un cambio revolucionario que persigue hacer una justicia más eficiente» y que tendrá que complementarse con la creación de nuevas unidades judiciales, cosa que depende del Consejo General del Poder Judicial y del ministerio.
Tres fases de reforma
La reforma del sistema judicial a partir de la nueva ley se ha hecho en tres fases: en la primera, a 1 de julio de este año, se incorporaron 33 partidos judiciales; en la segunda, que entró en vigor el 1 de octubre, se sumaron los de l'Hospitalet de Llobregat y Badalona; y en esta tercera fase, los citados 14 partidos judiciales restantes, hasta completar los 49 que conforman la planta judicial en Cataluña.
Esta transformación implica convertir los juzgados tradicionales en tribunales de instancia con unos servicios comunes que dan servicio, de manera transversal, a todas las plazas judiciales.
La entrada en vigor de esta tercera fase ha supuesto un coste de 6,46 millones de euros, lo cual engloba la creación de las nuevas dotaciones y los cambios de tramos retributivos de complementos específicos de aquellos funcionarios que han asumido más responsabilidades.