Nuclear
Tarragona, en el centro de la moratoria nuclear que puede reconfigurar el mapa energético de España
Ascó y Vandellòs concentran casi la mitad de los reactores activos del país y podrían ver aplazado su cierre en pleno debate político y empresarial
Torre de condensación de la central nuclear de Ascó.
Cataluña, Extremadura y Valencia estarían, al lado de Castilla-La Mancha, las autonomías que podrían verse directamente concernidas si se produjera una moratoria del calendario de cierre nuclear acordado entre el gobierno central y las empresas propietarias de las centrales para el periodo comprendido entre el 2027 y el 2035.
En España siguen activos siete reactores en cinco centrales nucleares. Y se encuentran en los territorios de las citadas autonomías, respectivamente: Ascó I y II (Ribera d'Ebre) y Vandellòs (Baix Camp); Cofrents (Valencia); Almaraz I y II (Cáceres); y Trillo (Guadalajara).
Es decir, tres de estos siete reactores están en Tarragona. La energía nuclear ha sido la principal fuente de producción de electricidad en Cataluña, representando un 56,7% de la producción total el año 2024, según la Generalitat.
De esta manera, Cataluña es la comunidad con más peso nuclear, ya que tiene instalada una potencia total de 3.146 megavatios en los reactores todavía activos de Ascó I, cuyo cierre está previsto para el 2030, y Ascó II, con una clausura ideada para el 2031, además de Vandellòs II, cuyo cierre será el 2035.
Lo sigue Extremadura, con los dos reactores de Almaraz que alberga Cáceres. Se podría decir que es la segunda comunidad más afectada, con 2.098 megavatios de potencia instalados y cierres previstos para el 2027 y el 2028.
Extremadura sólo consume entorno del 16% de la energía eléctrica que produce, según el Balance Eléctrico de Extremadura publicado por la Junta en el 2023, y el resto lo exporta. Pero hay que destacar que “Almaraz cubre el 7% de la demanda eléctrica anual, generando cada año el equivalente al consumo de 4 millones de hogares españoles”, según la web de la central.
La valenciana central de Cofrents es la mayor del país, tiene instalada una potencia de 1.092 megavatios y un cierre previsto para el 2030. Suministra en torno al 45% de la electricidad que se utiliza a la comunidad, según múltiples fuentes, entre otros la web de la misma central.
Finalmente, en Castilla-la Mancha, la central nuclear de Trillo, en la provincia de Guadalajara, tiene instalada una potencia de 1.062 megavatios y un cierre previsto para 2035. Castilla - la Manxa, como Extremadura, es una región exportadora de su excedente de producción de energía, con gran peso de las renovables.
El caso catalán
El gobierno central ha notado el hecho de que Cataluña sea la comunidad más afectada. El asunto ha desembocado en un nuevo problema con sus aliados catalanes, después de la reciente abstención de Juntos para que el Congreso estudie una iniciativa del PP que busca alargar la vida de las centrales.
El Congreso inició en junio la tramitación de una proposición de ley del PP para revertir el cierre nuclear con 171 votos a favor de PP y Vox, la negativa del PSOE, Sumar y el resto de sus socios, excepto las siete abstenciones de Juntos, que inclinaron la balanza a favor de la iniciativa del PP.
Poco después surgía la posibilidad de una moratoria en el cierre nuclear a raíz de una información periodística que apuntaba un posible cambio de posición de los socialistas, en el cual se ha opuesto Sumar.
El Ministerio para la Transición Ecológica, después de la publicación de la noticia, enfrió las expectativas, indicando que no existe ninguna negociación abierta con las empresas propietarias de las centrales nucleares. Respondía así a Endesa e Iberdrola, empresas que habían enviado al gobierno español un escrito pidiendo la moratoria.
Desde el Ejecutivo se han establecido tres líneas rojas para tramitar cualquier petición formal de moratoria: que se garantice seguridad para las personas, que contribuyan a la seguridad de suministro y que no suponga un coste mayor para los ciudadanos.
Esta posición se les trasladó por carta a las compañías, que hasta el momento no han anunciado una modificación de sus propuestas, señalan fuentes del ejecutivo.
Por otra parte, y con respecto a Extremadura, el PSOE en esta región ha posicionado a favor de prolongar la vida útil de la central de Almaraz si las empresas afectadas solicitan la moratoria.