Vivienda
El Gobierno compra 55 pisos en Tarragona para alquiler social
Son procedentes de ejecuciones hipotecarias donde viven familias vulnerables
Imagen de un bloque de pisos en Falset.
El Gobierno, a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, formalizará a lo largo de esta semana la compra de 743 viviendas para destinarlos al alquiler social. Son pisos adquiridos a partir del derecho de tanteo y retracto, es decir, el derecho de adquisición preferente por parte de la administración. Será la compra mayor en número de pisos que habrá hecho nunca la Generalitat ejerciendo este derecho. El coste de la operación es de 71.263.594 euros.
De estos 55 están ubicados en el Camp de Tarragona, 34 en el Penedès y otros 6 en las Terres de l'Ebre, aunque la Agència de l'Habitatge de Catalunya no ha detallado su ubicación concreta. El Camp de Tarragona se sitúa como la tercera demarcación con más pisos dentro de esta compra por detrás de Barcelona (487) y Lleida (59).
Se trata de pisos donde mayoritariamente viven familias que habían perdido el piso por ejecuciones hipotecarias y que ahora siguen viviendo allí, pero de alquiler, amparados por el programa Realojamos, de la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Es decir, la Agencia paga el alquiler directamente al propietario y después los inquilinos pagan a la Agencia una renta mensual que se calcula en función de sus ingresos.
La consejera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, quien anunció esta operación el pasado mes de febrero, explica que «los inquilinos tendrán la tranquilidad de poder seguir viviendo en los pisos con el mismo contrato de alquiler que tenían hasta ahora. Con la venta a un gran tenedor estas familias vulnerables corrían el riesgo de que el nuevo comprador no renovara los contratos».
Paneque añade que esta transacción responde a la voluntad del Gobierno «de incrementar el parque público de vivienda de protección oficial y, sobre todo, de preservar el derecho al acceso a la vivienda». En este caso, se trata también de proteger a los inquilinos y conseguir un ahorro por parte de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, que así puede redistribuir en otras políticas, remarca Paneque.