Rehabilitar viviendas para alquiler social, propuesta para retener a los jóvenes en el Priorat y Baix Camp

El Priorat es la comarca con más municipios que han perdido población desde el estallido de la pandemia, según datos de Idescat. Entre los factores que han provocado esta situación se encuentra el envejecimiento de los habitantes y la falta de parque inmobiliario, tanto en venta como en alquiler. A las puertas de los comicios municipales, las candidaturas que optan a gobernar plantean rehabilitar viviendas en mal estado para destinarlos a alquiler social y retener juventud en el pueblo, como es el caso de Riudecanyes o la Torre de Fontaubella. Por otra parte, entidades como Prioritat piden a los futuros Ayuntamientos crear un marco común que regule el alquiler turístico y al mismo tiempo, apostar por medidas que diversifiquen la actividad económica de la comarca para evitar el despoblamiento.

En términos generales, todas las comarcas del Camp de Tarragona han ganado habitantes en el periodo 2020-2022, mientras que en las Terres de l'Ebre se ha registrado una pérdida de población en la Terra Alta. Las segundas residencias en municipios pequeños que sólo se ocupan de forma temporal, el parque inmobiliario destinado únicamente a alquiler turístico por la rentabilidad económica que ofrecen a los propietarios y las casas que requieren una rehabilitación para entrar a vivir condicionan la repoblación. Son un ejemplo pueblos como Torroja del Priorat (Priorat), que ha sufrido una bajada del 7,2% de habitantes, Renau (Tarragonès) con un 6,17% menos población o la Galera (Montsià), que ha sufrido una caída de la demografía del 4,89%.

El segundo municipio prioratí que ha sufrido una bajada más acentuada de habitantes después de la pandemia es la Torre de Fontaubella. En enero de 2022, se contabilizaban 125 personas. Una de las familias que vivían allí y trabajaban era Pilar Mas, quien regentaba el Café, un bar que combinaba negocio y vivienda en un mismo edificio. La subida del alquiler del local hizo que declinaran seguir al frente de la concesión después de diez años. En este punto, Mas volvió al mercado laboral en un restaurante de Falset, pero encontrar dónde vivir fue más complicado. Actualmente vive en casa de sus padres, residentes en el pueblo. «En la Torre no hay casas de alquiler, es muy difícil. La única opción que teníamos era ir a casa los padres o casa los suegros, que tienen 90 años», lamenta.

Después de meses buscando un relevo, finalmente es la familia de Mònica València quien ha reabierto el negocio. A pesar de vivir en Marçà, reconoce que el hecho de contar con una vivienda encima del bar facilita su trabajo. «Tenemos casa propia, pero esta nos irá bien sobre todo en verano, cuando haya más actividad, para poder ducharnos o descansar» relata. En el censo de vivienda hecha hace un par de años, el consistorio contabilizó que sólo el 43% del parque inmobiliario del pueblo corresponde a vivienda de primera residencia. El 49% son casas de segunda residencia, mientras que el 8% restante son corrales y terrenos sin edificaciones. La oferta de alquiler es nula, mientras que sólo dos casas se encuentran a la venta y tres más se encuentran vacías y requieren una rehabilitación.

Para revertir esta cuestión, el cabeza de lista de TDF-Amunt y actual alcalde Albert Sabaté propone la compra de una vivienda de tres plantas ubicada en la calle de las Flors para destinarlo a alquiler social. Para hacerlo, pedirían una subvención sobre rehabilitación de inmuebles que otorga la Diputació de Tarragona. Paralelamente, Sabaté insta a pedir a administraciones superiores que redacten una normativa que encarezca los impuestos para aquellas viviendas que estén desocupadas la mayor parte del año. No se puede obligar a nadie a alquilar o vender, sólo se trata de ser consciente de que hay esta realidad. Si en algún momento, las familias dejan de venir puntualmente, hace falta que se planteen como mínimo alquilarlas», concluye.

Una solución conjunta

En el conjunto de la comarca, el incremento de la oferta turística preocupa a entidades como Prioritat. La vocal del organismo, Pilar Just, remarca la necesidad de regular la capacidad de la comarca de absorber el turismo. «A escala municipal, se puede regular el número de viviendas que cada población admite... pero falta voluntad. Todo eso se solucionará si tenemos un modelo turístico bien definido de comarca», subraya. El otro aspecto que según Just tiene que complementar las políticas de vivienda y la promoción del alquiler es la diversificación económica.

Por otra parte, la ubicación de cada municipio condiciona su crecimiento o el despoblamiento, tal como asegura Just. «Cada pueblo tiene su idiosincrasia y depende mucho de sus comunicaciones de movilidad. Es muy diferente un pueblo que esté al lado de Reus o Móra d'Ebre que uno que se encuentre junto a Margalef, Torroja o la Vilella Alta. En estos casos, los Ayuntamientos tendrían que poner sobre la mesa medidas específicas para revertir esta situación», asevera. Así, Just ha propuesto la creación de un marco común con el fin de trabajar en una misma línea y plantear ventajas fiscales para fomentar la rehabilitación de viviendas, como podría ser la bonificación del impuesto sobre bienes inmuebles.

Riudecanyes, el municipio que ha crecido más desde la pandemia

En la otra cara de la moneda se encuentra Riudecanyes, en el Baix Camp, que ha pasado de tener 1.146 habitantes a principios del 2020 a 1.279 vecinos en tres años. Uno de los nuevos vecinos que ha pasado a residir allí es el investigador Lluís Gómez, quien después de una temporada en el extranjero, volvió al pueblo y abrió el Coworking la Perxa. «Vino bastante rodado, conocemos a la persona que vive en el piso de encima y nos comentó que alquilaban el espacio. Pero si no hubiera sido por eso, nos habría costado muchísimo. En general el alquiler en Riudecanyes está muy jodido», apunta. Gómez, que también reside en el pueblo, ha lamentado la situación en que se encuentran casas del barrio antiguo vacías y que quedan fuera del parque inmobiliario, especialmente de alquiler.

Se trata de una tendencia que candidatos como el de ERC en Riudecanyes, Ernest Roigé, o Junts per Riudecanyes, Carlos Samarra, quieren cambiar con políticas de vivienda que tienen algunos puntos en común. Los dos cabezas de lista coinciden en destinar uno de los pisos de la Abadía, el edificio recientemente adquirido por el consistorio, a alquiler social. Los dos partidos también comparten la visión de destinar otros espacios del inmueble a usos públicos, como una biblioteca, un centro de día para personas mayores o uncoworking.

Un punto en que las dos candidaturas divergen está en el uso que tendría que tener el edificio también municipal de Cal Bessó. Desde de ERC, la voluntad es rehabilitarlo y dividirlo entre ocho y diez pisos «asequibles» para jóvenes, familias monoparentales o personas que tenga necesidad. «Intentaremos hacerlo de una manera que no sea costosa para el Ayuntamiento, buscar una promoción de vivienda donde haya unwin-win para todo el mundo. Después nos plantearemos si tiene que ser un alquiler, una venta o cómo tiene que ser», defensa Roigé. En cambio, Junts per Riudecanyes descarta la opción que sea el Ayuntamiento quien se haga cargo y lo justifica por el elevado coste de rehabilitación. Así, el partido optaría por encontrar un grupo inversor que quiera poner a punto el inmueble y explotar un negocio.

Entre otras promesas que llevan a programa, Carlos Samarra plantea hacer un censo de vivienda y crear una bolsa de vivienda joven para los vecinos del municipio menores de 35 años que puedan demostrar un mínimo de diez años empadronados en Riudecanyes. Samarra considera que el pueblo «no tendría que crecer más» y, por el contrario, habría que mantener a la juventud para evitar convertirse en un pueblo dormitorio y perder «la esencia» del municipio. Por su parte, Ernest Roigé apunta en la creación de un censo de viviendas del centro para facilitar el alquiler a nuevas familias, pero también apuesta por finalizar y recepcionar las urbanizaciones ubicadas a las afueras.