La ACC ha sancionado a 15 grandes tenedores en Tarragona por no ofrecer alquiler social

La Agencia Catalana de Consumo (ACC) ha abierto sólo trece expedientes sancionadores a grandes tenedores de viviendas en la demarcación de Tarragona desde el 2020, de los 132 que se han incoado en toda Catalunya, por no haber ofrecido un realojamiento en régimen de alquiler social antes de proceder al desahucio de personas que han acreditado estar en riesgo de exclusión social.

En concreto, la ACC ha abierto cinco expedientes sancionadores en la ciudad de Tarragona, tres en Cambrils, dos en Reus y en l'Aleixar y uno en los municipios del Vendrell, Vila-seca y Cunit por el incumplimiento del artículo 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Según este artículo, los grandes tenedores de viviendas –entidades financieras, filiales inmobiliarias de estas, fondo de inversión y entidades de gestión de activos, o personas jurídicas titulares de más de 10 viviendas y personas físicas que sean propietarias de más de 15 viviendas– tienen la obligación de ofrecer el realojamiento en régimen de alquiler social antes de interponer una demanda de desahucio a personas en riesgo de exclusión social que puedan perder su casa por diferentes supuestos (demandas por impago de alquiler, ejecución hipotecaria, extinción del contrato de alquiler, entre otros).

La mayoría de expedientes abiertos a raíz de las inspecciones realizadas por la Agencia Catalana de Consumo se concentran en municipios de la demarcación de Barcelona. Terrassa, con quince, es la ciudad que más acumula, seguida de l'Hospitalet del Llobregat, con una docena, Badalona y Santa Coloma de Gramenet con ocho y Sant Boi de Llobregat y Tarragona con cinco.

Precisamente ayer, la PAH y otras entidades sociales denunciaron que sólo se ofrece una alternativa de alquiler social en uno de cada seis desahucios en Catalunya, según datos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña. En el periodo entre 2017 y 2021, se han practicado más de 54.000 desahucios en el territorio y se han formalizado 5.318 alquileres sociales. Aunque por ley sólo es obligatorio ofrecer esta alternativa en caso de que la vivienda sea de un gran tenedor, la PAH considera que «hay un alto nivel de incumplimiento» por parte de los grandes tenedores y pide a la administración que sea más diligente a la hora de sancionar los desahucios que se ejecutan sin respetar este derecho.