ACS reclamaba un beneficio de 4,3 MEUR para mantener el Castor

La resolución de noviembre de 2015 de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, a partir de las auditorías presentadas y aplicando también las correcciones en las cuentas propuestas por la misma Sala Reguladora de la CNMC, acabó revisando a la baja el importe de los diferentes conceptos y dejando el total en los 295,59 millones. El grosor de esta cantidad se destinaba a la retribución financiera para la inversión inicial, que quedó fijada en 253,3 millones de euros.

El resto correspondía los llamados costes de operación y mantenimiento que, a pesar del fracaso de las inyecciones que causaron más de un millar de terremotos y precipitaron el cierre de de unas instalaciones que nunca entraron en funcionamiento real el mismo septiembre de 2013, Escal UGS exigía también cobrar. La principal cantidad afectada por el recorte en este punto fue el margen del 10% del contrato de operación y mantenimiento a favor de la UTE ACS-Cobra, empresas del mismo grupo constructor: 4,28 millones de euros en todo el periodo.

Margen intragrupo del 10%

Indústria determinó que no se podían reconocer en el exconcesionario «gastos inexistentes, como los márgenes intragrupo, que darían lugar a retribucionespara las actividades reguladas superiores a las establecidas por la regulación». En respuesta a los requerimientos de explicaciones al respeto, la empresa reconoció que ela factura global del mantenimiento incorporaba este margen del 10% para el grupo controlado por Florentino Pérez.

El gobierno español también ponía en duda que estos encargos entre filiales hubieran seguido el procedimiento de contratación exigibles, siguiendo los principios de concurrencia, transparencia y mínimo coste. Reclamaron a Escal UGS las acreditaciones y los procedimientos seguidos por los contratos que no hubiera asumido directamente la UTE ACS-Cobra. «La promotora entiende haber dado cumplimientosuficiente», se limita el informe a apuntar como respuesta de la empresa.

La resolución ministerial pone negro sobre blanco, nuevamente y con datos concretos, que la contratación entre empresas del mismo grupo, fuera del procedimiento establecido por la administración, y aplicando entre ellas márgenes de beneficios o comisiones desorbitadas, que superaban el máximo legal, ha sido una práctica recurrente en la historia del frustrado proyecto de almacén de gas submarino.

De hecho, el año 2012 un informe de la misma Comisión Nacional de la Energía –después CNMC- ya advertía que las adjudicaciones del proyecto no se ajustaron a la transparencia requerida, hecho que acabó generando importantes «costes adicionales para el sistema». También conocía el gobierno español esta práctica, como mínimo, desde aquel mismo año, como demostraba un informe interno del Ministerio de Industria según el cual ACS hinchó facturas del proyecto Castor con márgenes de beneficio de hasta el 17% -sobrepasando de largo el margen de aplicación legal, limitado al 5%- para subcontratar sus propias empresas en la construcción y la prestación de servicios del almacén de gas submarino.

No sólo el beneficio industrial que Escal UGS quería que se reconociera en las empresas de su grupo constructor matriz. El gobierno español acabó introduciendo rectificaciones en otras partidas. Así, recortó también 2,5 millones de euros en concepto de contratos de asesoramiento económico y fiscal que «no presentan naturaleza de costes de operación y mantenimiento». Es decir, el exconcesionario quería también incluir, dentro de este concepto, aquello que afirmaba haber destinado a asesoramiento financiero para refinanciar la inversión del proyecto Castor.

Facturas que no aparecen

Curiosamente, el Ministerio también reclama 101.000 euros de derechos de emisión, sanción del catastro, canon de puerto y canon de hidrocarburos con el argumento que la sociedad no había aportado ninguna factura o apoyo en el momento de elaborar su informe. Todo, y después también de las correcciones aplicadas para calcular los periodos reales y no poraños naturales, resultaba en los 295,59 millones de euros mencionados. Adicionalmente, el gobierno español también reconoció a la sociedad 4,5 millones de euros, a cargo del sistema gasista, porel mantenimiento de las instalaciones entre el 4 de octubre y el 30 de noviembre de 2014, cuando las abandonó definitivamente y las traspasó a Enagás.

Escal UGS preveía cobrar esta cantidad en dos fases, según la propuesta del Ministerio: un 75% a finales del año 2016 y el 25% restante a lo largo de quince años con un interés anual del 1,2%. La cifra, sin embargo, no gustó en absoluto al grupo encabezado por Pérez, que la consideró del todo insuficiente. ACS, en esta línea, maniobró en un primer momento abriendo un procedimiento de reclamación de responsabilidad contra el Estado e interponiendo un contencioso administrativo contra la resolución ministerial.

En diciembre de 2017, sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional anulando todos los pagos aprobados por el gobierno del PP en relación con la indemnización y el mantenimiento del proyecto Castor ha dejado en el aire estas retribuciones. Dando cumplimientoa la orden judicial, la CNMC ordenó en julio del pasado 2019 la reversión de los pagos efectuados en los bancos que prestaron el dinero por la indemnización, en Enagás para hibernar y mantener las instalaciones así como también en la misma Escal UGS. El organismo regulador le reclava el retorno de 195 millones de euros. ACS anunció inmediatamente acciones judiciales contra la decisión de la CNMC, poco antes que su filial y exconcesionario acabara entrando en concurso de acreedores, el pasado septiembre.