El primer tramo catalán de la AP-7 levanta barreras sin haberse concretado el nuevo modelo de gestión de autopistas y autovías

El tramo del AP-7 entre Alicante y Salou quedará liberado de peajes esta semana que viene coincidiendo con la finalización de la concesión sin que todavía quede definido por parte del gobierno español un modelo claro de gestión de las vías de altas prestaciones. La Generalitat ya hace meses que ha propuesto un modelo de euroviñeta para que, bajo la premisa que quien contamina paga, los usuarios asuman una tarifa plana para utilizar autopistas y autovías. La plataforma vecinal 'Prou AP-7 Gratuïta ja' recuerda que el levantamiento de barreras no pone fin a sus reivindicaciones porque todavía queda el tramo norte para liberar. Reclaman la construcción de un tercer carril para absorber el incremento de tráfico que implicará la gratuidad.

«Queremos que la gente vaya más segura y la AP-7 necesita un tercer carril, que ya pedimos desde el principio. Cuando la gente se sienta ahogada por una autopista cargada de tráfico que recuerden que así estaba la N-340 y está ahora la C-12. Para que otras vías vayan más descargadas otra, el AP-7, tiene que ir más cargada», argumenta el portavoz vecinal, Llorenç Navarro. Piden, en este sentido, que se habiliten también nuevos accesos, como el históricamente reclamado en la comarca del Montsià, áreas de descanso de vehículos y servicios que permitan que la autopista «desintoxique» de siniestralidad las otras vías.

En el mismo sentido, el sector del transporte –uno de los que más esperaba como agua de mayo el levantamiento de las barreras después de 40 años- cree que también abre algunos interrogantes, entre ellos el incremento de tráfico, que puede comportar un riesgo de saturación, dado que este es un tramo con dos carriles por sentido –y no tres como hay de Tarragona hacia el norte.

Antes, sin embargo, una de las cuestiones prioritarias es consensuar la financiación para las vías de altas prestaciones una vez las concesiones hayan expirado. El del AP-7 entre Salou y Alicante será el primer gran tramo que transcurre por tierras catalanas donde se levantarán barreras -Abertis ha construido un nuevo peaje troncal en Vila-seca en el punto donde empieza su concesión-, mientras que el 31 de agosto del 2021 quedará liberado el resto del AP-7 y la C-32, en el Maresme, y la C-33, a la altura de Mollet del Vallès, vías que son titularidad de la Generalitat.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, reitera en declaraciones a ACN su apuesta la euroviñeta, como un paso previo a un sistema más sofisticado que calcule la tarifa a pagar en función de la distancia recorrida y que llegaría en una «segunda fase». «Para utilizar esta euroviñeta ya con tarifas kilométricas se necesita un punto de tecnología superior, arcos de detección controlar la entrada y la salida, etc..», especifica el conseller.

Con todo sin embargo, Calvet considera imprescindible que se invista un gobierno en el Estado para encontrar «a alguien al otro lado de la mesa» y concretar el nuevo modelo. «También el Ministerio tendría que pensar en su aplicación en el Estado pero es trabajo suyo», añade el conseller, que reitera que «no es posible» mantener las autopistas y las autovías en los presupuestos. En este sentido, recuerda que el coste oscila entre los 50.000 y los 100.000 euros por kilómetro al año.

Sobre la gestión de los ingresos que pudiera generar una eventual viñeta, tampoco hay un modelo definido. De momento, Calvet propuso hace pocos meses en comisión parlamentaria la creación de un consorcio como el del ATM que agrupe las administraciones titulares de las vías y los operadores que puedan prestar servicios. La idea, detalla al conseller a ACN, es que actúe como «cámara de compensación» y que una vez tenga todos los ingresos los destine a mantener las autopistas y las autovías así como fomentar «más y mejor transporte público».

La plataforma 'Prou AP-7 Gratuïta ja', sin embargo, rechaza este modelo ya que lo ve como una grave amenaza de privatización de vías de comunicación en la línea, prevén, del qué puede pasar con la sanidad y las pensiones, según Navarro. «La viñeta sale de los asesores de las grandes empresas, que hacen estudios para tronárselo a quedar –la gestión de las autopistas: bien sean gestionadas o financiadas por ellos. Queremos que las carreteras sean públicas y que se paguen con los impuestos de todos», indica.

La Generalitat no descarta el rescate de autopistas una vez implantada la viñeta

El conseller de Territorio, Damià Calvet, no descarta que una vez implantada la viñeta se rescaten autopistas a las cuales todavía les quedan años de concesión. «El sistema de viñeta lo qué tiene que hacer es ir incorporando –de una vez, una primera vez- todas las autopistas que tienen concesiones, eso implicará que según en qué fecha llegamos algunas habrán caducado, alguna quizás habrá tenido algún periodo intermedio y la incorporaremos en este consorcio que lo tendrá que gestionar», explica el conseller.

«Lo queremos hacer de golpe y en toda la red, por lo tanto no habrá alargamiento artificial de concesiones, en ningún caso. Este no es el modelo de la Generalitat, que quiere tener un modelo coherente de aplicación de la euroviñeta que significa una Cataluña libre de peajes explícitos,» añade.

La fiscalidad de los carburantes para financiar las vías de altas prestaciones

El portavoz de la plataforma 'Prou AP-7 Gratuïta ja' Llorenç Navarro, propone que la fiscalidad de los carburantes se utilice para financiar las autopistas y los autovías junto con otros activos como la concesión de las áreas de servicio, que recientemente han salido a concurso. Cada una es entre 24 y 30 MEUR por gestionar durante cinco años y cobrando un canon anual de 200 a 300.000 euros, precisa. «Es una fuente de ingresos tanto potente –la misma autopista- que no hace falta vender la gran mentira que tenemos que pagar para mantenerlas», añade Navarro, quien reprocha a los dirigentes políticos que actúen desde la «demagogia» y trabajen para beneficiar los intereses de las grandes empresas.

El director de la Federación Empresarial de Autotransporte de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, añade que el Estado recauda cada año 13.000 MEUR mediante el impuesto en los hidrocarburos y «con eso tiene que tener lo suficiente para mantener toda la red y hacer las obras de mejora necesarias para garantizar la fluidez y la seguridad».

Aparte, han surgido otras propuestas para el mantenimiento de vías y autovías, como por ejemplo la de Fomento del Trabajo, que sugiere implementar un canon equivalente al 20-25% del importe de los peajes actuales y que los vehículos pesados que circulan por el Eje Transversal, –un 40% del total- se los haga pagar un peaje explícito, ya que de estos, el 70%, sólo están de paso y utilizan la vía de Europa hacia el Estado o viceversa.

Recurso a pocos días de la finalización de la concesión

En los últimos días, Abertis y los sindicatos UGT y CCOO han interpuesto un recurso por los cuatro contratos de conservación y explotación para las cuatro provincias por donde transcurre el tramo liberado de la AP-7 a raíz de un desacuerdo en la subrogación de los trabajadores. Eso ha obligado al Ministerio de Fomento a optar por un contrato de emergencia –adjudicado a Sacyr- hasta que no se resuelvan los recursos, más allá del 1 de enero. En cualquier caso, fuentes del Ministerio de Fomento han asegurado al ACN que el levantamiento de las barreras entre Alicante y Salou sigue adelante ya que «no depende de los contratos de conservación y explotación ni de los recursos».

La finalización de la concesión del tramo de la AP-7 entre Alicante y Salou también se ha traducido en un ERE en Aumar, que también ve cómo expira el tramo de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Los sindicatos UGT y USO pactaron 136 bajas de trabajadores, que han recibido una indemnización por despido improcedente, mientras que CCOO se mantuvo al margen. De hecho, la finalización de las concesiones de las autopistas hasta el 2021, hacen peligrar más de un millar de puestos de trabajo directos en Cataluña.