La CUP denuncia el pacto del Estado con las eléctricas para alargar la vida de las nucleares
La formación reclama a las administraciones un plan de reconversión económica para hacer frente al escenario posterior al desmantelamiento
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La CUP ha denunciado el pacto del Estado Español con las empresas eléctricas para prorrogar la vida de las centrales nucleares catalanas. En concreto, y según el protocolo firmado por las compañías y Enresa durante los últimos días, la vida útil de Ascó I podrá llegar hasta el año 2029, la de Ascó II hasta el 2033 y la de Vandellòs II hasta el 2035. La diputada de la CUP, Natàlia Sànchez, ha lamentado que esta prórroga se haya rubricado «de espaldas» a la ciudadanía y a las administraciones locales del territorio. En este sentido, ha acusado a la administración estatal, así como las élites políticas y económicas detrás del sector eléctrico de poner «por delante sus intereses» particulares. Por el contrario, la formación anticapitalista reclama un plan de reconversión de la economía de las comarcas afectadas una vez se desmantelen las centrales nucleares.
El hecho de que el acuerdo entre el Estado y las eléctricas se haya rubricado sin la participación de la ciudadanía y los ayuntamientos del territorio evidencia, una vez más, según destaca la CUP, que es «imposible» ejercer la «soberanía» en el marco español. Y en este sentido, Sànchez ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló 'impuesto sobre la producción de energía nuclear aprobado en el 2014 por el Parlament de Catalunya.
Por su parte, el geógrafo de Vandellòs y expdiputat cupaire en el Parlamento, Sergi Saladié, ha remarcado que el alargamiento de la explotación de las nucleares incrementará los riesgos para las personas que viven en su entorno. Considera que las inversiones y el mantenimiento de las instalaciones no son garantía «suficiente» para evitar accidentes, dado que las nucleares se diseñaron para un plazo de unos veinte años de vida útil. Con el acuerdo, observación, estas instalaciones podrían llegar hasta los 45 y 50 años de explotación.
En el trasfondo del pacto con las eléctricas, la CUP ve una carrera entre las mismas empresas propietarias de las centrales para evitar llegar a agotar el plazo y que el Estado asuma una parte del desmantelamiento. Una operación para la cual Enresa, en opinión de Saladié, no tiene todos los recursos necesarios, como tampoco para garantizar la correcta gestión de los residuos. «Puede haber jugadas maestras dentro de las propias empresas para ver las cuales se adelanta a anunciar cierres anticipados», ha indicado, con la intención de poder sufragar los gastos con subvenciones.
Reactivación económica
En contraposición a este juego de intereses, los anticapitalistas han reclamado que se elabore un plan de transición postnuclear para reactivar la economía de la zona, el cual tendría que incluir la programación del desmantelamiento de las centrales nucleares, así como las líneas estratégicas para transformar el territorio en un referente de energías renovables, de turismo responsable y de potenciación del sector agrario, entre otros. «Es imprescindible dar una respuesta fuera de la lógica postnuclear: es evidente que las políticas públicas que consolidan el no a la vida no llevan|traen en ningún sitio», ha cerrado Sánchez.