El Ayuntamiento niega haber cedido un espacio verde público a los propietarios del edificio Monteixo

El Ayuntamiento de Torredembarra ha negado haber cedido un espacio verde público a los propietarios del edificio Monteixo, a primera línea de mar, para crear una salida directa desde estos bloques de apartamentos hasta la playa. El consistorio, después de que se haya emitido el informe del secretario municipal, ha informado que lo que se produjo es la concesión de una licencia para acondicionar el espacio anexo al edificio para el paso de minusválidos de acceso a los bloques, cosa totalmente legal. Aun así, reconoce que el alcalde no tendría que haber participado firmado el decreto «por razones de parentesco».

Los grupos de la oposición de Torredembarra presentaron unitariamente al registro del Ayuntamiento, al principio de semana, una petición para aclarar la polémica que afecta al Ayuntamiento y los propietarios del edificio Monteixo, ubicado en el paseo Campalans, a raíz de una publicación del mensual torrense El Mònic. El artículo aseguraba que se habría cedido un espacio verde público a los particulares para hacer una salida directa desde los bloques en la playa. Además, aseguraba que esta cesión beneficiaba a familiares del alcalde, Eduard Rovira, que viven en estos edificios y, por lo tanto, el alcalde se tendría que haber abstenido en la votación.

A raíz de esta publicación y después de que se haya emitido el informe del secretario municipal, el Ayuntamiento de Torredembarra afirma que el artículo incluye «una serie de falsedades». En este sentido, expone que «no se ha cedido ningún espacio público ni se ha conferido ningún derecho edificatorio sobre lo mismo», cosas que explica que «son legalmente imposibles, visto el carácter demanial del espacio». El consistorio afirma que lo que se ha producido es la concesión de una licencia «que tiene como objeto el uso común especial del dominio público local del espacio anexo a la edificación, concretamente de 6,90 metros cuadrados, para el paso de minusválidos de acceso al edificio». También exponen que el secretario municipal determina en el informe que «no había ningún impedimento para el otorgamiento de la licencia y, por lo tanto, se tenía que otorgar».

El consistorio torrense también recuerda que, sobre la misma cuestión, ya se había dictado otro decreto el año 2012, pero al haberse detectado «una serie de carencias cuando se solicitó la licencia de obras» se tuvo que complementar la licencia ya concedida el año 2012 con el Decreto 413 de 2 de marzo de 2016.

El Ayuntamiento reconoce, sin embargo, que el alcalde se tendría que haber abstenido en la firma del decreto «por razones de parentesco», cosa que no hizo «en no tenerlo en cuenta en el momento de la firma, pensando que no estaba en riesgo la objetividad, ni le reportaba beneficio o ventaja personal, ya que además se trataba de un decreto sin margen para la discrecionalidad política, ya que la decisión estaba basada en informes técnicos de acuerdo con la normativa».

A pesar de este error, el Ayuntamiento informa de que el acto administrativo de concesión de la licencia no ha quedado invalidado «porque no se ha observado por parte del secretario municipal la existencia de nulidad de lleno derecho, sino de anulabilidad». Por este motivo se ha procedido a la convalidación del Decreto por parte del primer teniente de alcalde, persona que firma cuando el alcalde no puede ejercer su cargo.