Diari Més

Uno de los supuestos yihadistas detenidos en la operación Caronte niega que prepararan atentados

Las defensas se quejan de que la presidenta del Tribunal no incluya en el sumario la pieza separada del ‘chivatazo’ policial

Material recogido durante una de las entradas que la policía llevó a cabo en Valls, en abril del 2015.

La Audiencia Nacional iniciará el 22 de enero en Reus el juicio por la Operación CaronteCristina Aguilar

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El juicio en la Audiencia Nacional contra la célula yihadista desarticulada por los Mossos D'Esquadra en marzo del 2015 ha empezado este lunes con la declaración de Jacob -alías Yacoub- Orellana, residente en Valls, que ha negado tajantemente que formara parte de ninguna célula ni que hubiera hablado con ninguno de los otros detenidos sobre la posibilidad de hacer atentados terroristas en Cataluña. Orellana ha apuntado que era el supuesto infiltrado policial, alías Youssef, quien sacaba a colación de manera rurrente cuestiones relacionadas con el terrorismo, y se ha mostrado «indignadissim» con las acusaciones que pesan contra él. Precisamente las defensas han abierto el juicio quejándose por el hecho de que la presidenta del tribunal, Angela Murillo, no ha incluido al sumario la pieza separada –declarada secreta- sobre el supuesto ‘chivatazo’ policial por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía de que los Mossos denunciaron, hecho que según los abogados genera indefensión.

Orejón, que hasta ahora ha sido el único de los detenidos que ha declarado al juicio, ha afirmado que conoció a algunos de los otros detenidos en la mezquita de Terrassa pero ha negado que formaran ninguna célula terrorista, que miraran juntos vídeos de la yihad o que hablaran de cometer atentados en Cataluña. «Nunca hemos hablado de atentar contra nada», ha afirmado antes de declararse «inocente» y de insistir que está «en contra» del terrorismo.

Este primer testimonio también ha negado que en los encuentros que mantuvieron con el resto de detenidos de esta operación Caronte hablaran de explosivos y ha apuntado que fue precisamente un agente infiltrado, alías Yussef, quien hacía referencias constantes a estas cuestiones. También ha negado que dispusieran de materiales para hacer explosivos y ha asegurado que en ningún caso vio fotografías de supuestos objetivos en zonas turísticas de Barcelona.

Su relato contradice el de la Fiscalía, que asegura que entre los planes de la célula había el de secuestrar a una persona, vestirla de naranja y degollarla ante la cámara. La operación policial –liderada por los Mossos D'Esquadra- para desarticular la célula acabó con once detenidos (uno de ellos menor), nueve de los cuales están en prisión preventiva.

El grupo se hacía decir Fraternidad Islámica para la Predicación de la Yihad y, según la fiscalía, tenía como finalidad adoctrinar y enviar jóvenes en Siria e Irak. Quería atentar en el Estado y había hecho fotos en edificios como el Parlament, la comisaría de Mossos de la plaza de España o el Hotel Arts de Barcelona. También planeaba secuestrar a una directora de una entidad financiera para financiar la compra de explosivos y armas.

La fiscalía pide penas que van entre 7 y 19 años de prisión. El juicio se alargará hasta marzo. Los Mossos D'Esquadra desarticularon la célula en marzo de 2015, en una operación bautizada con el nombre de Caronte. Tenía estructura piramidal y los investigadores consideran que en lo alto de la organización había Lahcen Z., Rida H y Antonio S. M. Este último, conocido como 'Alí el peluquero', un ciudadano de Sabadell de nacionalidad española convertido al islam.

Para los tres, el ministerio público solicita 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista y otro de colaboración con organización terrorista. La fiscalía cree que los tres ejercían su autoridad sobre el resto del grupo.

En un primer término, el grupo quería enviar jóvenes a Siria e Irak pero, como les había fallado esta opción y tres personas enviadas por el grupo habían sido detenidas en Bulgaria, tenían previsto de manera «embrionaria» cometer atentados en el Estado.

Los planes de los terroristas en Cataluña

Según la Fiscalía, una vez la célula había reforzado su adoctrinamiento y tesis, decidieron que el objetivo era atentar en el Estado. Por eso, hicieron diferentes vigilancias e hicieron fotos del Parlament, de la comisaría de los Mossos ubicada en la plaza Espanya de Barcelona y del hotel Arts de Barcelona.

Según la fiscalía, también habían mostrado interés por una sinagoga ubicada en la calle Avenir de Barcelona y también una librería judía ubicada en la ciudad condal.

Entre sus planes, también había el de secuestrar a una persona, vestirla de naranja y degollarla delante de una cámara para demostrar que se puede hacer la yihad en Cataluña, aunque todavía no contaban con un mono naranja, apunta la fiscalía.

Otra opción que tenían ideada era, apuntan las mismas fuentes, secuestrar a una directora de un banco para financiar la compra de explosivos y armas. Uno de los jefes de la organización había llegado a comprar explosivos y hacer pequeñas pruebas y explosiones.

Además, disponían de manuales manuscritos de mezcla de sustancias químicas para hacer explosivos, y ya habían recogido sustancias químicas que tenían en sus domicilios para hacer artefactos. También contaban con un «arsenal bélico» que constaba de una granada en perfecto estado, munición, armas de fuego, y gran cantidad de gabinetes de grandes dimensiones. Incluso, disponían de un logotipo para identificar sus acciones y actividades.

Polémica por un «chivatazo» policial

Los Mossos D'Esquadra presentaron una denuncia donde acusaban dos agentes de la policía española de haber advertido la célula desarticulada que a la policía catalana les estaba siguiendo. La Audiencia Nacional archivó la denuncia –siguiendo el criterio de la Fiscalía- y, a pesar de reconocer que había existido este «chivatazo», sostenía que la investigación de los hechos «no había resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento».

En el documento de la fiscalía se apuntaba que «no se había incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas, ni se había producido ningún riesgo para la integridad física del funcionario policial (agente encubierto) que interviene a la causa, el cual ha hecho hasta el final sus funciones de investigación».

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