Aagesen: «Ninguna instalación, ni nuclear ni ninguna otra, se cierra si se incumple la garantía de suministro»

La vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, dice este domingo en 'La Vanguardia' que «cabe instalación, ni nuclear ni ninguna otra, se cierra si se incumple el principio de garantía de suministro».

Casi una semana después del apagón, Aagesen niega que la crisis eléctrica cuestione el calendario para cerrar las nucleares y, en todo caso, recuerda que la Ley del Sector Eléctrico incluye «alto y claro» un «anclaje» para garantizar el servicio. «De momento este anclaje no es necesario en el caso de las nucleares», afirma. Aagesen defiende las renovables y las interconexiones, y dice que en Cataluña hay tiempo «para saber qué se puede hacer y qué no».

Aagesen mantiene que el gobierno español todavía no sabe «quién falló» en el apagón del lunes, pero que hubo «un cúmulo de situaciones». «Todas las hipótesis están sobre la mesa», recuerda, señalando también que el ejecutivo español no quiere «alimentar teorías sin tener la información».

La vicepresidenta tercera admite que puede ser «frustrante y estresante» no contar ya con respuestas, pero que hace falta «rigor técnico». Asimismo, rechaza pedir por ahora la dimisión de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, porque «no hay motivos para pedir ninguna dimisión». «Cuando sepamos las causas podremos tomar las medidas necesarias para garantizar que no se repita. Sólo entonces se podrán pedir responsabilidades», puntualiza.

En línea con otros responsables del gobierno español y catalán, Aagesen tilda «de irresponsabilidad» culpar las renovables del apagón del lunes. «Es simplista desde el punto de vista técnico e, incluso, podría haber intereses de ir en contra de las renovables», afirma, señalando que «hace mucho tiempo» que hay quien quiere estigmatizar las energías verdes.

A pesar de eso, Aagesen admite que ahora «se está operando con prudencia» en el sistema y que hay una mayor presencia de energía proveniente de plantas convencionales para dar «certeza».

En todo caso, la vicepresidenta también niega que el apagón haya asustado a las inversiones en nucleares en España, y apunta a todo el contrario.

Interconexiones y nucleares

Preguntada en concreto sobre el proyecto de interconexión de la empresa privada Forestalia, que recibió informes negativos de la Generalitat, Aagesen dice que las interconexiones forman parte de la planificación actual hasta el 2030 y que es especialmente importante el vínculo con Francia, que se está reclamando en el ámbito de la Unión Europea.

Según Aagesen, las interconexiones «hacen el sistema más robusto». «De aquí a 2035 pueden pasar muchas cosas, muy positivas para el sistema nacional, y puede haber una transformación en Cataluña sobre cada una de las necesidades que permita tener certezas sobre las cuales es posible y qué no es posible hacer», señala.

Aagesen insiste en dar un «mensaje de tranquilidad» sobre el calendario de cierre de las nucleares en Cataluña, con Ascó I para el 2030, Ascó II para el 2032 y Vandellòs para el 2035. «El sistema energético está evolucionando a pasos de gigante tecnológicamente, en formas de integración y con avances en interconexiones (...) estaremos todo el rato pendientes de cómo va avanzando nuestro sistema», dice.

Asimismo, remarca que hay «que «planificar» la transición que habrá en las zonas que actualmente acogen las nucleares para «anticipar actuaciones y medidas y dar oportunidades». Por otra parte, avisa de que ninguno de los propietarios de las nucleares ha pedido «oficialmente» una prórroga.

Sobre los residuos radiactivos, la vicepresidenta tercera rechaza rebajar la tasa Enresa, porque no quiere que «sean los consumidores quien paguen el coste de la gestión de los residuos nucleares». «Hemos sido muy claros, es un coste intrínseco de la generación eléctrica, y sería una ayuda de estado pagar el coste de la gestión de residuos», observación. Asimismo, defiende que el aumento se ha hecho a raíz de la actualización del plan de gestión de residuos, que no se renovaba desde el 2006, y que implica un coste de 20.000 millones que obliga a reajustar la tasa.