La Generalitat documenta un millar de fosas de la Guerra Civil y el franquismo y recupera 1.023 cuerpos

La Generalitat ha documentado desde principios de siglo un millar de fosas con personas muertas durante la guerra civil y los primeros años del franquismo, pero sólo ha excavado 137, gracias sobre todo al primer plano de fosas del 2017. En estas fosas se han recuperado un millar de cuerpos, de los cuales sólo se han identificado plenamente con el ADN, 34.

De hecho, hay más de 8.000 personas inscritas en el censo de desaparecidos por parte de sus familiares. En una entrevista con la ACN, el director general de Memoria Democrática, Francesc Xavier Menéndez, admite que no se va tan rápido como se querría, pero se prioriza identificar plenamente los cuerpos y dignificar los que sigan anónimos, y recuerda que las excavaciones empezaron a hacerse muy tarde.

Coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco, Menéndez admite que las políticas de memoria democrática empezaron «tarde» y eso ha perjudicado la localización e identificación de fosas y cadáveres. También lo admite uno de los técnicos de la Dirección General de Memoria Democrática, Juli Cuéllar, entrevistado también por la ACN. Explica que hace unos 25 años se pensaba que en pocos años se podrían abrir todas las fosas e identificar plenamente los cuerpos. La realidad científica no lo ha permitido.

Una de las primeras fosas de la Guerra Civil abierta a todo el Estado de manera formal y con criterios científicos fue la de Priaranza del Bierzo (León), el año 2000, o sea cuando ya habían pasado 25 años de la muerte de Franco. En Cataluña, las primeras que se abrieron mediante protocolos científicos estandarizados fueron el año 2004, pero no fue hasta el 2017 que se aprobó el primer plano de fosas. 

Por eso, Menéndez admite que las políticas de reapertura de fosas son «relativamente recientes, porque la democracia se puso tarde». Sin embargo, asegura que en Cataluña se está haciendo un buen trabajo, metódica y continuada, sin cesar, esperando que el transcurso del tiempo no dificulte todavía más la identificación de víctimas y familiares y que las nuevas técnicas científicas permitan mayores avances.

Cuéllar hace también un balance «positivo, pero claramente insuficiente», porque «se ha dado respuesta a muchos familiares, pero se está trabajando con el tiempo en contra y eso desespera». Así, explica que cuando más alejado está el parentesco, más difícil es establecer el contacto con la familia y después el vínculo genético para identificar indudablemente unos restos óseos. El tiempo también juega en contra de la localización de fosas fuera de los cementerios, porque algunos terrenos pueden ser removidos por obras. Por eso, estas son las prioritarias.

Durante los primeros años se pensaba que la abertura de fosas y la identificación de los cadáveres sería rápida y se podría acabar el trabajo en pocos años, ya que en el 2003 se tenían unas 17 fosas identificadas. Con el tiempo, se ha visto que eso no es así. Ya se han documentado 1.005 fosas, la mitad en cementerios, y Menéndez no se atreve a poner un calendario de posible finalización. En total se han excavado 137 fosas, 25 de 1999 en el 2017 y 112 desde entonces, cuando se aprobó el primer plano de fosas.

Menéndez asegura que la Generalitat gasta más de un millón de euros anuales en excavación de fosas, y que más dinero podría acelerar un poco el trabajo, pero no mucho más, porque haría igualmente falta primero descubrir la ubicación exacta y documentarlas. El director general explica que el Gobierno recibe una subvención del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y teme que si el gobierno español pasa a manos de PP y Vox pueda haber recortes en este ámbito.

La Generalitat no clasifica las fosas según el bando de los contendientes, sino por|para el grado de probabilidad de encontrarla allí donde se sospecha, si están dentro o fuera de un cementerio, si están o no dignificadas y por la tipología de las víctimas asociadas. Hay que tener en cuenta que en una misma fosa se pueden encontrar diferentes tipologías de inhumaciones: víctimas de bombardeos, de la retaguardia republicana, soldados republicanos o soldados franquistas, entre otros.

Por lo tanto, los expertos no encuentran sentido a clasificar las fosas por bando, y la Generalitat nunca ha hecho ninguna discriminación según las fosas fueran de unos contendientes u otros. Sí que hay cuatro fosas en dos cementerios y en el exterior de dos cementerios más donde se han encontrado soldados franquistas. Además, en el cementerio de Montcada i Reixac (Vallès Occidental) hace pocas semanas también se dignificó un espacio para las víctimas ejecutadas en la retaguardia republicana.

De hecho, en algunas fosas se han encontrado soldados franquistas con chapas con un número identificativo, pero no se han podido vincular a una identidad concreta porque no constan en ningún censo ni archivo estatal.

Cuéllar explica que la tarea prioritaria es recuperar los restos óseos que se encuentren en la superficie, porque son las que se pueden estropear más. A continuación hay las fosas fuera de cementerios, de trincheras, de la retaguardia o de hospitales de campaña. En los cementerios también hay fosas y estas son las más fáciles de documentar y localizar, pero también tienen complicaciones.

Censo de desaparecidos

En el censo de personas desaparecidas hay 8.158 inscritos, el 67,5% de los cuales, 5.502, son soldados: 4.751 del ejército republicano, 222 del ejército franquista y 527 sin especificar el bando. El resto de desaparecidos, 2.656 (32,5%), son civiles o personas de quienes se desconoce su condición.

En total se han recuperado 1.023 cadáveres, de los cuales sólo se han identificado científicamente 34, siete de los cuales antes del año 2017 y 27 desde entonces. En unos 700 casos, aunque las pruebas genéticas no han permitido identificar con certeza el cuerpo, sí que se ha podido determinar por otras vías documentales el lugar y circunstancias de la muerte de aquella persona e incluso el lugar donde fue enterrada.

Cuando los familiares de un desaparecido durante la Guerra Civil lo inscriben en el censo, se les pide que proporcionen el máximo de información sobre aquella persona, y también se les envía un kit para extraer ADN, que se analiza en el laboratorio del hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Estos datos se guardan por si más adelante aparecen restos óseos que puedan ser de su pariente. Por eso, la Dirección General de Memoria hace un llamamiento en todos a los familiares de personas muertas durante la Guerra Civil que no han sido localizadas para que aporten su ADN para poder facilitar la posible identificación.

Menéndez explica que en algún caso, los familiares no eran conscientes de tener un pariente más o menos próximo enterrado en una fosa y que, al descubrirlo, tuvieron un sentimiento muy positivo.

Base de datos estatal

El director general cree que todo eso no sólo lo tiene que hacer Cataluña y alguna otra autonomía, sino que es el gobierno español quien tiene que hacer una base de datos estatal, cosa que está en tramitación, según él, así como un mapa digitalizado de las fosas a todo el estado.

En este sentido, Cuéllar recuerda que los soldados se movieron por varios territorios, y que también sus familiares lo hicieron en las décadas posteriores. Por eso, puede haber soldados catalanes enterrados en fosas en otros lugares de España y soldados de otros lugares enterrados en Cataluña sin que lo sepan los familiares respectivos, que, al mismo tiempo, pueden vivir en una tercera comunidad. De hecho, la Generalitat no tiene información fiable sobre catalanes enterrados fuera de Cataluña, porque hace falta mejorar y completar los campos de la base de datos que informan del lugar de la desaparición. En cambio, el Govern sí que tiene constancia de 1.449 personas de fuera de Cataluña que figuran como solicitantes de casos inscritos en el censo de personas desaparecidas.

Justamente, en el frente de Aragón las batallas duraron muchos meses y las unidades de los dos ejércitos avanzaron y retrocedieron con cierta frecuencia. A pesar de que el gobierno del Aragón, del PP con el apoyo de Vox, ha modificado su ley de memoria democrática, renombre «ley de concordia», para revertir algunos avances, Menéndez especifica que lo que más ha cambiado es el reconocimiento a las víctimas y la dignificación de espacios, pero no la política de reapertura de fosas, que sigue activa con el fin de reconfortar a las familias.

De hecho, Cuéllar calcula que un 10% de los casos inscritos en el censo de personas desaparecidas podrían ser enterrados en aquella área, la segunda más importante después del frente del Ebro, y con cifras similares al frente del Segre. No hay un convenio específico con el gobierno aragonés, pero sí que hay cierta colaboración, y quizás en el futuro hay más, dicen tanto Cuéllar como Menéndez.

La Generalitat sí que tiene convenios con Navarra y Baleares para identificar víctimas catalanas en aquellos territorios o víctimas de estos territorios en Cataluña. El técnico de la Dirección General de Memoria Democrática, además, asegura que la Generalitat durante mucho tiempo ha hecho una tarea de «suplencia» de otras administraciones, como la del Estado, ya que muchos familiares de desaparecidos durante la guerra civil del resto de España se han dirigido al Gobierno para averiguar si su pariente estaba enterrado en Cataluña.

Incluso hay un programa específico para los miembros de las Brigadas Internacionales desplazados al Estado. Desde el 2022 se han podido documentar 872 nombres de brigadistas que podrían estar enterrados en Cataluña.