Acuerdo de financiación entre Govern y Estado sin concretar y retraso en Rodalies: balance de un año de investidura

El 8 de agosto hará un año que Salvador Illa fue investido presidente de la Generalitat gracias a los votos de ERC y Comuns a cambio de acuerdos firmados. Unos documentos que establecen compromisos y calendarios. Doce meses después se ha producido un acuerdo entre Gobierno y Estado sobre la financiación singular sin concreciones; se han presentado con medio año de retraso los estatutos de la nueva operadora de Renfe en el marco del traspaso; el presidente Isla ha presentado una propuesta para ampliar el aeropuerto del Prat que no tiene el apoyo de ERC y Comuns; y se han impulsado la mayoría de leyes promesas.

Al fin y al cabo, en un primer año de legislatura sin presupuestos y con acuerdos por fascículos con los socios para poder incorporar 4.000 millones de euros a las cuentas prorrogadas. 

Financiación sin calendario y con el ordinalidad en el aire

La financiación singular fue el principal eslabón del acuerdo entre PSC y ERC que permitió, ahora hace un año, la investidura de Illa. El documento establece que la Comisión Bilateral entre Generalitat y Estado tenía que «formalizar» en el primer semestre del 2025 el pacto que habían llegado los dos partidos para modificar el sistema de financiación vigente desde el 2009. Así pues, la Comisión Bilateral del 14 de julio se celebró con un breve retraso de 15 días.

El acuerdo de investidura entre PSC y ERC también dice que en el 2025 habrá que impulsar los acuerdos de la Bilateral «a través de las modificaciones legislativas necesarias» y hace referencia a la LOFCA, la Ley de financiación de las comunidades autónomas y la Ley de cesión de tributos a Cataluña. De momento, sin embargo, no se ha fijado ninguna hoja de ruta ni calendario sobre los cambios legislativos que se tienen que producir para aplicar la financiación singular.

Por otra parte, el pacto de investidura establece que el primer tributo en que se adelantará para aplicar el nuevo modelo de financiación será el IRPF y concreta que «se tomarán los acuerdos correspondientes para asegurar su ejecución a lo largo del año 2026». Desde el Gobierno, sin embargo, han admitido que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) no está preparada para gestionar este impuesto el año que viene. El acuerdo entre Generalitat y Estado de la Comisión Bilateral no fija ningún calendario para el IRPF y sólo dice que el ATC irá asumiendo la gestión de impuestos de manera progresiva y compartida con el Estado.

Por su parte, el Gobierno ha creado recientemente el Comisionado y el Consejo Asesor para desplegar la hacienda catalana con el objetivo de prepararla para poder ir asumiendo la gestión de impuestos. Hay que ampliar la plantilla pero también una nueva plataforma tecnológica y formación del personal.

La otra piedra angular de la financiación singular, que tiene como objetivo que la Generalitat gestione todos los impuestos soportados en Cataluña, es el llamado principio de ordinalitat. Es decir, que después de aportar a la caja común de la solidaridad Cataluña no pierda posiciones en renta per cápita.

El acuerdo de investidura con ERC dice que «la solidaridad tiene que estar limitada por el principio de ordinalitat». A la hora de trasladar esta cuestión al pacto entre gobiernos ha habido discrepancias en las interpretaciones. Y es que aparece sólo en la parte del preámbulo del documento de la Bilateral y no a la parte propia de los acuerdos con el redactado siguiente: «Cataluña considera que la aportación a la solidaridad tiene que ser calculada, de manera transparente, con criterios objetivos y es condición necesaria que su aplicación no puede desvirtuar el ordinalitat en el resultado final».

El gobierno de Isla cree que, de esta manera, el principio de ordinalitat queda «garantizado y protegido» aunque sólo aparezca al preámbulo, mientras que el ejecutivo de Pedro Sánchez dice que, de momento, es un planteamiento de la Generalitat y sitúa esta cuestión en el marco del debate con el conjunto de las comunidades autónomas.

A pesar de la falta de concreciones, el Gobierno ha celebrado que el acuerdo de la Bilateral sobre la financiación «singular y generalizable» supone un «cambio de paradigma» y remarca que, por primera vez en muchos años, hay un acuerdo entre gobiernos.

Por su parte, ERC avisa de que el ordinalitat es «innegociable» y lamenta la falta de concreciones de la Bilateral. En este sentido, los republicanos avisan de que no negociarán las nuevas cuentas de la Generalitat ni de la Moncloa si no se cumplen antes los pactos de investidura.

Todavía no se ha entrado a negociar sobre las grandes cifras de la financiación singular. Es decir, de un lado, el importe que la Generalitat tendría que pagar al Estado por los servicios prestados y, por otra parte, la aportación de Cataluña a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas.

El Gobierno dice que está a la espera de que el Estado diga cuántos recursos pondrá de más al nuevo sistema de financiación y en septiembre está previsto que se haga público el informe de los expertos que tiene que definir cómo se calcula la solidaridad.

Les bases de la nueva operadora de Renfe

El Gobierno incumplió el plazo fijado para el 31 de diciembre del 2024 para presentar el borrador de los estatutos de la nueva empresa operadora de Renfe, que establece el acuerdo de investidura con ERC. Hasta el 19 de junio Generalitat y Estado no presentaron las bases para constituir la empresa mixta, que empezará a funcionar a partir de enero del 2026.

La nueva sociedad será propiedad de Renfe en un 50,1% y de la Generalitat en un 49,9% para garantizar el derecho de movilidad de los trabajadores. La Generalitat tendrá la última palabra sobre la gestión de la empresa, porque nombrará cinco de los nueve miembros del consejo de administración, incluido el presidente, que tendrá el voto de calidad.

Así y todo, las decisiones estratégicas se tendrán que tomar por mayoría calificada y, por lo tanto, requerirán el visto bueno de las dos partes. Hay el compromiso que el Consejo de Ministros apruebe los estatutos de la nueva empresa antes de que acabe en julio, por lo tanto, se apunta que se podría formalizar el martes que viene.

Según el pacto de investidura entre PSC y ERC, el objetivo era constituir la nueva operadora entre 2024 y 2025, y hacer el traspaso de las primeras infraestructuras durante el 2025. También establece que antes de acabar el 2024, aparte de presentar el borrador de los estatutos, se tenía que transferir el déficit de explotación de Renfe del 2023 y completar el estudio de las infraestructuras a transferir.

El 17 de diciembre del 2024, el Consejo de Ministros aprobó la transferencia a la Generalitat de los primeros 283 millones por el déficit de explotación de Renfe tal como acordó también a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros Estado-Generalitat del julio anterior, todavía con el gobierno de Pere Aragonès. Y con respecto al estudio de las infraestructuras a transferir, en el marco de la Comisión Bilateral de Infraestructuras de en febrero, Generalitat y el Estado se fijó un plazo máximo de tres meses para hacer el inventario del tramo del R1 que se traspasará.

El aeropuerto del Prat, sin acuerdo con los socios

Socialistas y republicanos acordaron, en el marco de la investidura, las líneas generales para la «mejora» del aeropuerto del Prat pero sin establecer calendarios ni concretar ninguna propuesta. El acuerdo se limita a definir un «nuevo modelo de gestión catalán aeroportuario» para que el Prat «gane capacidad con nuevas conexiones intercontinentales». Al mismo tiempo, añade que el sistema aeroportuario catalán tiene que contribuir a la reducción de emisiones y que el impulso del aeropuerto del Prat «tiene que respetar la biodiversidad» y «poner en valor los espacios protegidos Red Naturaleza 2000».

Precisamente, la laguna de la Ricarda es un espacio que forma parte de la Red Naturaleza 2000 y ERC ha rechazado hasta ahora que una ampliación del aeropuerto afecte a esta zona. Finalmente, el acuerdo de investidura establece que el Gobierno sea un «actor determinante en la toma de decisiones estratégicas» del Prat.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció en septiembre la reactivación de la comisión técnica para la ampliación del aeropuerto y fijó para «principios» del 2025 el plazo para que la comisión entregue unas «recomendaciones». Finalmente, el 10 de junio, Illa hace pública su propuesta, sin pactarla previamente con los socios de investidura, para alargar la tercera pista 500 metros reduciendo en 87 metros la afectación de la Ricarda. A cambio, Illa establece, como medida compensatoria, renaturalizar más de 270 hectáreas, 10 veces más que la superficie afectada medioambientalmente por el alargamiento de la pista.

Dos meses después de hacerse pública la propuesta del Gobierno, no hay acuerdo ni con ERC ni con Comunes para ampliar el Prat. De hecho, los socios de investidura rechazan las intenciones de Illa.

El espacio para abordar el conflicto político queda aparcado

Según establece el pacto de investidura entre PSC y ERC, los dos partidos se comprometen a impulsar, en el primer pleno posterior a la constitución del nuevo Gobierno, una Convención Nacional para la resolución del conflicto político. Tiene como objetivo «construir una propuesta que contribuya a abordar la resolución del conflicto político de fondo» y se concreta que estará integrada por un grupo impulsor formado por representantes de los grupos parlamentarios y presidida por un representante de ERC.

Asimismo, se establece que la Convención Nacional tendrá que presentar sus conclusiones al Parlamento. Con el fin de facilitar los trabajos, también se fija en que el Gobierno creará una oficina para asegurar los recursos humanos, técnicos y materiales para desarrollar sus tareas.

El primer pleno del Parlamento después de la constitución del gobierno presidido por Salvador Illa se celebró el 8 de octubre, con el debate de política general. Y desde entonces no se ha registrado ninguna iniciativa parlamentaria para impulsar la Convención Nacional por la resolución del conflicto político.

Tampoco ERC, firmando del acuerdo de investidura que contiene este compromiso, ha reclamado que se ponga en marcha esta convención.

Pacto Nacional por la Lengua, con medio año de retraso

Se ha incumplido el calendario fijado para el Pacto Nacional por la Lengua, que se tendría que haber aprobado en los 100 primeros días del nuevo gobierno, es decir, antes de mediados de noviembre pasado. Finalmente, el acuerdo llega en mayo, con medio año de retraso. Un acuerdo entre PSC, ERC, Comunes, entidades de apoyo a la lengua, de la sociedad civil y sindicatos. En cambio, Junts y la CUP se desmarcan. El pacto define la hoja de ruta hasta el 2030 con el objetivo de incorporar a 600.000 nuevos hablantes en 5 años y prevé un presupuesto mínimo anual de 200 millones para la política lingüística.

Cumplimiento en las leyes

El acuerdo de investidura entre PSC y ERC establecía una lista de leyes que el Gobierno se comprometía a impulsar durante el primer año de legislatura. El ejecutivo ha cumplido el plazo con la mayoría de iniciativas: la Ley de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, la ley de memoria democrática, revertir la fiscalidad del Hard Rock, el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de los topes de los alquileres, la ley para hacer frente al sinhogarismo, la ley del Tercer Sector Social y la ley del Estatuto de Municipios Rurales. Esta última aprobada definitivamente por el Parlamento el 16 de julio. Les dos principales iniciativas legislativas de la lista que quedan para impulsar son la ley para establecer la primera etapa de la educación infantil gratuita y la ley de los derechos culturales.

50.000 viviendas protegidas y regulación del alquiler de temporada

El otro socio de investidura, los Comunes, quieren que esta sea la legislatura del derecho en la vivienda. Y en el último año han centrado buena parte de las negociaciones con el PSC en este ámbito. El pacto de investidura entre PSC y Comunes establece el compromiso de impulsar antes de finales del 2024 una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en el Congreso para regular los contratos de los alquileres de temporada. Un compromiso que se cumplió dentro de plazo. Inicialmente, Juntos evitó la tramitación de la iniciativa, pero finalmente salió adelante en una segunda votación el 17 de diciembre con el aval del partido de Carles Puigdemont.

El pacto de investidura también recoge que el Gobierno apruebe por decreto el régimen sancionador para incumplir la regulación de los precios de los alquileres. PSC y Comunes llegaron a un acuerdo en enero con el objetivo de evitar el fraude de los alquileres de temporada aunque el Gobierno ha admitido que todavía no hay bastantes inspectores para hacerlo cumplir íntegramente.

Tanto al acuerdo con ERC como con los Comunes, el PSC se compromete a construir 50.000 pisos nuevos de vivienda protegida hasta el 2030. Un compromiso que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, solemnizó en su discurso al debate de política general de octubre en el Parlamento y cifró su coste en 4.400 millones de euros para los cuatro años de legislatura.

Presupuestos, la asignatura pendiente

En cambio, el gobierno de Illa no ha sido capaz, en su primer año, de aprobar los presupuestos para el 2025. La vía para incorporar los 4.000 millones de euros extra que disponía a la Generalitat ha sido pactar hasta tres suplementos de crédito con ERC y Comuns por separado. Juntos se ha abstenido en los tres casos. El grueso de la inyección económica se ha centrado en sueldos de funcionarios, el plan anti aranceles, el campesinado, la vivienda y la educación, entre otros. Y, como contrapartida, los socios de investidura han cerrado acuerdos para doblar la tasa turística (Comunes) o ayuda para los campesinos afectados por las granizadas (ERC).

La estrategia que se ha seguido ha consistido en trocear la negociación en tres bloques y el Govern, a petición de ERC, ha negociado por separado con los dos socios de investidura. No ha habido una mesa a tres bandas.

De momento, está vigente una prórroga presupuestaria de las cuentas del 2023. El Parlamento rechazó la tramitación de los presupuestos para el 2024 que presentó el gobierno de Pere Aragonès. Un hecho que desencadenó la convocatoria de elecciones anticipadas.

Y en los próximos meses habrá que ver si ERC, que se negó a participar en la negociación del 2025, este año entra en el juego. De momento, los republicanos han condicionado los presupuestos del año que viene al hecho de que haya concreciones significativas en la financiación singular. Por su parte, el gobierno de Illa quiere que los suplementos de crédito acordados y el proyecto fallido de Aragonés del 2024 sean la base para negociar los próximos presupuestos a partir de septiembre.