El Supremo archiva la causa contra Puigdemont por la supuesta trama rusa del «proceso»

El Tribunal Supremo ha archivado las actuaciones contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el diputado de JxCat en el Parlamento Francesc de Dalmases por la supuesta trama rusa del ‘proceso’. El tribunal recuerda que el caso le llegó por el aforo de los dos políticos y a raíz de una exposición razonada del magistrado del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona Joaquin Aguirre, que investigaba el caso.

Como la Audiencia de Barcelona archivó el caso para el resto de investigados, el Supremo dice que tiene que hacer lo mismo. La sala de lo penal también dice que «en la exposición razonada no se describe ningún hecho que pueda ser considerado delictivo».

Aguirre envió en junio pasado la exposición razonada al Supremo, que la dejó en suspenso a la espera de la resolución de la Audiencia sobre los recursos en contra de aquel auto que incluía la exposición razonada. En un auto de ocho páginas, el Supremo, en la misma línea que la fiscalía, dice que tiene que archivar el caso porque la Audiencia anuló el auto de Aguirre el diciembre pasado.

En la anulación, la Audiencia sostenía que el magistrado Aguirre utilizó «un subterfugio procesal» para obviar las instrucciones del mismo tribunal que anulaba la prórroga para seguir investigando el 'caso Volhov' donde también se indagaba sobre los contactos entre supuestos enviados del Kremlin con Puigdemont y su entorno.

El mayo pasado, la Audiencia ya obligó a Aguirre a cerrar la investigación porque no se había prorrogado correctamente el plazo de instrucción en agosto del 2023, pero el juez intentó aprovechar una brecha para abrir en el mes de junio un procedimiento derivado de la pieza ‘Catmon-Igman’ por un delito de malversación y alta traición en que investigaba 13 personas, entre ellas los expresidentes de Generalitat Artur Mas y Puigdemont. Según el auto también figuran como investigados exaltos cargos del Gobierno, como Elsa Artadi; el exresponsable de relaciones internacionales de CDC, Víctor Terradellas; el diputado de Junts Francesc Dalmases; el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; el empresario ruso establecido en Barcelona Alexander Dmitrenko, a quien España le negó la nacionalidad por sus supuestos contactos con los servicios de inteligencia rusos; Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont; dos empresarios y dos periodistas, Carles Porta y Natàlia Boronat.

Casi todos los investigados recurrieron contra el auto de reapertura del juez Aguirre, mientras que se opusieron a los recursos la fiscalía y las acusaciones populares de Barcelona con la Selección, Cataluña Suma miedo España, Juristas Constitucionalistas por las Libertades, Impulso Ciudadano y SCC.

Pero los magistrados de la Audiencia, por unanimidad, recordaron que su auto del mayo pasado era «claro, preciso y no admitía dudas sobre su interpretación y forma de cumplimiento: dar por finalizada la instrucción de la pieza separada con efectos desde el 1 de agosto del 2023». Así, el tribunal decía que no se podía ir a otra diligencia que no estuviera ordenada antes de aquella fecha. Una vez recibidas, el instructor tenía que decidir si archivaba la causa o lo enviaba a juicio.

Pero Aguirre decidió aprovechar una pieza no cerrada, la Catmon-Igman, centrada en irregularidades de la Diputación de Barcelona, para reaprovechar algunas diligencias y encargar nuevas para indagar en la supuesta trama rusa, investigar más personas y nuevos delitos. El tribunal le recuerda que cada pieza separada tenía un objeto concreto.

Por eso, el tribunal barcelonés decía en diciembre que «le sorprende que ahora, utilizando un subterfugio procesal», el magistrado utilice el móvil de Terradellas, decomisado en la pieza Catmon-Igman, para reabrir la causa cerrada el mayo pasado. De hecho, dicen que la «maniobra procesal» de Aguirre es «irregular» e incumple la orden que le dio el tribunal a un magistrado inferior jerárquicamente. Y decía que Aguirre no podía utilizar «ninguna excusa» para incumplir la resolución o «plantear imaginativas soluciones alternativas procesales no contempladas propiamente en las leyes y que se burlan la decisión previa del tribunal, cosa que supone un fraude de ley». De hecho, consideraban que el auto de Aguirre reabriendo el caso suponía un «claro y flagrante incumplimiento» de lo que acordó la Audiencia y vulnera varios derechos, «la seguridad jurídica y normas esenciales del procedimiento».

Los magistrados también reprochaban a Aguirre que incluyera en su auto de junio «consideraciones generales sobre la guerra híbrida», «informes de trabajos doctrinales y periodísticos, divagaciones sobre cuestiones políticas y filosóficas, así como la exposición de datos biográficos de algunos investigados, todo salpicado con opiniones puramente personales del instructor y su propia visión sobre la evolución histórica del ‘proceso’».

Además, la Audiencia decía que tampoco las nuevas diligencias acordadas por el magistrado aportaban nuevas pruebas relevantes sobre la pieza Catmon-Igman que permitan abrir una nueva pieza separada. De hecho, lo acusaban de «limitarse a reproducir los hechos que ya habían sido objeto de investigación». Así, aseguraban que no hay indicios sólidos del delito de traición, y continuar la investigación supondría «verterla a una investigación penal prospectiva prohibida al ordenamiento jurídico». «Para que la tutela judicial sea efectiva, la resolución firme tiene que ser ejecutada en sus propios términos», afirmaba el auto de la Audiencia.

Por todo eso, el tribunal declaraba totalmente nulo el auto de junio de Aguirre, le ordenaba que «cumpla estrictamente el ordenado», que dejara de hacer más diligencias sobre la supuesta injerencia rusa y que anulara todo lo que ha hecho desde agosto del 2023. Además, la Audiencia enviaba la resolución directamente al Supremo para que la tuviera en cuenta a la hora de analizar la exposición razonada que Aguirre envió para los aforados Puigdemont y Dalmases.

Además, avisaba en Aguirre de que «una persistente actuación renuente al cumplimiento de lo que se ha acordado por esta superioridad podría dar lugar a la exigencia de la consiguiente responsabilidad».