Política
El acuerdo ERC-JxCat contempla la renta básica universal que quiere la CUP pero no toca el papel de los Mossos en desahucios
El documento incorpora puntos compartidos por los tres partidos pero también propuestas criticadas por los anticapitalistas
ERC y Junts llegan a un principio de acuerdo para desencallar la investidura y formar un gobierno de coalición
Otro punto de discordia entre JxCat y la CUP está en el territorio. El acuerdo del partido de Carles Puigdemont con ERC contempla «concretar» la candidatura para que los Pirineos acojan unos Jocs Olímpics d'Hivern y un «gran acuerdo nacional que dibuje el mapa de espacios adecuados para la implantación de los proyectos de energía eólica y fotovoltaica», que la CUP ve con recelos. También se hace una referencia a potenciar el turismo. Ninguna mención a la creación de una energética pública como se ha acordado con los anticapitalsites.
En el ámbito sanitario, la CUP ha acordado con ERC estabilizar las plantillas, aumentar el presupuesto de la atención primaria hasta el 25% del presupuesto y velar por la titularidad pública de servicios como el teléfono 061. El documento con JxCat, además, recoge una inversión de 5.000 millones de euros adicionales en políticas de salud, un refuerzo de la atención primaria con unos 300 millones de euros en tres años y un incremento retributivo de los trabajadores del sector. También pide mejorar el sistema de financiación de la Generalitat para poder sufragarlo.
En educación, el acuerdo con la CUP se basa en la «recuperación» en manos públicas de los centros privados y concertados, un punto que no aparece al documento de ERC y JxCat, que sí pide avanzar hacia la gratuidad de la etapa preescolar –hasta los 3 años–, reducir los precios de las matrículas universitarias, que el presupuesto educativo suponga el 6% del PIB y que se blinde el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.
Donde sí que hay sintonía está en el ámbito de la vivienda. ERC pactó con la CUP recuperar el decreto sobre alquileres anulado parcialmente por el Tribunal Constitucional, aprobar una ley de alquileres, destinar 1.000 millones anuales en políticas de vivienda y fijarse como objetivo la disponibilidad de 5.000 pisos públicos cada año. Al preacuerdo con JxCat se recogen estos hitos de 1.000 millones anuales de presupuesto y 5.000 viviendas por año y se pide «evitar» por ley los desahucios de personas vulnerables.