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Budó revela que ha sido víctima de un acosador en las redes y ya lo ha denunciado

La consellera de Presidència celebra que la nueva ley contra la violencia machista permita perseguir estas actitudes

La consellera Meritxell Budó, en una comparecencia en el Palau de la Generalitat.

Budó cree que el Estado tendrá que decretar un confinamiento domiciliario «a corto plazo»ACN

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La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha revelado este miércoles que recientemente ha denunciado a los Mossos d'Esquadra a un acosador a través de las redes sociales. Durante su intervención en un webinar para explicar las novedades de la nueva ley contra la violencia machista, Budó ha explicado que recientemente y de forma reiterada ha sido víctima de violencia machista en las redes sociales por parte de un acosador que le enviaba mensajes amenazadores y de contenido sexual. En este sentido, ha celebrado que gracias a la nueva ley, que tipifica esta nueva forma de violencia machista, ha podido denunciar los ataques a los Mossos d'Esquadra, que se proceda a la detención del agresor y se lo pueda juzgar.
«Ahora, la ley nos da las herramientas para denunciar y combatir estas actitudes que no se pueden permitir en una sociedad moderna e igualitaria», ha subrayado Budó, motivo por el cual ha animado a todas las mujeres que sufren violencia machista a denunciar las agresiones.

La consellera también ha querido agradecer en todas las diputadas del Parlamentque «supieron trabajar buscando el consenso y la mayoría» para sacar adelante la modificación de la ley, con especial atención en el trabajo de impulso de la diputada Susana Segovia, ya que este consenso confiere «fuerza y transversalidad» a la Ley de cara a la sociedad.

La presidenta del ICD, Laura Martínez, ha explicado las novedades de la ley y también ha intervenido para denunciar que ella misma como abogada especializada en violencia machista partió violencia machista de segundo orden «que es la que sufrimos las personas que estamos al lado de las víctimas de violencias machistas y que ahora queda recogida por ley». Martínez ha subrayado el elevado interés que ha levantado la sesión informativa, donde «hay más de 900 personas inscritas» y ha avanzado que desde el ICD se hará una batería de actuaciones para divulgar y formar en los nuevos contenidos.

La nueva norma, en vigor desde el 13 de enero, actualiza la vigente hasta ahora incorporando la violencia digital y la violencia vicària –la que se ejerce contra los hijos con la finalidad de provocar dolor a la madre– y también extendiendo la protección a las mujeres trans. «Las referencias a las mujeres incluidas en esta ley se entiende que incluyen las niñas y las adolescentes, y, por lo tanto, también las mujeres, niñas y adolescentes transgénero», recoge la ley.

Aparte desde poner al día conceptos y supuestos, la normativa reclama que se incorpore la educación afectivo-sexual desde la etapa infantil hasta, como mínimo, a la secundaria obligatoria, haciendo «un abordaje explícito, transversal, riguroso y sistemático de la perspectiva de género». También establece que los presupuestos de la Generalitat tendrán que consignar una partida específica para financiar la atención, recuperación y reparación a las víctimas de violencia de género que permita atender todos los casos.

Asimismo, obliga a los Mossos d'Esquadra a requerir al presencia de un letrado al Colegio de Abogados cuando una mujer acuda a comisaría para presentar una denuncia por violencia machista con el fin de asistirla desde el momento inicial. La evaluación de riesgo hecho por los Mossos en estos casos se tendrá que adaptar al tipo de violencia concreta que haya sufrido la víctima y se tendrá que basar en información subjetiva de la mujer, la relación de poder del agresor, la dependencia emocional y económica que tenga, la duración de las agresiones, el tipo de violencia, el apoyo familiar y la existencia de procesos judiciales vinculados.

Se tendrá que crear por parte del Govern un instrumento que evalúe los riesgos para las mujeres maltratadas y sus hijos para uso de los médicos forenses y las unidades de valoración forense integral. En estos equipos tendrá que haber profesionales del ámbito de la familia que valoren cuestiones como el régimen de visitas y custodia.

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