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El Gobierno aprobará el martes un decreto para impedir que se penalicen las rentas más bajas que se han beneficiado de un ERTE

El ejecutivo catalán prevé que la medida puede favorecer a unos 250.000 trabajadores que cobran entre 14.000 y 22.000 euros

Plano general del Consejo Ejecutivo del Gobierno en Palau

El Gobierno aprobará el martes un decreto para impedir que se penalicen las rentas más bajas que se han beneficiado de un ERTEACN

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El Gobierno aprobará el martes un decreto ley para impedir que se penalice a los trabajadores con las rentas más bajas y con mayor precariedad laboral (que han estado o están en un ERTE, en paro o han encadenado varios contratos). Se trata de trabajadores que por esta realidad (tener más de un pagador este 2020) se ven obligados a hacer la declaración de la renta y se pueden ver perjudicados. Según ha adelantado TV3, el decreto prevé rebajarles el IRPF a través de una deducción autonómica equivalente a la diferencia entre la cuota íntegra autonómica y la cuota íntegra estatal, siempre que la diferencia sea positiva. El ejecutivo prevé que la medida puede favorecer a unos 250.000 trabajadores que cobran entre 14.000 y 22.000 euros brutos anuales.

El Departamento de Economía acaba de cerrar los flequillos de un decreto ley que tiene como objetivo ayudar a los trabajadores con mayor precariedad laboral y más perjudicados por la situación provocada por la pandemia de covid-19. Desde el Gobierno, sin embargo, también se exige al Estado para que coja «medidas económicas concretas» y un «plan de choque urgente» que ayude a los ciudadanos de Cataluña, especialmente a los de aquellos sectores más afectados económica y socialmente. De hecho, hace unos días el vicepresidente del Gobierno en funciones de presidente, Pere Aragonès, se dirigió por carta al presidente español, Pedro Sánchez, para exigirle la moratoria de los impuestos para todos los negocios más afectados por las restricciones.

El decreto ley del Gobierno de rebaja del IRPF es aplicable a contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 euros y que, por el hecho de tener más de un pagador, resultan obligados a presentar la declaración del IRPF (según el artículo 96 de la Ley del IRPF). Quedan excluidos de la normativa del Gobierno aquellos contribuyentes que sólo perciben pensiones y otras prestaciones pasivas como rendimientos del trabajo porque la ley ya los exime de presentar la declaración, aunque tenga más de un pagador. Esta medida se hará efectiva cuando los trabajadores beneficiarios hagan la declaración del IRPF correspondiente al 2020, que será al abril-junio del 2021.

Aragonés: «Tenemos pocas herramientas pero las ponemos todas al servicio de los que más sufren»

«Tenemos pocas herramientas pero las ponemos todas al servicio de los que más sufren las consecuencias de la crisis, como los trabajadores con más precariedad laboral,» ha apuntado el mismo vicepresidente a Aragonès en un tuit en Twitter. «Tenemos que encontrar todas las fórmulas posibles para ayudar a los trabajadores más afectados por la crisis de la covid-19», ha justificado Aragonès, hablando de esta deducción fiscal a todas aquellas personas que se ven obligadas a hacer la declaración del IRPF por el simple hecho de tener dos pagadores. «Esta es una situación perjudicial a la que se habrían visto vertidas muchas personas que están en ERTE o han pasado por el paro», ha recordado el vicepresidente en funciones de presidente.

De hecho, desde el Gobierno se calcula que la medida podrá beneficiar a unos 250.000 trabajadores catalanes. «Pero también exigimos al gobierno del Estado que aborde esta realidad, así como el resto de derivadas económicas de la covid-19, y presente un plan de choque urgente, aparte de una moratoria de impuestos por los sectores más afectados ante la excepcionalidad de la situación», ha concluido Aragonès.

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