Podem pide hasta 20 años de prisión para Pujol y 54 para su hijo mayor

La acusación popular sitúa en la cúspide de la pirámide de la supuesta trama familiar al expresidente y su mujer, además del hijo mayor y Gironès. La estrategia de la familia, según Podem, era ocultar el dinero cobrado irregularmente e ingresarlos en metálico en Andorra y más tarde en estructuras opacas gestionadas en paraísos fiscales por testaferros.

Entre las obras sospechosas de haber aportado comisiones irregulares a los Pujol, Podemos destaca los vertederos de Vacamorta y Tivissa, así como 22 operaciones económicas más. En el caso de Jordi Pujol Ferrusola se investigan operaciones en Estados Unidos, México y la Argentina, además de Europa y el estado español, el cobro de premios de lotería y la financiación de CDC.

El partido pide que se decomise a los procesados todas las cantidades supuestamente cobradas y desviadas irregularmente.

Como pruebas durante el juicio, la acusación popular pide que declaren más de un centenar de testigos , entre ellos la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Vicki Álvarez, los exconsellers Ramon Espadaler y Salvador Milà, algunos empresarios no procesados, el exsecretario de Govern de Pujol Lluís Prenafeta, así como varios cargos de la UDEF de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria. También pide que formen parte del juicio dos informes periciales de la Banca Privada de Andorra (BPA) y de la auditora KPMG, así como las decenas de informes de la UDEF y la Agencia Tributaria, comisiones rogatorias internacionales, las transcripciones de las intervenciones telefónicas, los documentos decomisados en los cacheos domiciliarios, así como partes de la investigación del 'caso Palau'.

A mediados de julio el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata cerró la instrucción de la pieza principal del 'caso Pujol' y propuso juzgar a toda la familia por organización criminal. El magistrado procede contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley, su mujer, Marta Ferrusola, y sus siete hijos, y considera que formaban una organización criminal que «ha aprovechado su posición privilegiada en la vida política, social y económica catalana durante decenios para acumular un patrimonio desmesurado, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Hay 18 procesados más, entre los cuales la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, y los empresarios Luis Delso, Carles Sumarroca Coixet y Carles Sumarroca Claverol. Entre las 11 empresas procesadas como responsables civiles hay Coloza, EMTE o Isolux.

De la Mata considera que los hechos investigados serían constitutivos de delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y falsedad documental. Parte de las actividades coinciden con el periodo en que Pujol estuvo al frente de la Generalitat.

En un auto de más de 500 páginas, el titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ponía punto final a una investigación que arrancó el 2012. El juez concluía que no había indicios sólidos que acreditaran que la fortuna de los Pujol venga de la herencia familiar del abuelo Florensi Pujol. «A lo largo de la investigación no se ha aportado ningún elemento que permita contrastar la veracidad de esta versión», dice de la Mata. «Niegan tener conocimiento del sitio donde estuvo el legado, la entidad bancaria donde estuvo administrado, el momento y forma en que llegó en Andorra,» apunta al juez.

Según el magistrado, el origen de los fondos está en «pagos ilícitos» que hacían terceras personas que mayoritariamente estaban vinculadas en empresas que hacían pagos millonarios a la familia disimulados en estructuras societarias. Los contratos simulados tenían como contraprestación el ejercicio de la influencia de Pujol en adjudicaciones y cambios de calificación urbanística, entre otros.