El presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha anunciado este miércoles que el grupo llevará|traerá la ley de regulación de las rentas de los alquileres al Tribunal Constitucional (TC). Durante el debate final en el Parlamento de la proposición de ley, el popular se ha comprometido al defender a los propietarios catalanes al creer que no se puede garantizar el derecho en la vivienda convirtiendo a los propietarios en los «enemigos». A su vez, la diputada de Cs Noemí de la Calle ha recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ya concluyó que el Parlamentno tiene competencias para legislar buena parte de lo que contempla la proposición de ley. Tanto Cs como el PSC han alertado que la iniciativa no tiene «recorrido», busca la confrontación con el Estado y «réditos electorales».
De la Calle ha asegurado que a los promotores de la ley no les interesa solucionar las problemáticas sobre el acceso a la vivienda sino que quieren generar confrontación. Ha argumentado que JxCat y ERC no hacen el trabajo que podrían hacer con las actuales competencias y ha pedido más políticas de vivienda. «¿No encuentran otras fórmulas con soluciones dentro de las competencias? Pues hay muchas», ha asegurado la diputada de la formación liberal. Ciutadans ha presentado enmiendas a la proposición de ley para que se eliminen todos aquellos puntos que el CGE ha dictaminado que son inconstitucionales y para que la Generalitat impulse mayores políticas enmarcadas en la ley de vivienda de Cataluña.
Desde el PSC-Units, Rosa Maria Ibarra ha lamentado que la proposición haya llegado al pleno en lectura única, ha dicho que no se ha buscado bastante consenso y que se ha ofrecido un espectáculo «patético» entre JxCat y ERC. «Saben que la ley no tendrá recorrido. La mayoría de artículos son anticonstitucionales y antiestatutarios», ha señalado. Finalmente ha constatado que se busca «atizar» a la confrontación para buscar un «rendimiento electoral».
Fernández (PPC) ha dicho que los impulsores de la proposición «desean» que el PPC la lleve al TC. «Algunos nos lo han dicho en privado», ha afirmado. Ha apuntado que no se puede ayudar en familias desfavorecidas «haciendo la vida imposible» a los propietarios. «Sin propiedad privada no hay democracia», ha alertado.
