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La Fiscalía pide en el Supremo que investigue a Laura Borràs por los presuntos contratos irregulares a la ILC

La miembro de JxCat defiende desde el principio de la polémica que lo que se le atribuye es «rotundamente falso»

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, interviniendo en la sesión de investidura.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, interviniendo en la sesión de investidura.ACN

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La fiscal Teresa Duerto ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que investigue la exdiputada y candidata de Junts por Catalunya a las elecciones en el Congreso Laura Borràs por los presuntos contratos irregulares cuando presidía la Institución de las Letras Catalanas (ILC), según publica este viernes 'El Periódico'.

La información explica que la jueza que ha investigado las presuntas irregularidades en la ILC ultima la remisión al alto tribunal de los resultados de las perquisiciones con respecto a Borràs, tal como la fiscalía solicitó hace un mes. Vista la condición de aforada, que no ha perdido a pesar de la disolución del Congreso porque pertenece a la Diputación Permanente, según 'El Periódico', la exconsellera de Cultura tendría que ser juzgada en el TS.

En diciembre del año pasado, el entonces todavía consellera comparecía en el Parlamento para negar tajantemente ningún tipo de irregularidad en la adjudicación de contratos cuando era presidenta de la ILC, entre el 2013 y en el 2018.

Borràs consideró «rotundamente falsas» las informaciones que le atribuían irregularidades y defendió el «rigor» y ajuste a ley de todas sus actuaciones. También lamentó ser víctima de un «linchamiento público».

Defendió que se habían ajustado a ley incluso las adjudicaciones que no requerían concurso público (entonces, las inferiores a 18.000 euros), incluyendo tres contratos otorgados a un excolaborador suyo en la universidad, Isaías H. F., entre los años 2016 o 2017. Tres contratos inferiores a los 18.000 euros, que sumados supusieron un gasto de 45.500, que aparecen en el Portal de la Transparencia de la Generalitat, y que son el objeto de la investigación judicial.

La exconsellera también defendió en el Parlamento la «profesionalidad» de este colaborador.

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