Baena ha asegurado que no hubo detenciones durante los 'escraches' a agentes para evitar un «mal mayor»

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha avisado en varias ocasiones a las defensas de que los atestados hechos por el jefe de la policía judicial, el teniente coronel Daniel Baena, no tienen «ningún tipo de relevancia» para el tribunal a la hora de dictar sentencia. Según Marchena, aquellos informes contenían «valoraciones indiciarias» para los primeros momentos de la investigación pero ha dejado claro que el juicio «empieza a partir de los escritos de acusación». Por eso, ha dicho que es «estéril» para las defensas intentar «neutralizar» o mostrar contradicciones en los indicios recopilados por el jefe de la policía judicial. A pesar de los comentarios de Marchena, la letrada del equipo de defensa de Sànchez, Ana Bernaola, ha insistido por esta línea porque sostiene que los indicios de Baena se han usado en las tesis de acusación de fiscalía.

Durante el interrogatorio de las defensas han intentado desacreditar los informes que hizo Baena como jefe de la policía judicial, pidiendo detalles concretos sobre los acusados o buscando las contradicciones del teniente coronel.

Pero el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha interrumpido en varias ocasiones para dejar claro cuál es el posicionamiento y el valor que los magistrados darán a estos informes. Se trata de atestados elaborados por la Guardia Civil desde el 2015 como policía judicial para varios tribunales (juzgado 13, TSCAT, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo) y que, según sostiene Baena, inicialmente sólo eran para detectar si había desviación de fondo públicos para crear estructuras de Estado más allá de las competencias del Estatuto.

Según Marchena, el esfuerzo que hacen las defensas por intentar contrastar las indagaciones de Baena son «estériles». «Nos interesan los hechos, no las valoraciones de unos indicios que se hicieron en la fase inicial de este procedimiento y que no tienen ningún tipo de relevancia», ha manifestado.

En cambio, las defensas insisten en contraponer los atestados de Baena porque consideran, como ha dicho Bernaola, que los indicios que ha recopilado la Guardia Civil se han trasladado a las tesis de la fiscalía y el resto de acusaciones.

«Este juicio empieza con los escritos de acusación, no someta a valoraciones los atestados», ha insistido Marchena. Estos escritos de acusación se presentaron el 2 de noviembre de 2017. En este sentido, el presidente ha pedido que no se «resuciten» los atestados porque su «funcionalidad» se produjo al inicio de la investigación pero está «agotada». «Lo que se hizo tuvo su funcionalidad, que fue mucha porque hemos llegado hasta aquí, pero ya no la tiene», ha manifestado Marchena.

«Lo que conste en las diligencias»

En el interrogatorio que han hecho las defensas, todas ellas han entrado en detalles de información que hay en los atestados que Baena ha coordinado. En muchos momentos del interrogatorio, Baena ha remitido «a lo que conste en las diligencias» para responder algunas de estas preguntas, sin entrar así en su contenido.

Sin detenciones para evitar un «mal mayor»

En respuestas al abogado de Joaquim Forn, Xavier Melero, Baena ha admitido que, a pesar de situar un «periodo insurreccional» en Cataluña a partir del 20-S, no hubo «ninguno detención» hasta las que se produjeron a partir del 1-O. El teniente coronel ha justificado, a instancias de la defensa de Sànchez, que no hubo detenciones durante los 'escraches' a agentes de los cuerpos policiales españoles porque eso podía provocar un malo mayor». De hecho, ha asegurado que el hecho de que Cataluña en aquellos días fuera un «polvorín» hizo que no se hicieran arrestos que en un contexto normal sí se habrían producido.

En todo caso, ha defendido que sí que se hicieron identificaciones de personas que «organizaron» o «participaron» en algunas de las concentraciones que hubo. «La detención es el último recurso», ha dicho, «y podían provocar un mal mayor que se quería evitar».

Olvido sobre los Mossos

Cuando Melero le ha preguntado si en la agenda atribuía a Jové había alguna referencia a los Mossos, Baena no ha hecho referencia a una anotación según la cual el expresidente Carles Puigdemont afirmó en una reunión que los Mossos obedecerían las órdenes judiciales. Ha sido por la instancias de Melero que ha dicho recordar esta frase, que en una primera respuesta había obviado.

Baena ha admitido que no ha encontrado en las referencia a noticias publicadas a medios incluidas en los atestados nada que se pueda atribuir a Forn dando apoyo a los «escraches» a agentes de los cuerpos estatales.

A preguntas de la letrada de Cuixart, Marina Roig, le ha dicho si recuerda que algunos de los 'escraches' en cuarteles se hizo el día 2 de octubre para protestar por la acción de la policía el día del referéndum. «No lo sé, pero el 1-O la Guardia Civil lo que hizo es cumplir con un mandato judicial», ha manifestado.

El abogado de Jordi Turull, Jordi Pina, ha preguntado al teniente coronel por qué no incluyó a los atestados las denuncias presentadas por familias de guardias civiles a que se ha referido durante el interrogatorio de la fiscalía. Baena ha dicho que están en «juzgados ordinarios» y que se refería a denuncias presentadas por padres del Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca y al «seguimiento y detección de guardias civiles de paisano en un cuartel de Gerona».

La defensa de Forn también ha recordado al teniente coronel que la Agencia Tributaria de Cataluña, una de las estructuras de estado que ha dicho investigar desde los inicios de la causa, se encuentra en funciones. «La investigación sigue abierta», ha replicado Baena.

«Ninguna vinculación» de la ANC con dinero público

A preguntas de la abogada de Jordi Sànchez Ana Bernaola, Baena ha admitido que no se llegó a «ninguna conclusión» sobre la vinculación de la ANC con dinero públicos, y ha justificado que en los atestados se haga mención a hechos de la asamblea y de Sànchez que se remontan en el 2013 «porque son hechos relacionados con otros delitos» al margen de la malversación. Bernaola ha insistido en preguntar sobre la «relevancia» de tuits y noticias vinculadas a la entidad o a Sànchez de los años 2013 y 2014. «La relevancia que tiene a las investigaciones o atestados, de manera que se ha llegado hasta aquí», ha respondido Baena.

Baena ha situado las movilizaciones sociales como un «elemento más» para «llegar al punto de la desconexión». Además, ha sostenido que sacar «gente en la calle» tenía como objetivo «crear presión por elevado un nivel de conflictividad con el Estado». Las defensas han preguntado por alguna de esta concentración, como la que se hizo delante del TSJC el 21 de septiembre, el día después del 20-S, y el teniente coronel ha insistido en remitirse «a lo que conste en las diligencias».

El teniente coronel también ha reconocido que el nombre de Sànchez no aparece en Enfocats, y que, de hecho, este documento «no es la prueba en sí». «Llegamos a grupos conectados por las líneas de investigación, no cogemos enfocados y a partir de aquí investigamos», ha insistido. La defensa de Sànchez ha remarcado que en el documento aparecen una veintena de entidades, pero Baena ha argumentado que no aparecen en la tesis de la estrategia concertada porque las otras «no estaban en los pasos previos».

En respuestas a Pina, Baena ha admitido que no han encontrado ningún rastro de ningún expediente de contratación de la Generalitat relacionado con las urnas o las papeletas utilizadas el 1-O. También ha reconocido que en el análisis del correo Turull no se encontró ninguno de interés para la investigación.