Puigserver dice que el Gobierno no se opuso a la orden judicial de parar el 1-O y habla de «discrepancias de interpretación»

El secretario general técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver, ha asegurado al Tribunal Supremo que ningún miembro del Gobierno de la Generalitat se opuso durante la Junta de Seguridad de Cataluña celebrada el 28 de septiembre al cumplimiento del auto del TSJC, pero que había «discrepancias de interpretación». Por una parte, ha dicho, la Generalitat ponía por delante «la preservación de la normal convivencia ciudadana», mientras que el Estado creía que se tenían que hacer «actuaciones dirigidas a impedir» el referéndum del 1-O. Y ha añadido que tampoco dijeron que los Mossos impedirían el referéndum. Puigserver fue el responsable del Departament de Interior durante el 155 y ha asegurado que la actuación de los mandos de los Mossos y de los cargos políticos no destituidos durante aquel periodo fue «profesional y leal».

Durante su declaración como testigo, ha relatado su asistencia a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre del 2017, en la que había «alguna discrepancia» sobre la posibilidad de llegar a algún acuerdo para una coordinación «eficaz» entre los cuerpos policiales. «Teníamos dudas que los objetivos perseguidos fueran los mismos», ha dicho, ya que por parte de la Generalitat «parecía que el objetivo no era impedir la celebración de la votación, sino coordinarnos durante la celebración del 1-O como si se tratara de un dispositivo conjunto en una jornada electoral o la celebración de una consulta regularmente convocada».

Puigserver cree que había que ir a la Junta porque era «una de las últimas oportunidades para conseguir que se desconvocara la consulta».

El secretario general técnico del Ministerio del Interior ha asegurado que, durante la Junta, Puigdemont trasladó que «era necesaria una respuesta coordinada» porque «se preveía que mucha gente saliera a la calle a votar». Y que añadió que, tal como decía el auto del TSJC, «era necesario preservar la normal convivencia ciudadana como bien superior a proteger».

En cambio, ha relato, el coordinador Diego Pérez de los Cobos respondió que no se tenía que confundir este criterio con lo que determinaba el auto en la parte dispositiva, que era «evitar la celebración de la votación», «sin perjuicio de hacerlo con la normal convivencia ciudadana». Puigdemont, ha seguido explicando, replicó que «un mandato judicial no se podía poner por delante de derechos de los ciudadanos».

Puigserver también ha explicado que el mayor Josep Lluís Trapero afirmó que «por supuesto» que se cumpliría con el mandato judicial, y que la manera era «preservando la normal convivencia ciudadana haciendo un uso proporcional de la fuerza» cuando se produjeran «daños a ciudadanos por parte de terceros o agresiones» a agentes policiales. En cambio, según su relato, Pérez de los Cobos insistió en que la «normal convivencia» no podía ser «una excusa para no usar la fuerza e incumplir el mandato» del TSJC, y que insistió en Trapero si estaba «dispuesto» a hacer un uso «proporcional» de la fuerza para impedir la celebración del referéndum.

Como ha declarado Millo este martes en la sesión de mañana, Puigserver ha explicado que Trapero dejó claro que no se haría uso de la fuerza «si había presencia de gente grandes, niños o personas vulnerables».

Durante la Junta de Seguridad, Puigserver ha dicho no recordar que se hablara de posibles enfrentamientos con los ciudadanos, pero sí que había la «posibilidad» de que se produjeran «actos de desobediencia y resistencia» a los cuerpos de seguridad que podían derivar en la necesidad «de hacer un uso proporcional de la fuerza».

También ha recordado que en la misma reunión pidieron la desconvocatoria del referéndum y que se cerraran los locales previstos para la votación, y que no tuvieron una respuesta afirmativa ni dijeron que no lo fueran a hacer. «Puigdemont dijo que sabían lo que tenían que hacer», ha remachado.

El responsable del Ministerio del Interior ha dicho que durante la Junta no se habló de los planes operativos de los cuerpos de seguridad y que los mossos no dijeron que impedirían el referéndum.

Sobre el papel de Forn durante la Junta, ha explicado que va intervenciones «escasas» y que recordó que las fuerzas de seguridad del Estado «tenían que actuar a requerimiento previo de los Mossos». Ha cifrado en unos 8.000 a los mossos que participaron en el dispositivo del 1-O y en 12.000 en el de las elecciones del 21-D.

Actos del 8 de noviembre

A preguntas del letrado de Joaquim Forn, Xavier Melero, ha relatado que fue responsable del departamento con la aplicación del 155. Bajo su responsabilidad ha reconocido que el día 8 de noviembre de 2017 se produjeron cortes de vías «espontáneas» en la estación de Sants y que no se intervino por parte de los Mossos. «¿Censuró esta inacción o se remite a criterios operativos?», le ha preguntado Melero. Puigserver ha dicho que era «complicado» actuar porque se había concentrado mucha gente en las vías.

«Actuación leal y profesional» de los Mossos con los 155

A preguntas de Xavier Melero, ha reconocido que durante el tiempo que estuvo en Barcelona la actuación de los mandos de los Mossos y también de cargos políticos que no estaban cesados era «profesional y leal». Ahora bien, ha dicho que la valoración es «independiente» de las actuaciones anteriores del cuerpo y sólo relativa a su paso por Barcelona en aplicación del 155.

Autoriza compra de armamento

Sobre la polémica expuesta en varios momentos del juicio sobre el supuesto intento de compra de armamento de guerra por parte de los Mossos, Puigserver ha dicho que el expediente era del 2016 que estaba parado. Ha explicado que él mismo pidió «reformularlo» para ajustar cantidades y tipo de armamentos. Una vez revisado, le dio el visto bueno y lo envió a los Ministerio del Interior y de Defensa. «Me parecía que el contenido de la propuesta era razonable y le doy apoyo», ha dejado claro. Ha clarificado que para la compra de este tipo de armamento hacía falta también autorización del ministerio de Defensa y de la Guardia Civil, y que eso se obtiene finalmente en abril del 2018.

A preguntas el letrado de Forn, Xavier Melero, ha dicho también que no es posible que los Mossos hubieran intentado comprar este armamento sin «las preceptivas autorizaciones».