La Fiscalía acusa a Trapero de tener «capacidad investigadora e intimidatoria» y ponerse al servicio de los independentistas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa los Mossos D'Esquadra y, por lo tanto, su exjefe, Josep Lluís Trapero, y la antigua cúpula de Interior, Cèsar Puig y Pere Soler, de poner el cuerpo «al servicio de los planes independentistas». En el escrito de acusación, de 94 páginas, los culpa «de inacción» y de haber diseñado «de manera deliberada» un plan para evitar intervenir y detener el referéndum y para «aparentar» que estaban actuando. A pesar de no argumentar el porqué del cambio de sedición a rebelión, el escrito recoge que entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre se produjeron «hechos violentos» y habla también de un «clima de tensión y de enfrentamientos susceptibles de generalizarse». Sobre la intendente Teresa Laplana (la única acusada por sedición), la Fiscalía considera que cooperó «de manera decisiva, consciente e intencionada» con las finalidades de los independentistas.

El escrito está firmado por el teniente fiscal, Miguel Àngel Carballo, y por el fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira. Solicita 11 años por un delito de rebelión para Trapero, Soler y Puig y 4 años por sedición a la intendente Teresa Laplana.

La Fiscalía considera que Trapero, Puig y Soler «se sumaron al plan secesionista» y pusieron «a su servicio» el cuerpo de los Mossos D'Esquadra. En el escrito de acusación, apunta que los Mossos d'Esquadra tuvieron «capacidad investigadora e intimidatoria en servicio de la organización y de los fines independentistas». Y que su capacidad fue «imprescindible» para acabar celebrando el referéndum. Asimismo, considera algunas actuaciones como «impropias del cuerpo», en el caso de los seguimientos a Guardia Civil y policía española.

En el mismo escrito, apunta que entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre se produjeron en Cataluña «hechos violentos sobre las personas y las cosas, generando un clima de tensión y enfrentamientos susceptibles de generalizarse».

Responsabilidades de cada uno

La Fiscalía acusa a Trapero de «haber diseñado de manera deliberada» todo un plan (plan Ágora) a fin de que los Mossos no tuvieran que cumplir la orden de detener el referéndum. Además, lo acusan de haber utilizado su autoridad como jefe de los Mossos para informar sobre las actuaciones y las investigaciones a los líderes independentistas.

Además, consideran que el exjefe de los Mossos actuó con «inactividad consciente» y que evitó «poner fin al grave problema de orden público» y, de rebote, impidió que los registros del 20 de septiembre en la Conselleria de Economia se hicieran con normalidad. Apunta, pues, que no previó que se producirían «incidente de índole violenta».

En el escrito, se acusa Cèsar Puig de facilitar información y alertar de la actuación de otros cuerpos policiales del Estado desplegados en Cataluña para el 1-O. De Pere Soler determina que dio «cobertura y protección» a las personas implicadas en la organización del referéndum.

Sobre la intendente Teresa Laplana, la Fiscalía considera que cooperó «de manera decisiva, consciente e intencionada» con las finalidades de los independentistas, «impidiendo el desarrollo de la diligencia judicial», es decir, de los registros del 20 de septiembre en la Conselleria d'Economia.

En el escrito, el ministerio público apunta que Laplana fue informando a sus superiores y que era «plenamente consciente» de que hacía falta que los Mossos intervinieran y que se tenían que pedir refuerzos. También consideran que no prestó la ayuda que solicitaba la Guardia Civil cuando veía que sus vehículos sufrían daños y que la actitud de los manifestantes «era cada vez más violenta». Considera que las 35.000 personas concentradas mostraban actitud «inequívoca de hostigamiento». Y que aceptó, sin cuestionarlas, las órdenes de Trapero.

De la misma manera que ya recogía el auto de procesamiento de la Audiencia Nacional, el ministerio público cree que todos ellos facilitaron información a los organizadores de los referéndum y también los alertaban de los movimientos de los otros cuerpos policiales desplegados en Cataluña para el 1-O. «La relación entre los altos cargo de los Mossos y los responsable del independentismo se manifestó de manera inequívoca», recoge el escrito.

Plan «ineficaz» para «aparentar»

En el escrito se acusa Trapero, Puig y Soler de construir una estrategia para «aparentar» que estaban dando cumplimiento a las órdenes de detener el referéndum. «Elaboraron un plan fraudulento, deliberadamente ineficaz», recoge el escrito. Les reprocha que, con su actuación, hicieron que el resto de los agentes del cuerpo no actuaran y promovieron la «la inacción y la dejadez de funciones».

En el escrito se apunta que la resistencia en los colegios electorales se preveía que fuera pacífica pero «con vocación de oposición y resistencia contundente».

También les acusan de haber creado un sistema de comunicaciones paralelo al margen de los canales oficiales para compartir información y, en algunos casos, también movimientos de los agentes de la policía española y la Guardia Civil.