Torra da un ultimátum a Sánchez si no pacta un referéndum antes del noviembre

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha querido aprovechar el Debate de Política General para marcar un ultimátum al presidente español, Pedro Sánchez, y a su diálogo. Así, a su discurso ha avisado al socialista de que su «margen se ha acabado» y le ha reprochado que es él «quien pone en riesgo la normalidad política» al «mantener presos políticos y exiliados, e impedir el derecho a la autodeterminación de los catalanes». «¡Basta! Hace falta que el presidente de España tome compromisos valientes. Hacen falta decisiones y propuestas concretas», ha sentenciado. Y es que Torra ha dejado claro que «la paciencia no es infinita» para los independentistas, y por eso ha puesto fecha a un posible punto de inflexión si el gobierno español no pacta un referéndum. «Si no hay esta propuesta para ejercer la autodeterminación de manera pactada, vinculante y reconocido internacionalmente antes de noviembre, el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad al Congreso a Pedro Sánchez», ha remachado. En este sentido, el presidente ha enmarcado su reflexión en un nuevo «ofrecimiento a Pedro Sánchez para que haga una propuesta sobre cómo facilitar el derecho a la autodeterminación». Así, ha explicado que este mismo martes pedirá por carta reunirse para hablar, pero ha avisado igualmente de que no quiere «volver a oír hablar de diálogo si no se ejerce, y tampoco si se concreta con claridad».

Además, Torra también ha subrayado que, en aplicación del «mandato republicano», su ejecutivo quiere recuperar las leyes suspensas por el Tribunal Constitucional durante la anterior legislatura, tal como ya explicó durante la presentación del plan de Gobierno. Así, ha instado Sánchez a retirar los recursos contra las leyes suspensas. En caso de que el presidente español no lo haga, Torra ha asegurado que el Parlament las volverá a aprobar «otra vez» antes de que acabe el 2018.

«Un gobierno socialista en España puede retirar la suspensión de leyes pensadas para mejorar la calidad de vida de los catalanes», ha insistido Torra, durante la intervención al debate de política general.

La sentencia judicial

En otro ámbito, Torra también ha manifestado que el día de la sentencia de la causa del 1-O, contra los «presos políticos y exiliados», será un «punto de inflexión» y de «no regreso de la legislatura», en caso de haber condena. El presidente ha aseverado que el Gobierno, la ciudadanía y las entidades sociales tienen que volver a defender los derechos políticos y civiles para lograr el cumplimiento de la democracia y las libertades, recuperando la «gran victoria» del 1-O del año pasado. «Nos hace falta ser fuertes, determinantes, apoderados, dignas de momento que vivimos, y sin miedo», ha constatado.

Torra ha apelado a esta unión de las instituciones y la sociedad para convertir el día de la sentencia en «un nuevo día de victoria», y ha afirmado que el independentismo no se puede parar hasta aplicar el resultado del 1-O. «No somos aquí para administrar una autonomía ni para recrearnos en palabras vacías, sino para hacer efectiva la República», ha continuado.

Todavía sobre el juicio, Torra ha subrayado que si el Estado condena los «presos políticos» estará condenando personas por haber obedecido el «mandato» ciudadano. «¿Piensan que el pueblo lo aceptará? ¿Piensan que el pueblo no reaccionará? ¿Piensan que no lo haré yo o mi Gobierno?», se ha preguntado en voz alta.

El Gobierno se personará como acusación popular en las causas abiertas

La Generalitat se personará como acusación popular en las causas judiciales abiertas en la «persecución» contra el independentismo y la libertad de expresión. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Quim Torra, durante su intervención inicial en el debate de política general al Parlament, este martes por la tarde. El presidente dio instrucciones sobre esta decisión durante el Consejo Ejecutivo de ayer en Sant Julià de Ramis (Girona), en el primer aniversario del 1-O. En este sentido, Torra ha afirmado que no se puede permitir que se persigan ciudadanos y representantes políticos para «defender la democracia», el derecho a voto o para pensar como «la mayoría de la sociedad».