Un juez atribuye a Aragonès un delito de desobediencia por no impedir el 1-O

El titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona –que investiga el 1-O- atribuye al vicepresidente del Gobierno Pere Aragonès un delito de desobediencia por no haber impedido la celebración del referéndum del 1-O a pesar de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional (TC). Así aparece en la exposición razonada que el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer envió al alto tribunal catalán a finales de julio y la cual ha tenido acceso al ACN después de que este lunes haya sido repartida en las partes. En este documento, el juez pide al TSJC que investigue Aragonés y también el exsecretario general de Economía Josep Maria Jové, en su caso por desobediencia, malversación de fondos públicos y revelación de secretos, ya que los dos son aforados para ser diputados en el Parlament.

Según el juez, Aragonés, que en aquella época era secretario de Economía, recibió una notificación del TC sobre la suspensión del decreto de normas complementarias para la celebración del referéndum el 13 de septiembre del 2017, advirtiéndolo de su «deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En la notificación, el Constitucional también advertía de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal», en las que podía incurrir Aragonés en caso no atender este requerimiento. Jové también recibió la notificación, en su caso el 15 de septiembre, según el juez.

El juez concluye que, a pesar de la notificación por parte del TC, ni Aragonès y Jové «desplegaron ninguna actividad para impedir la celebración del referéndum ni para revertir los actos que ya habían hecho con anterioridad a la citada notificación». Por eso, considera que hay «sólidos indicios» que Aragonès habría participado «como autor» o como «cooperador necesario» de un delito de desobediencia, sin descartar algún otro delito que se pueda derivar de la instrucción de la causa.

Fuentes de ERC consideran que el contenido de la exposición razonada enviada por el juez del 13 al TSJC no tiene ningún fundamento jurídico y que «van a por la cúpula de ERC, primero Junqueras, después Rovira y ahora Aragonés».

Con respecto a Jové, el juez pide que se lo investigue por malversación de fondos públicos, desobediencia y revelación de secretos. En el escrito, Ramírez Sunyer recuerda el documento 'Enfocats' y las agendas Moleskine encontradas en el registro de la casa de Jové. «Existen indicios suficientes sobre la participación de Jové en la idea, desarrollo y ejecución de la hoja de ruta hacia la independencia,» asegura el magistrado, que también cita conversaciones telefónicas y argumenta el presunto delito de malversación de fondos públicos a partir de gastos como la campaña del registro de catalanes en el exterior, del reparto a Unipost o gastos del Diplocat, y el presunto delito de revelación de secretos para la confección de los censo que se habrían utilizado para la celebración del 1-O.

En cambio, el magistrado no atribuye el delito de desobediencia ni de revelación de secretos al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó, a quien|quién el juez no pide al TSJC que lo investigue en el escrito al qué ha tenido acceso el ACN.

Una vez formulada la petición el titular del juzgado 13, el TSJC tiene que decidir si se hace cargo de la investigación que afecta a los tres aforados. El juez entiende que la competencia es del alto tribunal por su condición de aforados.

Según informó el TSJC al principio de agosto, la Sala de lo Civil y Penal recibió la exposición razonada del juez de instrucción, la incoó y devolvió la ponencia sobre la admisión a la magistrada Maria Eugènia Alegret.

Intento de enviar a Salvadó i Jové al Supremo

El pasado 8 de mayo, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona remitió un escrito a Llarena para que sometiera a su criterio la posibilidad de incluirlos a la causa por el delito de rebelión. La Fiscalía también había hecho la petición anteriormente, y el juez Llarena también lo rechazó. En este segundo caso, el juez Llarena argumentó que no veía indicios de su participación en el delito de rebelión y, por lo tanto, decidió que su caso se siguiera instruyendo en Cataluña.

En aquella resolución, Llarena ya avisaba de que eso se hacía «sin perjuicios» que sus actuaciones puedan comportar responsabilidades penales y que sea el TSJC que se haga cargo ya que son diputados.

Durante los registros del 20 de septiembre, la policía decomisó al exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, una libreta 'Moleskine' con anotaciones sobre los planes para llegar a la independencia. Este documento se ha usado por la Guardia Civil como a base de varios informes.